Daniel Blancas Madrigal | Nacional
Junio 16, 2009 | Hora de publicación: 02:21

A las 10:50 horas José Luis Soberanes ingresó al Centro Nacional de los Derechos Humanos. Faltaban 10 minutos para iniciar la presentación del informe especial sobre secuestro a inmigrantes.
Estaba inquieto, hacía señas y preguntaba por varios de sus colaboradores.
Dos minutos después, empleados del Centro y reporteros arremolinados en el auditorio recibieron la orden de desalojar el inmueble. “¡Aprisa!”, gritaban los guardias. Había confusión, desorden, silencio.
Afuera, frente a la avenida Río Magdalena, al fin corrió la noticia: la CNDH había recibido una llamada anónima, una amenaza: “Hay una bomba donde se presentará el informe de inmigrantes”, dijeron.
Al lugar se movilizó personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e integrantes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI).
Se supo después, mientras transcurría la conferencia en la sede central de la Comisión —en Periférico—, que no se había localizado ningún artefacto.
“Ya hemos recibido amenazas otras veces”, aludió el titular del organismo. Y expresó: “No creo en la casualidad, esto tiene un significado, nos están mandando un mensajito”.
—¿Quiénes? —se le preguntó.
—Los interesados en que continúe esta situación en contra de los indocumentados, las bandas que manejan el negocio quieren que el asunto se quede tapado.