De temblores y política

2017-09-24 04:59:39

Los fenómenos naturales tienen consecuencias sociales, económicas y políticas. Las primeras, en un país como el nuestro, hacen aflorar de inmediato las carencias de amplios sectores de la población. A la par, manifiesta la solidaridad humana en que los mexicanos hemos demostrado reiteradamente consistencia.

La reacción de la población en los sismos de Oaxaca y Chiapas fue inmediata y en la Ciudad de México inició una acelerada recolección de víveres. Durante el primer sismo en esta ciudad, el 7 de septiembre, no hubo mayores daños. El segundo, el 19 de septiembre, nos hizo recordar los sismos de 32 años atrás.

Nuevamente la población se movilizó de inmediato. Aunque, hay que decirlo, ahora el gobierno de la República no se paralizó como hace tres décadas. De inmediato se activó el plan DN3, el Ejército, la Marina y los equipos de Protección Civil iniciaron su labor.

En las redes sociales hay quienes opinan que las autoridades fueron rebasadas. Los temblores no son previsibles, así como su intensidad y capacidad destructora. Existen medidas preventivas, que no hay en otros países. Me sorprendió enterarme que en California no tienen un sistema de alarma sísmica.

Naturalmente, las consecuencias del fenómeno nos llevan a pensar en nuevas medidas preventivas. No es suficiente tener reglamentos de construcción adecuados. En la Ciudad de México hubo inmuebles construidos sin respetar los reglamentos respectivos. Debe fincarse responsabilidad civil y, en su caso, penal. No debe haber impunidad.

Miles de habitantes de la ciudad, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, se volcaban en acciones de solidaridad, en algunos casos heroicas; a la par, muchas empresas, sobre todo supermercados sólo se dedicaron a hacer negocio. A vender al mismo precio los productos que miles y miles compraban para donarlos. Otras empresas (el caso más emblemático es el de Carlos Slim, que por cada peso donado otorgará cinco) realizarán donativos. Pero debemos exigir a los empresarios que sus donaciones no las hagan deducibles de impuestos. De hacerlo, también estarán utilizando el dinero aportado solidariamente por millones de mexicanos a través de sus empresas.

El costo social del dolor causado por la pérdida de la vida de seres queridos es inconmensurable. La reconstrucción de la infraestructura, las viviendas y de la economía en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Guerrero y la Ciudad de México será inmenso y todavía desconocido.

En el caso de México los sismos han tenido repercusiones políticas. El de 1985 llevó a la revisión de la política pública de prevención de desastres. Además, ante la incapacidad de respuesta institucional, nació un sólido movimiento urbano popular que logró imponer algunas condiciones al gobierno de la época. Por otra parte, dio impulso, en la Ciudad de México, al sentimiento antigubernamental del momento, que fue preámbulo de la insurgencia electoral de 1988, la cual marca el inicio de la última etapa de la transición a la democracia electoral.

En el caso de los sismos de este año no es sencillo construir escenarios sobre las repercusiones políticas que tendrán. Pero sí existen premisas que es indispensable atender. Es evidente la irritación social existente hacia todo lo que se identifica con la política, ya sean instituciones, partidos políticos o políticos a secas. También se da una gran irritación por la corrupción y la impunidad de los servidores públicos. Lo anterior desemboca en un sentimiento antipolítico de amplios sectores de la población.

Ese sentimiento de manera particular se ha expresado en una actitud antipartidos, demandando entreguen sus prerrogativas para las labores de reconstrucción. Hay que decirlo con claridad, después del sismo de Chiapas y Oaxaca se inició una carrera entre los partidos para ver quién quedaba mejor posicionado. De la oferta inicial de López Obrador de entregar el 20 por ciento de las prerrogativas de Morena para los damnificados, hasta el 100 por ciento de los partidos del Frente.

Al final el PRI anunció que renuncia a sus prerrogativas de los últimos meses del año (258 millones de pesos) y el PVEM (85 millones) también para que se utilicen en la atención a los damnificados. Los partidos navegan en un mar de declaraciones, pero no se tiene noticia de acciones concretas. Se han movido entre la oportunidad y el oportunismo, que el lector juzgue con el cristal que mire.

Dejar sin financiamiento público a los partidos sería peligroso, pues dejaría a los partidos a expensas de los poderes fácticos, legales o ilegales. Pero sí pueden aportar parte de sus recursos, sin ningún problema de carácter legal. Aquí, algunos abogados constitucionalistas y los economistas que no saben la diferencia entre salario e ingreso, se hacen bolas.

Los partidos tienen que devolver los recursos para gastos de campaña que no utilicen. El asunto es tan simple, como que elaboraran un oficio dirigido al INE, planteándole la cantidad de dinero que no van a utilizar en sus campañas electorales, para que fuera reintegrado a la Tesorería de la Federación.

El otro camino, en caso de que se constituya un fideicomiso para la reconstrucción o se entregara a una fundación privada, para utilizar dinero en la reconstrucción, también es sencillo: el financiamiento a los partidos es un derecho constitucional. En consecuencia, se puede hacer la interpretación de que hay una causa de fuerza mayor, como lo es la tragedia que están viviendo miles de mexicanos por los sismos. El bien jurídico fundamental a tutelar por el Estado es el bienestar de la población ante la emergencia nacional y está obligado a recurrir a todos los fondos disponibles.

Es momento de actuar con imaginación e iniciativa. La reconstrucción del país es un asunto de todos. Debe de servir para evaluar las políticas públicas que han sido implementadas durante las tres últimas décadas y cambiar lo que haya que cambiar, para transformar el país en beneficio de la mayoría de sus habitantes. De no hacerlo sufriremos temblores políticos

Profesor/Investigador UAM-I

@jsc_santiago

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