Redes sociales, jueces y justicia

2017-10-04 03:00:53

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En su libro sobre Los movimientos sociales en la era de Internet, Manuel Castells sostiene que las redes fungen como palanca del cambio, al dotar de fuerza suficiente a aquellos que se encuentran expuestos al poder económico y político, para concretar acciones que discurren desde el mundo digital hasta el mundo material. Este activismo electrónico se ha manifestado elocuentemente por todo el país en días recientes, al convocar y organizar a miles de voluntarios para el auxilio en el rescate de heridos, apoyo a damnificados y reconstrucción de nuestras comunidades.

El miércoles 27 de septiembre encontré, entusiasmado, una expresión sofisticada de una nueva especie de rendición de cuentas electrónica por medio, precisamente, de las redes sociales. Me topé con un Juez de Distrito visionario, que entiende con meridiana claridad el papel de las redes en la configuración de la agenda pública y en la defensa y promoción de los derechos humanos.

El Juez Quinto de Distrito de Sonora resolvió un inusual juicio de amparo que buscaba determinar si se había violado el derecho a la información pública de un ciudadano al que el Presidente Municipal de Nogales había bloqueado en su cuenta de Twitter; cuenta donde el alcalde publicaba información relativa al desempeño de su encargo.

En el procedimiento, el Edil alegó que las redes sociales son de carácter personal e incluso había creado su cuenta de Twitter antes de acceder al puesto público y que existen medios oficiales a través de los cuales cualquier ciudadano puede acceder a la información pública gubernamental.

El Juez determinó que el Presidente Municipal tiene como obligación inherente a su cargo promover la comunicación social, y que si para ello hacía uso de canales de información con la ciudadanía a través de plataformas digitales, como es el caso, estaba cumpliendo su deber de difundir la información de interés público relacionada con las actividades llevadas a cabo en el desempeño de su encargo, como lo mandata la Ley de Transparencia local.

Evidentemente, dijo el Juez, la normativa en la materia no obliga en forma alguna a dicho funcionario a tener una cuenta en la red social Twitter para interactuar con los gobernados, dado que sus funciones se limitan a promover la comunicación social y procurar establecer canales de comunicación; sin embargo, si el Edil decidió comunicarse con la ciudadanía a través de dicho medio electrónico compartiendo voluntariamente en su cuenta personal información inherente al ejercicio cotidiano de su gestión, debe asumir las consecuencias legales correspondientes y la responsabilidad de garantizar el acceso a dicha información a cualquier persona.

Tomando en cuenta que el derecho a la información constituye un pilar esencial de todo Estado democrático, el juzgador concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso y le ordenó al Edil desbloquear al ciudadano amparado (seguramente un millennial abogado) sentando un precedente que obligará a una evolución en la forma de interpretar el derecho a la rendición de cuentas y a la información pública gubernamental en sus manifestaciones digitales o electrónicas.

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