De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno: la renta básica

2017-12-02 03:44:06

La garantía de un derecho humano, la política pública y el discurso académico pueden ser excluyentes en determinadas circunstancias. Lo que se debe, lo que es y lo que pudiera ser si hubiera condiciones, no son lo mismo y muchas personas lo confunden y crean expectativas falsas que conducen a la desesperanza, hastío y repudio sociales.

Lo que debe ser. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte del desarrollo de los derechos económicos, culturales y sociales, ha emitido tesis que establecen que “el derecho al mínimo vital abarca todas las acciones positivas (programas sociales) y negativas (exenciones fiscales) que permitan respetar la dignidad humana, lo que implica la obligación del Estado de garantizar (Y NO NECESARIAMENTE OTORGAR LA PRESTACIÓN DE MANERA DIRECTA) que los ciudadanos tengan acceso generalizado a alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte, educación, cultura, así como un medio ambiente sano y sustentable”, lo que debe ser revisado en cada caso concreto (registros no. 20002743 y 172545).

Lo que es. Los gobiernos Federal, estatales y municipales -de todo tipo de procedencia partidista- para garantizar este derecho al mínimo vital con acciones positivas han formulado políticas públicas para el combate a la pobreza con los recursos disponibles obteniendo resultados dispares dependiendo la población objetivo y los grupos de apoyo y opositores. Éstas suelen ser parte importante de las propuestas de campaña, que se cumplen o no, sujetas a la disponibilidad presupuestal real y muchas de ellas sólo sirven para llevar votos a las urnas, puesto que la realidad económica y administrativa las hace imposibles de realizar.

Lo que pudiera ser si hubiera condiciones. Los académicos elaboran teorías para explicar las causas de la miseria y proponen modelos radicales para la superación de la desigualdad social. Van Parijs y Vanderborght presentaron su libro en la FIL sobre ingreso básico y algunos políticos y opinócratas aprovecharon la ocasión para difundir ilusiones y llevar agua a su molino. Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la CEPAL, con mayor prudencia, con respeto a la plataforma electoral del Frente Ciudadano, redujo este posible apoyo a los jóvenes, como un contrapeso a las transferencias, vía pensiones, que se hacen a los adultos mayores y aun así el financiamiento es complicado.

Los jueces enuncian rutas jurídicamente viables para garantizar el mínimo vital a los individuos no excluyentes, ni exclusivas, que pretenden orientar la labor legislativa y la acción gubernativa, sin la pretensión de substituir a las instituciones responsables de llevar a cabo los programas sociales y el ejercicio del presupuesto. Los gobiernos -que son los responsables del presupuesto y su ejercicio, son quienes diseñan, con participación ciudadana, las políticas públicas que sólo son efectivas en el combate a la pobreza, cuando son incluyentes y no clientelares. Una regla es que todo aquel programa que no sea financiable para toda la población objetivo se convierte en botín de grupos y partidos políticos.

Los políticos responsables, con base en un diagnóstico de las fuerzas de los individuos y agrupaciones intermedias en una sociedad, calculan las posibilidades de éxito de una política pública y los rangos de beneficio social efectivo que puede obtenerse con los recursos presupuestales existentes. Los demagogos prometen sin decir cómo van a cumplir, recurren al juego de espejos y falacias como la eliminación de programas duplicados o la generación de ahorros y economías en el gasto operativo y hacen las cuentas del gran capitán: con un recorte presupuestal de 10 mil millones de pesos pretenden financiar 100 mil millones o un billón.

Los investigadores, con ayuda de un método, diseñan escenarios teóricos en los que una política pública puede ser un éxito o fracaso y a través de los procesos de ensayo-error verifican paulatina y lentamente la veracidad de sus afirmaciones. La aplicación de los modelos sólo es factible en situaciones identificables (en una región de Suiza o Finlandia) y si se imponen en condiciones diversas a aquellas para las que se diseñan suelen no contribuir a conseguir los resultados deseados. En pocas palabras es un engaño.

El derecho al mínimo vital requiere para que se haga efectivo una realidad económica propicia que sea la base para mitigar la desigualdad social. La riqueza que no existe no se puede repartir o la inexistencia de presupuesto disponible es una limitante real que no se supera con la emisión de sentencias o las promesas de campaña.

Hay que tener cuidado con la venta de espejitos y chucherías en las campañas. En el presupuesto 2017, los programas sociales federales costaron más de 100 millones de pesos, sin considerar la transferencia a pensiones, educación, salud, vivienda y reconstrucción, que son irreductibles en una gran proporción. La renta básica, dependiendo cómo se determine la población objetivo, puede variar de 100 mil millones a 1 billón de pesos. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.

Profesor del INAP

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