El Estado contra la sociedad

2017-12-04 01:23:11

La aprobación por la Cámara de Diputados de la Ley de Seguridad Interior que define y detalla la actuación de los militares en materia de seguridad ha generado polémica. Bajo los argumentos de que “la concepción tradicional sobre las amenazas a un Estado ha quedado rebasada, y que es necesario establecer una nueva concepción de la seguridad de alcance multidimensional, que incluya las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos”, este ordenamiento produce inquietud porque facilita la intervención del estado de fuerza del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en asuntos relacionados con la delincuencia organizada, pero también, con la protesta y el creciente malestar social que enfrenta nuestra débil democratización. El punto central es clarificar qué clase de actividades pueden realizar los militares en tiempos de paz, sobre todo cuando se les autoriza legalmente para desarrollar trabajos de Inteligencia en materia de seguridad interior y estar permanentemente en las calles.

Del ordenamiento constitucional mexicano deriva que la seguridad interior no es lo mismo que la seguridad nacional o la seguridad pública. La norma aprobada no realiza la necesaria distinción entre los distintos tipos de seguridad existentes. Mientas que la seguridad nacional involucra la seguridad interior y la defensa exterior, la seguridad interior por su parte, es sólo una vertiente de la seguridad nacional que se relaciona con la rebelión y la sedición. El concepto de seguridad interior tiene prevalentemente una connotación militar, por lo que la ley aprobada resulta contraria al marco convencional, debido a que establece un estadio intermedio entre la normalidad democrática y la suspensión de garantías que supone la actuación subsidiaria de las Fuerzas Armadas. Esto en detrimento de las atribuciones constitucionales concedidas a las entidades federativas y municipios.

El debate se refiere a los espacios de acción que caracterizan respectivamente a la sociedad civil y al Estado. Durante siglos la organización política fue el objeto por excelencia de la reflexión sobre la vida social. La doctrina clásica de la soberanía popular establecía que el Estado es producto de un pacto político entre los ciudadanos, quienes acuerdan constituirlo para proteger el bien más importante que las personas tienen en común, que es su propia vida. El Estado, sostienen autores como Thomas Hobbes, es artificial y deriva de un contrato. No es el resultado de una pacífica evolución histórica, sino el producto más refinado del arte político gracias al cual: “se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural para cuya protección y defensa fue instituido”. El Estado es legítimo porque en su origen se encuentra la voluntad general de las personas. En la actualidad, la sociedad se ha convertido en el todo y el Estado, considerado restrictivamente como el aparato coactivo con el cual un sector de la sociedad ejercita el poder, se circunscribe a ser sólo una parte. Cualquier legislación en una sociedad democrática debe atender la contraposición entre soberano-súbdito, Estado-ciudadanos o gobernantes-gobernados, siempre desde la perspectiva de estos últimos. Si el Senado no interviene, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tarde o temprano deberá resolver sobre la constitucionalidad de dicha legislación.

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