Derechos humanos y seguridad interior en México

2017-12-15 21:25:08

Artemisa López León*

 

Hace prácticamente una década que la violencia ligada al narcotráfico empezó a manifestarse en México, hasta volverse parte de la vida cotidiana; desde entonces, la seguridad ha sido un reclamo generalizado de la población y la violación a los derechos humanos se ha convertido en un señalamiento constante, de propios y extraños.

La magnitud de la violencia que aqueja al país deja constancia en las notas periodísticas más relevantes de los principales medios nacionales y estatales, en los sitios de internet que se han enfocado en dar seguimiento de la guerra entre cárteles y de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico.

Las redes sociales también evidencian la violencia que aqueja a México y, en varias ocasiones, el narcotráfico, y sus consecuencias, se han convertido en trending topic. Sobran los ejemplos de esa violencia, tan específica, tan sistemática y a la vez tan generalizada, en que cada hecho que conocemos resulta más cruento que el anterior.

Este cambio radical que se ha vivido en la última década se ha visto reflejado en los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que aplica, desde el 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con las cifras más recientes de esa encuesta, la percepción de inseguridad ha ido en aumento; en los resultados que dio a conocer el INEGI en septiembre pasado, llama la atención que no ha disminuido la percepción de inseguridad, por el contrario, tres cuartas partes de los encuestados afirmaron sentirse inseguros en su ciudad. Prácticamente, el 70 por ciento manifestó sentirse inseguro en las calles que utiliza regularmente.

Este panorama nada alentador, sin duda, requiere de un giro importante en las acciones implementadas por las distintas esferas de gobierno y los poderes del Estado. A razón de ello, en las últimas semanas se ha discutido en el seno del Congreso de la Unión una iniciativa de Ley sobre Seguridad Interior.

A la par que esta discusión de la iniciativa de ley ha pasado de una cámara a otra, los máximos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos así como decenas de colectivos y organizaciones y cientos de ciudadanos han sido enfáticos: aprobar esa Ley de Seguridad Interior puede traer graves consecuencias.

Una de las más importantes es la inconstitucionalidad que representaría que los temas de seguridad pública recaigan en autoridades militares -y no en las de tipo civil como hasta ahora ha sido-, pues con esta ley habría pocos controles y contrapesos que, a su vez, facilitarían la actuación discrecional de las Fuerzas Armadas.

Abundan los ejemplos de la discrecionalidad de las Fuerzas Armadas. Para muestra basta traer a colación que, de acuerdo con el Informe 2017 de Human Rights Watch, durante el actual mandato presidencial, “miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos -incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas-en el marco de acciones contra el crimen organizado”.

Las cifras presentadas por Human Rights Watch son alarmantes: “Entre 2006 y 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por militares, incluidas más de 2 mil recibidas durante el actual gobierno. (…)  Desde que México inició su “guerra contra el narcotráfico” en 2006 -que implicó la movilización masiva de miembros de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada- más de 100 mil personas han sido asesinadas y se desconoce el paradero de más de 30 mil”.

En el fondo, las voces ciudadanas que se han alzado contra la ley de seguridad buscan que sea operante el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estipula que “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta [la] Declaración se hagan plenamente efectivos”.

Una ley que es inconstitucional, a todas luces, de ninguna manera podría garantizar que impere un orden social que no vulnere los derechos y libertades básicos. Por ello, algunos colectivos como Seguridad Sin Guerra, durante las últimas semanas, han intensificado sus acciones, por diversas vías, para intentar que se frene la iniciativa de ley en cuestión; para ello, han apelado a la sensibilidad y reflexividad de los ciudadanos; esos ciudadanos que, cada día con mayor frecuencia, cuentan entre sus familiares, amigos y conocidos a alguna víctima de la narcoviolencia imperante.

Indudablemente, la Ley general de víctimas y la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fueron aprobadas durante este año, son un avance relevante para el pleno ejercicio de los derechos humanos en México.

Sin embargo, esos derechos pueden verse limitados o quebrantados cuando entre en operación alguno de los artículos de la Ley de Seguridad Interior; por ejemplo, cuando alguna autoridad considere que tal o cual movilización de protesta social o político-electoral no se realiza de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Bastará una subjetiva apreciación para que se considere que una manifestación ciudadana es una amenaza a la seguridad interior.

Con ello, estamos en riesgo no sólo de que haya un nuevo Nochixtlán, también de que se reprima a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por el, por encabezar manifestaciones ciudadanas para exigir que sus hijos sean devueltos con vida.

¿Cómo vislumbramos el México del mañana con una Ley de Seguridad que difícilmente garantizará el ejercicio de derechos y libertades?, ¿cómo podría esta ley de seguridad coadyuvar al ejercicio de la ciudadanía en un país que, en los últimos tiempos, se ha caracterizado por la impunidad y la corrupción?

Los colectivos ciudadanos y los organismos de derechos humanos tienen muy claro que la aprobación de una ley de seguridad interior debe reflexionarse detenidamente y en esa reflexión debe considerarse la opinión de los expertos, de los defensores de los derechos humanos, de los ciudadanos que han padecido las consecuencias de la narcoviolencia y de toda la población.

Lamentablemente, en tiempos electorales, las principales fuerzas políticas del país no siempre vislumbran más allá del juego político y la búsqueda de votos que les permitan preservar el poder.

Afortunadamente, en tiempos electorales, también hay una sociedad civil que no olvida y que hace todo lo que está a su alcance para que los representantes del pueblo, escuchen esas voces que, con la nueva Ley de Seguridad Interior, corren el riesgo de ser silenciadas.

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Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte

malopez@colef.mx

 

 

 

 

 
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