Menos trĂ¡mites, servicios simplificados y normas claras: Ley General de Mejora Regulatoria

2017-12-20 00:39:13

Desde la concepción del Estado Moderno entre el siglo XV y XVI, las transformaciones de los mecanismos de gobierno y del ejercicio de poder centralizado dieron origen a un vanguardista ente público con identidad, organización, estructura y formalidad. A partir de este proceso de desarrollo institucional, que superó la crisis del feudalismo, se creó un nuevo paradigma de gobernabilidad con innumerables consecuencias a nivel político, económico y social, que ha trascendido hasta nuestros días.

Durante todo este proceso de evolución se han creado, derogado y abrogado un sinnúmero de leyes y diversos ordenamientos normativos que han regulado las actividades económicas y sociales en distintos periodos históricos. Ha sido entonces “la regulación” la que ha permitido garantizar el funcionamiento del Estado, de los mercados, la certeza jurídica, los derechos de propiedad, la salud, la educación, el desarrollo económico, etc.

En la actualidad, tres grandes tipos de regulaciones son de las que se valen los gobiernos para garantizar el Estado Constitucional de Derecho. La regulación económica, social y administrativa. Esta última tiene que ver con las regulaciones de la Administración Pública y se formalizan a través de disposiciones jurídicas como los decretos, reglamentos, acuerdos presidenciales,  acuerdos secretariales, lineamientos, resoluciones, normas oficiales, circulares, avisos, entre otros.

Refiere Douglas North–Premio Nobel de Economía– que “la mejora regulatoria hay que entenderla como una filosofía de vida institucional”. Su impacto más importante es el que se realiza en las instituciones que tiene: reglas claras y simples, bajos costos de transacción y un marco legal que dé certeza jurídica, invitando a la inversión y al desarrollo, el cual se ve reflejado en un bienestar económico y social, dentro del territorio en el que influye.

Bajo estos preceptos la OCDE refiere que la mejora regulatoria promueve la eficiencia del mercado, protege los derechos y la seguridad de los ciudadanos y garantiza la prestación de bienes y servicios públicos. Asimismo impulsa la calidad de vida y la cohesión social mediante una mayor transparencia y programas de reducción de trámites burocráticos para los ciudadanos.

Sin duda México atraviesa por un cambio de paradigma en términos de la administración pública. Durante la presente administración se ha implementado una reingeniería institucional bajo esta lógica de mejora regulatoria con grandes reformas en materia de contabilidad gubernamental, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, salud, educación, trabajo, sector energético, telecomunicaciones, nuevo sistema de impartición de justicia y Código Nacional de Procedimientos Penales, leyes anticorrupción y sujetos obligados, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, acciones y estrategias para mejorar las contrataciones públicas, justicia cotidiana, compras consolidadas, etc.

Todo este entramado jurídico responde a los nuevos desafíos del gobierno, pero también atiende problemas concretos y estructurales como la corrupción, la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Bajo este contexto, desde el ámbito legislativo consideramos que la iniciativa que envío el Ejecutivo Federal para expedir la Ley General de Mejora Regulatoria, complementa este cambio de paradigma.

La creación de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria y una estrategia nacional, con un horizonte de 20 años. Permitirá una verdadera coordinación entre los tres niveles de gobierno y el establecimiento de principios, objetivos, órganos e instancias de definición de políticas públicas. Aunque pareciera que esta ley puede significar un conjunto de reglas que generan derechos, obligaciones y sanciones para el que no las cumpla, en realidad es una herramienta eficaz y eficiente para maximizar las acciones de gobierno en favor de la sociedad mexicana. Por tal razón, en el Senado de la República estamos listos para analizar, y en su caso, votar a favor de este nuevo marco regulatorio.

Senadora de la República

Michoacán de Ocampo

@RocioPinedaG

 
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