La Corte Penal Internacional acecha al régimen de Maduro

2018-02-08 21:39:01

Nicolás Maduro bailó el miércoles durante un acto político en Caracas.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió ayer un examen preliminar a Venezuela por los abusos de la policía y la policía militar al servicio del régimen de Nicolás Maduro, tanto en las manifestaciones opositoras ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde diversos reportes denunciaron violación de los derechos humanos a reclusos.

Según la información recopilada por la CPI, agentes de la policía utilizaron “con frecuencia” una “fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” y detuvieron y encarcelaron “a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes”. Además, agrega que algunos detenidos fueron “presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato”.

Aún así, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, reconoció también, en un video difundido ayer, que “algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos”, que causaron lesiones y muertos entre agentes de la policía bolivariana.

FUENTES. Para iniciar estas pesquisas, Bensouda se basa en datos que diversas fuentes han remitido a La Haya, aunque la fiscalía podría lograr informes adicionales en el futuro

Una de esas fuentes fue la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, huida del país, que en noviembre del año pasado se reunió con personal de la Fiscalía de La Haya para entregarle pruebas de supuestos abusos cometidos por las fuerzas del Estado entre 2015 y junio de 2017.

Por otra parte, fuentes de la corte negaron con rotundidad que el examen preliminar esté relacionado con la convocatoria de elecciones en Venezuela, anunciadas para el 22 de abril.

INCÓGNITA SOBRE EL FUTURO. Este examen preliminar no es una investigación plena, sino un paso previo para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para abrir un proceso judicial y dictar órdenes de arresto.

De no ser así, la fiscalía de la CPI podría abandonar la causa, argumentando que no ve fundamentos suficientes para abrir la causa. Podría ser porque crea que los delitos no son lo suficientemente graves o porque el gobierno venezolano abriera una causa para investigar estos supuestos abusos y represión, puesto que la CPI solo puede indagar causas que no estén siendo investigadas en el país afectado.

REACCIONES. La noticia generó, lógicamente, disparidad de reacciones en los bandos chavista y opositor. El abogado del opositor Leopoldo López, Javier Cremades, aseguró que la decisión de La Haya marca “una gran victoria para todos aquellos que estaban denunciando que el régimen de Maduro está cometiendo torturas, detenciones ilegales, y otros atropellos de los derechos fundamentales”.

En cambio, el régimen venezolano rechazó “de manera firme y categórica” la apertura del examen preliminar de la CPI, al tiempo que criticó la “ausencia de una comunicación oficial proveniente de la Fiscal de la Corte”. Además, denunció que el examen preliminar es “un proceso al estilo de la inquisición, implantado por la fiscalía como práctica mediática, infamante y extorsiva a los Estados”.

Aún así, la nota oficial del gabinete de Maduro mostró la disposición del gobierno a dar “su plena contribución” a la CPI, a la vez que el fiscal general, Tarik Saab, afirmó que “no habrá impunidad” para los policías que pudieran haber abusado de su poder.

 
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