Procesar al enemigo

2018-03-05 02:43:36

La persecución institucional de la que es objeto el candidato presidencial opositor Ricardo Anaya, hace recordar los procesos judiciales que se han instaurado a lo largo de la historia en contra de los enemigos políticos. Desde los albores de nuestra civilización la relación entre derecho y poder, entre justicia y política, ha generado una interminable serie de conflictos en los que se contraponen la conciencia individual y las exigencias de la comunidad, los proyectos sociales y la razón de Estado, la exigencia de libertades y los dogmas ideológicos. Son procedimientos judiciales que intentan detener la necesaria transformación política o la potencia revolucionaria de la palabra y el pensamiento. Una constante de esta historia del uso político de las instituciones ha sido la criminalización de los adversarios para excluirlos de la competencia por el poder.

En el léxico cotidiano los conceptos de política y justicia se contraponen. La política se presenta como lucha y acción estratégica por el poder, mientras que la justicia proyecta la imagen de imparcialidad, neutralidad y equidistancia respecto de las partes. De un lado, la metáfora de la espada, del otro, la imagen de la balanza que dirime los conflictos. Cuando las instituciones pierden su neutralidad aparece un uso del Estado con fines privados. Nace así una justicia politizada que se refiere al uso de las instituciones de procuración y administración de justicia para alcanzar objetivos políticos como pueden ser la liquidación de un líder social o la exclusión de un partido opositor.

En su obra Derecho Penal del Enemigo, el jurista alemán y una de las máximas autoridades mundiales en teoría del Derecho, Günther Jakobs, afirma que en la actualidad, para el poder penal del Estado no todos los ciudadanos son personas, sino que están las personas y los enemigos. Considera una ilusión creer que todos los seres humanos se hallan vinculados entre sí por medio del derecho en cuanto personas. Con el argumento de proteger a la sociedad en su conjunto, el derecho penal del enemigo es selectivo. No atiende todos los casos de la misma forma, para los enemigos existe celeridad, capacidades y eficiencia, para los cercanos impunidad. Actuar así, pone en tela de juicio la funcionalidad de toda nuestra estructura institucional incrementando la desconfianza social que incide directamente en la credibilidad del Estado.

No se puede inventar un enemigo en cada caso particular, cuando está claro que la problemática principal de nuestro sistema político —y esa sí declarada enemiga de la sociedad— está representada por la corrupción, la opacidad y la ineficacia. No debemos olvidar que el proceso político sirve para construir y para “inventar al enemigo”, orientando la disputa y el debate en una dirección u otra. En suma, para eliminar lo abstracto del conflicto y para dar un rostro concreto al enemigo. El déficit de la política que observamos se corresponde con un déficit de la democracia en todos sus niveles, lo que impacta la legitimación del poder. El intento por resolver los conflictos políticos con procedimientos judiciales representa una vieja práctica según la cual el derecho vale sólo entre iguales, mientras que entre los no iguales solamente vale la ley del más fuerte.

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