La invisibilización de la niñez en los centros de reclusión

2018-04-05 02:22:01

Así como las cifras, su realidad es incierta. Si bien, los derechos de las niñas, niños y adolescentes están respaldados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y demás

leyes aplicables; existe una población de infantes que durante sus primeros años de vida no conocerán otra realidad más que la que viven al interior de un centro penitenciario.

Son más de 542 menores que hasta 2016, vivían con sus madres en prisiones estatales, esto, de acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2017 (CNGSPSPE); cifra que ha disminuido en comparación con 2014, cuando se contabilizaron al menos 549 menores de seis años de edad.

Estas cifras también van en disminución conforme a los años de edad cumplidos, y es que las disposiciones penales en la materia, (reformadas en 2016), establecen que las hijas e hijos de las mujeres reclusas, pueden permanecer con ellas hasta cumplidos tres años de edad, aumentando el plazo a petición de la madre y en bienestar del menor, si es que éste tuviera alguna discapacidad o si aquélla es la única persona que pudiese cuidarlo.

A pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece las garantías de salud, educación, seguridad y hasta actividades recreativas y de inserción social tanto para las mujeres reclusas como para sus hijas e hijos, éstos padecen una serie de violaciones a sus derechos humanos tanto por la falta de una alimentación apropiada a su edad, como también la falta de una

buena atención médica y educacional; pero sobre todo, una ausencia de protección a su seguridad y principalmente a su vida.

Ya en varias ocasiones hemos planteado la importancia de otorgar garantías fundamentales a los derechos humanos de las mujeres, sobre todo, en estos espacios donde las condiciones de insalubridad, estrés, discriminación, violencia y ansiedad son parte de su día a día. Ahora bien, son estas mismas las condiciones que padecen las y los menores al nacer y durante sus primeros años de vida;  mismos que son básicos para su bienestar, educación y desarrollo integral.

Y precisamente, parte importante del bienestar de las y los menores es la socialización con las demás personas, con su familia, sobre todo; sin embargo, en

muchas ocasiones no llegan a conocer a sus padres; son los abuelos quienes forman parte de su principal y único círculo familiar cuando éstos llegan a salir o al recibir visitas (muchas veces) esporádicas. Las hijas e hijos de mujeres reclusas, son víctimas indirectas del

estigma de la sociedad.

No debemos olvidarnos de otra realidad que va de la mano con la que viven los niños en los centros penitenciarios, esa realidad que padecen  hijas e hijos de mujeres u hombres reclusos, que si bien no viven aislados de la sociedad, se enfrentan a una serie de barreras físicas, económicas, educativas, de violencia, discriminación y falta de oportunidades; pero sobre todo, sin la garantía de una vida en el marco de sus derechos humanos.

La invisibilización de las mujeres reclusas y de sus hijas e hijos, los coloca como un número más en la estadística del sistema penitenciario; y es que hasta la fecha, no hemos logrado establecer medidas de fortalecimiento de la institución penitenciaria que permitan que este sector, tenga una vida digna al interior de los centros, así como las herramientas necesarias para reintegrarse a la sociedad, una vez que cumplan su condena. 

De acuerdo con cifras del CNGSPSPE, al cierre de 2016 se reportaron 267 establecimientos penitenciarios estatales, de ellos, 17 recintos son femeniles y 157 mixtos; registrándose 188 mil 262 personas privadas de la libertad, de las cuales, sólo el 5 por ciento son mujeres. Ahora, solo 19 de los 174 establecimientos penitenciarios estatales femeniles y mixtos, cuentan con guarderías para el cuidado y educación básica para 542 niñas y niños, y únicamente diez centros cuentan con áreas de maternidad.

Ante todo esto, me parece fundamental reflexionar y rediseñar acciones orientadas a la prevención y atención de las mujeres, sus hijas e hijos, que viven en situación de reclusión. Parte importante, cuando éstos enfrentan la separación de su madre una vez cumplida la edad límite que permite su estancia en el centro penitenciario.

Es tarea de los legisladores garantizar su seguridad y salvaguardar sus derechos humanos fundamentales. De igual manera, implementar acciones afirmativas para que las mujeres reclusas enfrenten su condena de manera distinta posible a la de los varones, particularmente cuando hay menores involucrados. Juzgarlas con perspectiva de género es fundamental en este tipo de casos.

Sin duda, éste es uno de los temas de atención prioritaria. Si bien existen organizaciones de la sociedad civil que trabajan de la mano con el gobierno, debemos fortalecer las redes de apoyo que permitan implementar diversas políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las mujeres, sus hijas e hijos, para contar con una estancia digna; además de garantizarles su derecho a la vida, a la supervivencia, a su desarrollo, a su identidad, a vivir en familia y libres de violencia.

Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores

@DivaGastelum

 
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