Impunidad y justicia politizada

2018-08-10 22:09:21

¿Quién responderá por el patente, descarado uso del sistema de justicia con fines políticos, a lo largo de la administración a punto de concluir, de lo cual el caso ­Elba Esther Gordillo es apenas la más reciente e irrefutable prueba?

Suman decenas los asuntos litigados por el gobierno federal cuyo destino, al cabo de semanas y aun meses de escándalo, ha sido similar a la suave e inocua disolución de una pompa de jabón.

Botones de muestra son los episodios de real o supuesto enriquecimiento ilícito del excandidato presidencial Ricardo Anaya y los departamentos dizque escondidos por el hoy presidente electo de la República.

También son muestra las ruidosas y deliberadamente enredadas y manoseadas consignaciones —por efecto de la presión popular pero con inocultable oportunismo electoral— de los exgobernadores Javier Duarte, César Duarte y Eugenio Hernández, entre cuyas presuntas fechorías ya es imposible discernir la verdad de la mentira.

Claro uso con fines políticos aunque en sentido inverso, no para atacar sino para encubrir de modo desvergonzado, se ha dado asimismo al sistema de justicia en la investigación, a paso de tortuga, de los millonarios sobornos esparcidos por la constructora Odebrecht.

Y así, por el estilo, son numerosos los ejemplos de perversión de la justicia, incluidos algunos de los episodios más traumáticos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayoitzinapa.

La exdirigente del magisterio ha pasado casi seis años de su vida confinada primero en una celda, luego en un hospital y al ­final en su casa por cárcel, acusada de delitos que el Poder Judicial acabó tumbando uno por uno.

El expediente de la lideresa pasó por las manos de  cuatro procuradores —Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán—, quienes apuntalaron la demanda acometida a menos de noventa días de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ninguno de esos funcionarios pudo probar las imputaciones, no se sabe si por ­supina incompetencia o de plano por abyección, porque los delitos nunca existieron y en realidad se trató de aplicar un escarmiento por consigna.

Si los chambones o abyectos titulares de la PGR se han mofado de los mexicanos, otro tanto han hecho miembros del Poder Judicial.

Los jueces, magistrados y ministros, cuyos regios sueldos —a decir de su presidente Luis María Aguilar Morales— son garantía de independencia, rectitud y ­probidad, demoraron ¡casi seis años! para resolver el caso Gordillo.

Al ser declarado Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador dijo que entre las muchas lecciones del 1 de julio resalta un mensaje para los políticos y servidores públicos:

“La gente votó para que exista un verdadero Estado de Derecho, el pueblo quiere legalidad, no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido desde el porfiriato”.

Más aún —dijo el tabasqueño—, los ciudadanos plasmaron en su sufragio “el anhelo de que los encargados de impartir justicia no actúen por consigna y que tengan el arrojo de sentirse libres para aplicar la ley sin cortapisas ni servilismos”.

Tiene razón el inminente Jefe del Estado. Y la situación que ha vivido la exdirigente nacional del magisterio denota ausencia de legalidad y también simulación; actuación de jueces por consigna y con servilismo.

Sin embargo, está por verse si en la pomposamente denominada cuarta transformación de la vida pública de México aún se consentirá ese tipo de conductas de los servidores públicos.

Está por verse si se pasará de las palabras a los hechos en la observancia del principio de que “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

La cosa es clara. Si el nuevo gobierno será consecuente con sus postulados, es cosa de muy poco tiempo para que podamos ver tras las rejas a los mencionados titulares de la PGR y los jueces y magistrados que torcieron la ley, actuaron por encargo y pervirtieron la procuración e impartición de justicia.

No nos engañemos. La corrupción, el abuso, la indolencia, la incompetencia, la impunidad y otros vicios que como cáncer inextirpable carcomen el servicio público, terminarán cuando los funcionarios tengan que pagar personalmente las consecuencias de sus actos.

Terminarán tales lacras el día que los funcionarios ladrones sean despojados de la totalidad de sus bienes, no sólo de los ­claramente malhabidos.

Y cuando esos sedicentes servidores públicos tengan que reponer, de su peculio, el importe de obras malhechas o de plano pagadas pero nunca concretadas.

O cuando las víctimas de los abusos gubernamentales desocupen las celdas para que ingresen en  las mismas los responsables de su injusto confinamiento. Tal ­como deberá suceder ahora, si se aspira a probar que el mensaje ciudadano del 1 de julio ha sido cabalmente asimilado.

Sería pésima la señal que enviase el futuro gobernante, si con el pretexto de que no busca ser “el poder de los poderes” y de la rectitud y el respeto a las potestades y la soberanía de los otros Poderes del Estado, decidiese mirar para otro lado en vez de interesarse en castigar la grave politización de la justicia que hemos constatado.

Porque a la lideresa del SNTE la dejó en libertad por falta de pruebas el mismo gobierno que la aprehendió, sólo que cinco años y cinco meses después, y con una imagen estigmatizada a más no poder.

Sobre la vida pública y aun la privada de Gordillo se hicieron libros, documentales, obras de teatro, parodias y horas de debates y análisis en radio y televisión, con ­retazos de información interesada arrojados como carne fresca a los tiburones desde la cima del poder público.

A estas alturas de la historia los ciudadanos del común ya no saben si Gordillo es la dirigente venal y gran corrupta que emergió de ­aquella campaña de desprestigio o una sindicalista indomeñable a quien el sistema le cobró caro sus desafíos.

En todo caso, el hecho de que acabó exonerada por ­todos los delitos que le fueron imputados, impone la obligación civil de reconocerla inocente. Y la exigencia de sanción a quienes la encarcelaron tan injusta como largamente.

En modo alguno cabe el “aquí no ha pasado nada”.



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