El aeropuerto de la discordia

2018-08-24 00:24:13

Recuerdo que a principios de año pasado el arquitecto británico Norman Foster, junto con el arquitecto mexicano Fernando Romero, diseñaron el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), y acompañado del presidente Enrique Peña Nieto, definió la idea de esta construcción como “una catedral en el espacio”. Foster ha construido entre otras obras los aeropuertos de Hong Kong y Beijing; fue galardonado con los premios Pritzker en 1999 y Príncipe de Asturias de las Artes en 2009.

Entrevistado por Leonardo Kourchenko expresó lo ­siguiente:

LK: El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la obra de infraestructura más importante del país, ¿Qué representa para usted como arquitecto y diseñador?

NF: El significado es múltiple y profundo porque se trata del más importante proyecto que contendrá avances en el edificio terminal: un diseño cuya esencia está en su concepto de sustentabilidad; mucho desarrollo y mejora en diseños y conceptos que impulsarán la generación futura de aeropuertos en el mundo, un impulso fuerte a la economía, al turismo. (El Financiero, 6-IV-2017).

Lo que Foster señaló en esta entrevista, al parecer, no se ha tomado en cuenta en la actual discusión acerca de si el proyecto del NAIM continúa o es sustituido por la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

Conviene resaltar que el Nuevo Aeropuerto daría servicio no sólo a los requerimientos nacionales, sino serviría también como un punto de conexión para vuelos internacionales a la manera en que ya lo hacen terminales aéreas norteamericanas como Atlanta, Houston y Chicago las cuales conectan vuelos provenientes de Europa con Asia y viceversa. Dicho de otra manera: el NAIM descongestionaría el tráfico aéreo no sólo en nuestro país, sino en la parte norte del continente americano. Esta capacidad sería posible en virtud de que tendría seis pistas y los sistemas más modernos en términos de operación terrestre y control aéreo.

Por eso, cuando Foster hablaba del impulso al turismo no sólo se refería al turismo nacional o al que proviene tradicionalmente de la Unión Americana, sino a un turismo intercontinental. Se calcula que el NAIM podría dar servicio a 96 millones de pasajeros al año; para 2030 esa cifra se duplicaría.

Ahora bien, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador seleccionó como blanco polémico desde su campaña al NAIM? Su propuesta es que el actual Aeropuerto Benito Juárez siga funcionando complementado con las susodichas dos pistas que se construirían en la base militar aérea de Santa Lucía. La respuesta es una incógnita porque en términos económicos Federico Patiño, del Grupo Aeroportuario Ciudad de México reconoció que hay un déficit de 88 mil millones de pesos para el financiamiento del NAIM. Sin embargo, planteó algunas alternativas: 32 mil millones de pesos se cubrirían con la emisión de la fibra E; se podrían vender terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; se concesionaría el estacionamiento del NAIM y se establecerían hoteles allí mismo. Esto aportaría 65 mil millones de pesos. La tarifa de uso aeroportuario agregaría otros 10 mil millones de pesos. En total se alcanzaría la suma de 107 mil millones de pesos que rebasaría los 88 mil millones del actual déficit. Sobrarían 19 mil millones de pesos. Es decir, el dinero no es problema.

En contrapartida, hay que señalar que la propuesta de operar dos aeropuertos a la vez en una zona tan cercana —50 km— sí trae problemas: Santa Lucía y la actual terminal aérea están muy cerca y es un peligro que ha sido señalado por un estudio realizado por la corporación Mitre y su centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación. En ese estudio se señala que las dos pistas que propone el equipo del Presidente electo tienen varios riesgos de tráfico aéreo que incluyen la seguridad de los vuelos, la viabilidad y los riesgos de instrumentación. Ese documento resalta que los costos y el tiempo del proyecto de Santa Lucía “son riesgos inaceptables.” Habría un área de interferencia en San Mateo, punto en el que los pilotos inician la aproximación del descenso. Se requeriría la demolición de la base militar y—cosa que no se ha hecho del conocimiento ­público—se necesitaría comprar terrenos. Eso representa un peligro en vista del antecedente del conflicto con los pobladores de San Mateo Atenco.

Aun así, AMLO insiste en llevar a cabo una consulta popular programada para el 28 de octubre con carácter vinculante. Pero ese tipo de práctica no está contemplada por la ley. El Artículo 35 constitucional en su fracción VIII prescribe que es derecho de los ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las cuales serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá, previo a que se expida la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, la constitucionalidad de la materia motivo de la consulta.

Convendría que el Presidente electo, simplemente, se apegara a la ley y respetara los dictámenes técnicos.

 

jfsantillan@itesm.mx

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