La publicidad de comida chatarra dirigida a niƱos viola sus derechos

2018-08-26 21:51:50

Ojalá y en una década, cuando veamos las imágenes de publicidad de comida chatarra dirigida a niños, nos indigne de la misma forma en la que hoy lo hacen aquellas donde se ve a las personas fumando libremente en espacios cerrados, en consultorios, en universidades. “Ojalá y para entonces esas imágenes nos parezcan igual de absurdas”, señala Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Esa imagen donde se invita de forma engañosa a los niños a consumir productos que dañan su salud ha sido normalizada en nuestro país, no obstante, regulaciones en otros países han regulado rigurosamente esta práctica comercial.

Desde 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como uno de los factores de deterioro de los hábitos alimenticios de los niños la publicidad de alimentos y bebidas chatarra a los que están expuestos, puesto que aprovecha su “incredulidad e inexperiencia”. Por ello, instó a los gobiernos del mundo a llevar a cabo las regulaciones necesarias para evitar la exposición de la población infantil a la publicidad de esta industria.

En 2009, la industria en México instauró una autorregulación a través del llamado código PABI, la cual, en 2013, fue reconocida como ineficaz por el gobierno federal. Así, se echó a andar otro tipo de regulación que persiste hasta hoy y la cual es laxa, ineficaz y producto de una simulación.

La regulación se enmarcó dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y Diabetes, la cual contempla otras medidas como el etiquetado de bebidas y alimentos chatarra —el cual también ha demostrado su ineficacia y simulación—, así como el impuesto a bebidas endulzadas, el cual ha sido atacado fuertemente por la industria debido a la efectividad que ha demostrado y el antecedente que marca en las políticas públicas de todo el mundo.

Expertos de organizaciones de la sociedad civil, investigadores del sector salud y jurídica han dado visibilidad a estas políticas. Ahora, el tema de la publicidad dirigida a la población infantil en México es subrayada por la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) —que aglomera a decenas de organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación— con la publicación del informe Publicidad dirigida a niños:una infancia enganchada a la obesidad.

El texto explica y profundiza cómo ha fracasado esta política, pero además resalta que la medida representa una doble violación a los derechos de los niños: el derecho a la salud y el derecho a no ser manipulados ni engañados. El tema es de gran relevancia, en un país donde uno de cada tres niños tiene sobrepeso u obesidad.

De acuerdo Fiorella Espinosa, investigadora de la organización El Poder del Consumidor, miembro de la ASA, el documento expone las principales deficiencias de la política. “No fue diseñada por un grupo de expertos, sino —de acuerdo con un reporte obtenido vía trasparencia en Cofepris— por tres funcionarios ajenos al área de la salud pública; tampoco hay registro de grupos de trabajo”.

Otra deficiencia clave son los horarios que cubre la regulación, que es de 14:30 a 19:30 entre semana. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el pico en que los niños ven más la televisión es de 20 a 22 horas, cuando ven programas como telenovelas, dramatizados y reality shows.

Un problema más, relacionado con la falta de expertos en la elaboración de la política, son los criterios nutrimentales con los cuales se decide qué productos se pueden publicitar. “Si hacemos una comparación hay productos que en otros países, o bajo los criterios internacionales de la OMS y la OPS, no se publicitarían, como es el caso del productos como el Néctar de Del Valle, Bonafont  kids, Danonino y cereales con alto contenido de endulzantes”.

Adicionalmente, la regulación en México sólo cubre horarios televisivos y en salas de cine y deja fuera otros canales, como internet, publicidad impresa, empaques, uso de personajes armados y celebridades para promocionar productos y regalos como los que puedes encontrar en la Cajita Feliz de McDonald’s.

El documento realiza una comparación con las regulaciones impuestas recientemente en Chile, las cuales, literalmente, bajaron al Tigre Toño de sus empaques de cereal, y donde el horario televisivo es de 6:00 a 22:00 y no se puede publicitar en ningún medio con personajes ni figuras, concursos o regalos.

“Es una estrategia con muchas deficiencias y existe evidencia suficiente para demostrar que el efecto de una regulación débil es muy similar a la ausencia misma de ésta, puesto que no cumple su objetivo”, señaló Espinosa, durante la presentación del documento, la semana pasada. 

La investigadora de El Poder del Consumidor apuntó que este escenario incluso se contrapone con el de los mismos consumidores, de los padres. Según la Encuesta Nacional de Obesidad, que llevaron a cabo en 2013, cerca del 85 por ciento de los encuestados estaban de acuerdo con que se hiciera una regulación más completa.

El documento y los especialistas realizan las siguientes recomendaciones para el próximo gobierno: extender la edad de protección hasta los 16 años; la reformulación de los criterios nutrimentales basado en un panel de expertos; mayor cobertura en horarios y en diferentes medios, como internet y del empleo engañoso de marketing y otras herramientas de venta como uso de personajes, estrellas y regalos.

DERECHO. Mónica González Contró e Issa Luna Pla son investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialistas en derechos de los niños y derecho a la información, respectivamente. Conjuntamente publicaron el libro Los derechos de los niños y las niñas frente al ambiente obesigénico, editado por su instituto.

En éste, las expertas ya concluían que la autorregulación era absolutamente insuficiente para contener la epidemia de obesidad y que ese método definitivamente no es una solución porque no incluía a todos los medios de comunicación. “La propia Ley federal de los derechos de los niños, promovida este sexenio, se quedó muy corta para defender a los niños de esta publicidad que afecta su salud”, señala Luna Pla.

La universitaria señala que la situación actual viola los derechos de los niños, porque el Estado ha dejado de regular a las industrias y proteger el “interés superior del niño” en su derecho a la información y vida sana. A su vez, añade, la industria por sí misma también vulnera los derechos de los niños, por lo que debe reformular sus prácticas de publicidad y así respete sus derechos a la información  y a la salud. 

“Estamos ante una situación de emergencia nacional, el problema de la obesidad en los mexicanos, pero más en niños, es un problema gigantesco de salud pública que requiere de la actuación de todos los actores, particularmente del Estado”, refiere por su parte, González Contró, también Abogada General de la UNAM.

“En la jurisprudencia, el interés superior del niño tiene como finalidad establecer ciertos criterios para tomar decisiones, especialmente respecto a las autoridades, que derivan de la condición de desarrollo de los niños. Esta figura es la materialización del principio pro-persona, que está contenido en el Artículo 1º, porque de éste parten conceptos de la autonomía de la voluntad y la capacidad para tomar decisiones, que en niños es limitado por su condición de desarrollo, por lo que pueden ser influenciados por la publicidad”.

Por lo tanto, es claro que la autoridad no tiene otra opción más que optar por garantizar los derechos de los niños, enfatiza la especialista. “Hay muchos derechos en juego frente al ambiente obesigénico promovido por la publicidad. Tenemos suficiente masa crítica y herramientas de derecho para poner el acento en las obligaciones del Estado respecto a este tema, que es de emergencia nacional y debe implicar un cambio de visión, no sólo es la prohibición o regulación de la publicidad, sino de qué tipo de alimentos produce la industria, que generan este problema de salud pública.

“Tenemos que seguir insistiendo en que no se pueden dejar los derechos de los niños y adolescentes al arbitrio de decisiones relacionadas con criterios económicos, de lo contrario estaríamos violando la Constitución, los tratados internacionales y sobre todo a que su interés superior sea una consideración promisoria en todas las decisiones que se tomen”.

SIMULACIÓN. Adriana Lombardini fue comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), donde creó el centro de investigación que midió el tipo de contenido que los niños ven en la televisión y los horarios. Para la abogada, las instituciones responsables no han sido serias ni eficaces en la protección del derecho de los menores, incluso han actuado contra el interés superior del niño, al expedir leyes con normatividades que, “a todas luces, simula soluciones”, apunta.

“Regular mal es peor que no hacerlo, porque entonces hay una apariencia de legalidad y de que ya se solucionó el problema. Simular es parte de la corrupción en este país: ‘como que te regulo y como que obedeces y que cumples…”. La muestra más contundente de que este tipo de regulación ha fallado es que ha habido un incremento en la obesidad. Refirió que en el país estamos en un momento de transición donde n se puede seguir la simulación y donde el cabildeo millonario de la industria triunfe sobre el interés público.

Simón Barquera ha sido uno de los científicos más visibles en la lucha por la implementación de regulaciones con criterios científicos en temas como el etiquetado de productos procesados e impuesto a bebidas endulzadas. Al igual que en estos temas, refiere que la publicidad contribuye a una epidemia enfermedades crónicas las cuales no sólo se resuelven socialmente con educación nutricional. “No es posible competir contra los millones de dólares que invierten las empresas en sus campañas, algunas dirigidas a influenciar las decisiones en los niños”.

El problema, añade, tiene determinantes estructurales en el entorno político, comercial, medioambiental y cultural que deben ser discutidos para buscar las intervenciones y acciones necesarias. “Es una responsabilidad social, pero donde el papel del Estado es muy importante para regular el ambiente obesigénico al que están expuestos los niños”. 

 
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