“Quien del altar vive, del altar come” Sergio Mayer

2018-09-01 01:37:36

Un dicho popular mexicano —sabiduría pura—reza “quien del altar vive, del altar come”. Este refrán, referido al sacerdocio es aplicable a cualquier oficio, profesión o cargo público. La independencia económica de cualquier interés ajeno al trabajo desempeñado, pasa por una buena paga. Esto es recogido por la Constitución cuando prohíbe al servidor público renunciar a la remuneración y le otorga el derecho de que ésta sea suficiente.

En días pasados, Sergio Mayer declaró que el sueldo de legislador no le alcanza para el tipo de vida a que está acostumbrado, por lo que continuará con su desempeño como actor, solamente en periodos de receso (El Universal-21-08-2018). No sabe que el trabajo legislativo se hace todo el año en las comisiones legislativas.

Pero Sergio Mayer no es el primero que, con sus palabras y actitudes, denigra al servicio público e indirectamente califica de conformista a quien determinó dedicar su vida a un trabajo rutinario, hacer leyes, dictar sentencias o administrar lo público, que es indispensable para la convivencia armónica y pacífica. Esta labor constante se realiza a cambio de un salario pagado por el presupuesto, que no es suficiente para llegar a cubrir las exigencias económicas de un actor afamado.

La misma actitud ante el servicio público, propias de una diva en el momento cumbre de su carrera, han tenido algunos empresarios que se incorporaron al gobierno de Fox cuando declararon que el sueldo del cargo público era muy inferior a lo que ellos obtenían del manejo de sus empresas y habían decidido sacrificarse por nosotros. Lo expresaban para que estuviéramos eternamente agradecidos por ese acto de solidaridad y entrega, que más parecía vanidad y fatuidad.

Con una intencionalidad política distinta, mandó un mensaje de austeridad republicana, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue electo Jefe de Gobierno del Distrito Federal —hoy Ciudad de México—declaró que no recibiría salario, pero rápidamente sus asesores jurídicos le aconsejaron que lo cobrara y después, si era su voluntad, lo donara a una buena causa. La razonabilidad política constitucional es evidente: el gobernante, el legislador, el juez, el administrador público y cualquiera que desempeñe un cargo o comisión debe contar con recursos propios suficientes provenientes del presupuesto —del dinero de todos­— como garantía de su autonomía e independencia y de que no tienen un interés distinto al general en sus motivaciones en el trabajo.

La remuneración desde el punto de vista de la persona es el disponible neto —después del pago de contribuciones, retenciones y descuentos—, más las prestaciones que recibe, menos los gastos en que incurre directamente relacionados con el trabajo. Un individuo —como sucedió con Mayer—pone de un lado los ingresos previos al cargo contra los que va a recibir por el empleo público y decide si le conviene o no ocuparlo en términos económicos. Extraña que el actor lo manifieste hasta el día que tomará posesión y no se le ­ocurriera antes de presentarse a la elección como candidato.

Las organizaciones públicas y privadas compiten por atraer talento y competencias. El salario, más prestaciones de corto (atención a la salud) y largo plazo (condiciones de pensión), son el elemento más importante. No basta el compromiso y la vocación por la búsqueda del bien colectivo, también hay una realidad familiar y necesidades materiales que apremian y exigen la búsqueda de mejores condiciones laborales.

En este contexto, reducir los sueldos de los servidores públicos y sus prestaciones puede ser contraproducente para las propias organizaciones estatales que serían menos atractivas para la demanda de trabajo. Además, disminuye la garantía de autonomía e independencia en la medida que servir al altar no sea suficiente para comer de éste; o peor aún puede provocar la proliferación del pícaro cuyo lema sea  “no me pagues bien,  ponme donde hay”.

Con este razonamiento, hay que preguntarle a los que se van a incorporar por primera vez al servicio público y que ya saben que su remuneración no llena sus expectativas económicas ¿cómo van a completar su ingreso esperable? Eso es fundamental, porque quien vive del altar, no puede cobrar de otro lado, bajo el riesgo de comprometer su autonomía o misión.  Finalmente, quien paga, manda y si los recursos proceden de otra fuente, entonces, el compromiso con la colectividad disminuye y el trabajo y tiempo se regatea o la posición de influencia se vende.  Las declaraciones de Mayer en nada ayudan a nadie. Él mismo se autogolpea. En fin. El tiempo dirá.

 

Profesor de posgrado del INAP

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