Ecuador defendió este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas fue un acto "excepcional" y "aislado", derivado de la negativa de México a entregar a las autoridades andinas a un “condenado” por la justicia, a quien, además, concedió ilegalmente asilo político.

El CIJ celebró este miércoles la segunda audiencia pública sobre la irrupción de la Policía de Ecuador en la Embajada de México y la agresión al personal diplomático en la noche del viernes 5 de abril. México acusó a Ecuador durante la sesión de este martes de "cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional".

En una admisión velada de que Ecuador cruzó esta línea roja, pero que fue necesario, el embajador ecuatoriano ante Países Bajos, Andrés Terán, responsable de litigar en nombre del gobierno de Daniel Noboa ante la CIJ, alegó que "México utilizó erróneamente durante meses su sede diplomática en Quito para dar refugio a un criminal común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones por los más altos tribunales de Ecuador de graves delitos relacionados con la corrupción".

“Nosotros nunca protegeremos a criminales mexicanos”

"Nosotros nunca protegeremos a criminales mexicanos que han provocado daños sobre los mexicanos", argumentó el representante de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.

Según el diplomático ecuatoriano, México no debió llevar el caso ante la corte de La Haya porque se podía haber encauzado la crisis de forma bilateral, ni debió solicitar allí medidas provisionales para garantizar la seguridad de su embajada en Quito.

“México no cumplió con el requisito de agotar las negociaciones amistosas previas contempladas en el Pacto de Bogotá, como precondición para llevar el caso ante la CIJ”, declaró el embajador, quien señaló que la audiencia ante el tribunal internacional era "innecesaria y completamente injustificada" puesto que ya había dado "garantías" a México de que el asalto se trató de un acto "excepcional", por lo que no cabe decretar las medidas cautelares que solicita

"Estos acontecimientos fueron altamente excepcionales en naturaleza y sus circunstancias ya no existen hoy. Ecuador protege totalmente la embajada y las sedes diplomáticas de México como respeta y protege todas las de nuestra capital", aseguró.

“No existen amenazas” de nuevo asalto

Terán remarcó que "no existen amenazas" actualmente sobre las propiedades de México en Ecuador, al tiempo que "las insinuaciones por parte de México de que los tribunales ecuatorianos puedan decretar nuevas entradas en la embajada no tienen base en la ley ecuatoriana no hay evidencias ante el tribunal".

Explicó, en la misma línea, que su país estaba "dispuesto" a que estas garantías quedaran en escrito en una orden de la CJI, pero México rechazó a este "acto de buena voluntad" llevando el caso ante el organismo internacional "sin un objetivo real".

Por lo tanto, subrayó el diplomático ecuatoriano, “la solicitud mexicana (de medidas cautelares para proteger su embajada) es innecesaria e injustificada”.

La petición responde a la preocupación del gobierno Mexicano de un nuevo asalto a la embajada en Quito, que quedó abandonada tras el rompimiento de las relaciones bilaterales como resultado de los hechos del 5 de abril, en los que las fuerzas de seguridad ecuatorianas entraron de manera violenta a la sede mexicana para detener al ex vicepresidente Glas, refugiado allí y perseguido por la justicia.

En la misma línea argumental, Michael Wood, asesor jurídico de la Cancillería británica durante la guerra en Irak, fichado por el equipo de la defensa ecuatoriana, reiteró que el asalto a la embajada fue “excepcional, nunca antes había ocurrido y no ocurrirá jamás”.

Aseguró que “fue una acción con un único propósito: traer ante la justicia a Jorge Glas, condenado a 8 y 6 años de prisión por robo, soborno, corrupción y lavado de dinero”.

Fallo en tres semanas

Cerrada la vista sobre medidas cautelares los magistrados estudiarán los argumentos exhibidos. 

Al tratarse de una solicitud con carácter de urgencia que implica un riesgo inminente e irreparable, como sería el robo de documentos de seguridad nacional resguardados en la Embajada mexicana, la orden de la Corte se espera en unas tres semanas.