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La violencia y asesinatos que se registran contra candidatos a cargos de elección popular tiene el efecto de provocar que disminuya hasta en un 3% la participación ciudadana en los comicios del 2 de junio donde estarán en juego más de 20 mil cargos de elección popular entre ellos la Presidencia de la República, Senado, Cámara de Diputados, 8 gubernaturas y la Jefatura de la Ciudad de México.
Por cada agresión a un candidato o candidata a se registró una disminución de 1.3% en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar durante las elecciones del 2018 y 2021, y por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública la caída fue de 3 puntos porcentuales.
De acuerdo con el informe “Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, publicado como parte del proyecto Votar Entre Balas elaborado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, por cada ataque a candidatos sube casi 1% la ausencia de funcionarios de casilla y su sustitución por alguien de la fila para votar, pues el temor hace que desistan a realizar esa labor.
Además de afectar la asistencia de la ciudadanía a votar, la violencia también provoca que las personas que habían sido seleccionadas y capacitadas para ser funcionarias de casilla no se presenten y, como marca la ley, sean sustituidas por las primeras que se forman en la fila para ejercer su voto, acusó la Coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, Sandra Ley.
En ese sentido, por cada persona candidata o militante de partido atacada, hay un aumento de casi 1% de sustitución.
Un ejemplo de estas situaciones —agregó— es San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde la participación electoral bajó de 54% a 21% después de que durante el periodo electoral de 2018 hubo un ataque contra un regidor, pero en el de 2021 sumaron tres, contra la presidenta municipal y dos exfuncionarios de seguridad.
Además, la sustitución de funcionarios de casilla fue de 8.6% en 2021 —por arriba del promedio nacional, de 3.9%—.
Otro caso es Apaseo el Grande, Guanajuato, que tuvo una caída de la participación de 50% a 39% tras el asesinato de un candidato a regidor y dos militantes de partidos en 2021, y la sustitución de funcionarios de casilla subió de 12% a 19%.
Ley advirtió que con un menor número de funcionarios capacitados para contar votos, si hay un mayor número de sustituciones, se desdibuja ese elemento ciudadano, clave para la democracia mexicana.
Sin embargo, el riesgo es que conforme se desvanece la participación ciudadana en las elecciones, entonces el crimen organizado tiene aún más posibilidades de afianzar sus lazos con el aparato estatal y con el gobierno, advirtió.
Otro de los hallazgos fue que por cada ataque a funcionarios públicos, al año siguiente aumenta cinco puntos la tasa de homicidios en el municipio.
Como ejemplo, en Atoyac, Veracruz, el presidente municipal suplente fue secuestrado y posteriormente asesinado a principios de 2019, después de lo cual se disparó casi cinco veces la tasa de homicidios.
De las casi 1,400 víctimas registradas por Votar Entre Balas en el periodo de 2018 a 2023, un tercio han sido alcaldías, sindicaturas y regidurías.
“El interés de las organizaciones criminales está en el nivel local, ya que así es como construyen sus controles territoriales: localidad por localidad, para consecuentemente controlar municipios y regiones enteras”, señala el informe presentado.
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