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La Presidencia de la República impugnó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, aprobado fuera de plazo constitucional por la mayoría opositora de la Cámara de Diputados.
Asimismo y en virtud de la importancia de esta controversia, calificada por el Presidente Vicente Fox como histórica para el país, la Consejería Jurídica de la Presidencial pidió a la Corte habilitar los días del periodo de receso, para agilizar el procedimiento.
Ayer, al filo de las 9:34 horas, Carlos Aguilar Suárez, funcionario de la Consejería Jurídica de la Presidencia, presentó la controversia a la Oficialía de Partes de la SCJN, quien a su vez la turnó a la Unidad de Controversias Constitucionales de la dependencia.
Se espera que este miércoles el Poder Judicial determine si da entrada o no a la controversia constitucional, pues en caso de ser aceptada se tendría que suspender, temporalmente -en tanto se resuelve el fondo del asunto-, la aplicación de las partidas presupuestales impugnadas.
También se analiza la posibilidad de que la Sala Superior trabaje durante este periodo vacacional a fin de desahogar el tema. No obstante, en caso de que la SCJN considere que no es procedente, el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2005.
En el documento de 106 fojas (212 páginas), el consejero Jurídico de la Presidencia argumenta que al modificar partidas presupuestales y rechazar las observaciones del Presidente, la Cámara de Diputados violó ocho artículos constitucionales.
Con la infracción de los artículos 16, 26, 49, 72, 74, 89, 90 y 133, fundamenta la Presidencia, el Poder Legislativo vulnera el principio de división de poderes e invade la esfera de atribuciones exclusiva del Ejecutivo, como es el caso de asignaciones presupuestales específicas.
Pero además, añade que al incluir una serie de disposiciones que van más allá del contenido material del Presupuesto de Egresos, los diputados federales invadieron las competencias del Congreso General, violaron el principio de jerarquía de las normas y excedieron el contenido normativo incluido en el mismo presupuesto.
Las leyes que según Los Pinos son contravenidas por el presupuesto son: la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Planeación; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; Ley Federal de Radio y Televisión; Ley del Seguro Social; Ley General de Salud; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
El documento, dirigido a los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, integrantes de la Comisión de Receso de la SCJN, reclama declarar inválidos el acuerdo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados con el que rechazaron las observaciones enviada por el presidente Vicente Fox y los artículos que ilegalmente fueron modificados.
"Es de destacarse que la promoción de esta controversia debe entenderse como una forma de dar cumplimiento a la obligación que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene de guardar y hacer guardar la Constitución, según la protesta que prestó ante el Congreso de la Unión al asumir el cargo", precisa Daniel Cabeza de Vaca, a nombre del presidente Fox, en el capítulo VI del documento.
La Consejería Jurídica pidió a la Corte habilitar los días inhábiles correspondientes al periodo de receso, para agilizar el procedimiento. Por lo que se refiere al derecho de veto ejercido por los titulares del Poder Ejecutivo, señaló que en varias ocasiones el Presidente envió observaciones al presupuesto, las cuales fueron no sólo aceptadas, sino también aplicadas por los legisladores federales.
"El mecanismo de observar disposiciones presupuestarias no es novedoso, sino que simplemente dejó de utilizarse hasta la actualidad por las condiciones políticas imperantes de partido mayoritario", insiste.
Las partidas que el Ejecutivo quiere que se suspendan
De acuerdo con la controversia constitucional que presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación —de la cual se tiene una copia—, el presidente Fox solicitó la suspensión de las siguientes partidas:
1. Las órdenes de adquisición y mantenimiento relativas a la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, incluyendo equipo de refrigeración.
2. Las obras y adquisiciones relativas a la Biblioteca CCU de Jalisco; la seguridad en los museos y reposición de equipos del Museo de Antropología Carlos Pellicer de Tabasco; la asignación especial para el proyecto "Ciudad Inteligente" en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; las 43 instalaciones deportivas (albercas y canchas) en Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz; el Metro de Monterrey; los estudios de prefactibilidad y factibilidad del Metro del Estado de México; la infraestructura en educación especial del estado de Michoacán, y la orden de apoyar a la institución de naturaleza privada denominada la Entidad Mexicana de Acreditación.
3. La orden consistente en construir y modernizar 31 tramos carreteros que no forman parte de los corredores troncales contenidos en el Programa Sectorial y algunos corresponden a la red carretera estatal o municipal.
4. Los recursos del Programa Proyectos de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que sean ministrados a las entidades federativas de forma mensual, teniendo el carácter de subsidios, los cuales serán ejercidos por la dependencia que el Estado determine.
5. La orden para que Petróleos Mexicanos adopte a más tardar en los 45 días del año siguiente los sistemas de tecnología de punta que identifiquen los combustibles que suministra el mercado, so pena de sanción.
6. La orden para enterar al estado de Campeche la cantidad de 600 millones de pesos, en adición a los recursos que le corresponden del programa de apoyo financiero a las entidades federativas.
7. La orden para que se canalicen el equivalente a 140 veces la totalidad de erogaciones del Presupuesto 2005 y aproximadamente 31 veces el PIB del país, a la creación de un fideicomiso que financie el Forum Universal de las Culturas Monterrey 2007, en el estado de Nuevo León.
8. La orden para que se realicen obras y adquisiciones con recursos adicionales hasta por 500 millones de pesos para la Secretaría de la Marina para cubrir las necesidades de iniciar la construcción del Sector Naval de la Paz, Baja California Sur, en la Isla de Nepomuceno, así como la adquisición de cuatro lanchas interceptoras.
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