La autocracia del SNTE

En México uno de los secretos mejor guardados ha sido el manejo de las finanzas sindicales. En la era de la democracia imperfecta y la economía cerrada, el Estado y los sindicatos construyeron una relación clientelar que hizo de éstos una república libre y soberana. Los gobiernos intervenían frecuentemente en las designaciones de los líderes, los dejaban hacer a cambio de mantener una estricta estabilidad laboral y una puntual disciplina salarial, y no pedía cuentas de ningún tipo. Cuando la razón del Estado en turno exigía una purga, se procesaba con una razonable regulación del conflicto.
Con tales antecedentes no sorprenden las nuevas y escandalosas revelaciones de los subsidios, compensaciones y prestaciones —completamente injustificados y desproporcionados— que la SEP asignó al SNTE el año pasado y, de hecho, en todos los demás.
En efecto, el diario capitalino Reforma obtuvo, a través del IFAI, las cantidades que, en paralelo al pliego petitorio que presenta el sindicato magisterial a la autoridad educativa, entrega el gobierno, las cuales, en 2005, sumaron casi 900 millones de pesos a través de siete programas, algunos de ellos manejados discrecionalmente por la organización laboral. Dicho monto es independiente, desde luego, del aumento salarial y de otras prestaciones que se conceden anualmente. Pero con todo y lo alarmante que resulta que dicho contubernio —legal ciertamente, pero inmoral— se produzca sin ningún esquema de evaluación por resultados o de rendición de cuentas por parte del magisterio, esa información es apenas la punta de un iceberg mucho más grave como principio ético en sí mismo, más lesivo para las finanzas públicas y más desastroso para la democratización sindical. Veamos.

Los ingresos de los maestros mexicanos y de su organización sindical se componen básicamente de cuatro fuentes: a) salario directo; b) prestaciones diversas; c) apoyos extraordinarios mediante presuntos programas de apoyo, y d) cuotas sindicales. Los tres primeros, a su vez, se subdividen en dos fuentes: la federal y las estatales. Cada mes de mayo la llamada Comisión SEP-SNTE acuerda, en el ámbito nacional, un aumento salarial y en prestaciones, así como las entregas especiales mencionadas, y, por su parte, los gobiernos estatales suelen otorgar después aumentos adicionales en muchos de los mismos conceptos salariales que, previamente, la Federación ya ha incluido en el paquete anual.
La consecuencia es que, en comparación con sus homólogos de otras partes del mundo y con otros gremios de empleados públicos, los maestros son, a todas luces, los mejor pagados, y su sindicato, el más grande del país y de América Latina, el que recibe, ejerce y distribuye, con libertinaje absoluto, la mayor cantidad de recursos por concepto de cuotas sindicales.
Con su cinismo habitual, la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, y su camarilla, insisten en que los maestros están mal pagados. Pero la estadística salarial indica que mienten. Tan sólo a escala federal —es decir, sin contar lo que obtienen en lo estatal— los incrementos salariales de los maestros en los años recientes han sido muy superiores a otros gremios y muy bien compensados en relación con la inflación anual. En 1996, por ejemplo, obtuvieron 38.52% de aumento contra una inflación de 27.70%; en 1997, 33% vs. 15.72%; en 1998, 27% vs. 18.61%; en 1999, 20% vs. 12.32%; en el 2000, 15% vs. 8.98%, y en 2005 cerca de 7% de aumento frente a un 3.3% de inflación. Aunque algunos de esos incrementos probablemente compensaron las altas inflaciones del pasado, lo cierto es que los maestros han sido uno de los colectivos más beneficiados en términos reales. Más aún: ni la legislación educativa ni las prácticas de negociación usuales en la SEP han contemplado asociar dichos aumentos a evaluaciones independientes, a rendimientos o a resultados con lo que la base del acuerdo consiste, exclusivamente, en la largueza presupuestal de Hacienda, el miedo del titular de Educación y los gobernadores, y la voracidad sindical.
En segundo lugar, algunos estudios han probado que la relación entre mejores salarios y rendimientos escolares no es equivalente. Por ejemplo, en México el salario de los maestros está por encima del ingreso del resto de las personas: 1.77 veces en primaria y 2.25 en secundaria. En ese sentido, el estudio PISA 2000 muestra que en salarios frente a ingreso per cápita, el maestro mexicano de secundaria está en el segundo lugar, pero sus alumnos en el sitio número 21 en aprovechamiento.
El tercer problema es que una de las distorsiones de la descentralización es que ha generado una competencia perversa entre los estados en materia de arreglos salariales con el SNTE pues, una vez firmado el aumento nacional con el gobierno federal, el sindicato va a los estados a exigir un incremento adicional a cargo de cada gobierno local.
Con cifras de 2001 —y es difícil conseguir las cantidades integradas y actualizadas, pero es lógico que sean mucho más elevadas—, el promedio de días pagados a los maestros de educación básica en el país es de 466 al año frente a 200 días (o menos) que teóricamente laboran. Es decir, trabajan siete meses efectivos al año pero ganan casi 16 meses de salario, sin incluir otras compensaciones en monto fijo; su carga escolar, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, “incluye sólo, prácticamente, sus horas frente a grupo” y tienen al menos 90 días de vacaciones anuales.

Pero además, las diferencias de estado a estado son brutales. Entidades que aparecen en los peores lugares en las evaluaciones, como Chiapas o Oaxaca, pagaban 448 y 465 días anuales, respectivamente; en cambio, otros como el DF —que tiene los mejores indicadores— cubre unos 460 días al año, y otros más, en la mitad de la tabla, como Colima, asignan 515 días salariales al año. De no corregirse estas tendencias y establecer una política salarial común a todo el país, las finanzas públicas estatales entrarán al ya extenso catálogo de la crisis fiscal mexicana en muy corto plazo, el gasto corriente seguirá creciendo, no habrá margen para invertir en la calidad de la educación y México continuará con los pésimos indicadores de ahora.
Y el cuarto asunto, el más crítico y más sospechoso, es el de las cuotas sindicales: ¿Cuánto recibe el SNTE de la SEP y los estados? ¿Cuánto regresa a las secciones sindicales? ¿Cómo y en qué gasta el resto? ¿A quién le rinde cuentas? Hasta la fecha, dicha información está guardada bajo las siete llaves de la señora Gordillo y sus cómplices.
Según distintos grupos magisteriales de Michoacán, Veracruz, Jalisco o la Ciudad de México, entre otros, al SNTE ingresan, por cuotas sindicales, entre mil 126 y dos mil millones de pesos anuales, de los cuales el comité nacional, es decir, Gordillo, Rafael Ochoa y el secretario de Finanzas reintegran a las secciones un 30-35%. De los mil 563 millones de pesos que se obtienen promediando las cifras de ese rango, las secciones reciben unos 450 millones y la dirigencia nacional retiene unos mil 100 millones de los que dispone con entera discrecionalidad. Si a esto se añade que algunos de los fondos reportados por Reforma —como el fideicomiso de vivienda que fue de 100 millones en 2005— son manejados cabalmente por el CEN, bien de manera directa o a través de constructoras asociadas o incluso establecidas por líderes magisteriales, se entiende claramente el escándalo financiero que subyace en el SNTE y la celosa opacidad con que lo ocultan sus líderes.
Para efectos de transparencia y de democratización, este es el punto central: los maestros mexicanos, los padres de familia y, en realidad, los contribuyentes, deben y pueden exigir una completa e inequívoca rendición de cuentas a las autoridades del SNTE sobre el manejo de las finanzas. De otra forma, la más que probable corrupción en las filas sindicales seguirá siendo representando uno de los costos más graves para los propios maestros y, más aún, para la educación pública mexicana.

otto.granados@itesm.mx