Bueno, siquiera algo de reforma electoral

A las prisas, pues después de agosto otros se podrían colgar las medallas, la rimbombante Comisión Ejecutiva de Negociaciones y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA) presentó ayer en la tarde (después de escrito este artículo) un proyecto de reforma electoral, que será examinado por el pleno del Senado el 4 de septiembre y por la Cámara de Diputados el 6 del mismo mes, proyecto que, sí, contiene algunas propuestas importantes y necesarias; descarta, afortunadamente, otras que serían muy inconvenientes, y, ¡lástima otra vez Margarito!, no incluye disposiciones indispensables para acotar la partidocracia existente y perfeccionar verdaderamente el proceso democrático en México.
En esta reforma no podía faltar la inspiración de la máxima de la política mexicana de “aquí sólo mis chicharrones truenan”, pues nuestros políticos son expertos en no dejar madurar las instituciones, sino sujetarlas a constantes transformaciones e inventar nuevas a cada oportunidad, como ahora están haciendo con el joven y ciudadanizado Instituto Federal Electoral y sus instrumentos, como el padrón electoral (¿se pretende una nueva credencial de identificación general?). Con su habitual precisión, Raúl Trejo Delarbre analizó ayer en estas páginas la regresión en que incurre la propuesta de reforma con la renovación total del IFE, que compromete seriamente su autonomía, en lo que concuerdan muchos otros comentaristas.
Por cierto, no queda claro si se abandonó la
propuesta centralista (¿por qué los políticos en esta capital piensan que aquí siempre se hacen mejor las cosas que en los estados?) de hacer del IFE un Instituto Nacional de Elecciones que podría organizar, se dice que previa firma de un convenio, elecciones en los estados o municipios.
La reforma sí incorpora propuestas que van en la dirección correcta, como las muy necesarias medidas para evitar el dispendioso gasto electoral en este país, que termina, en un porcentaje muy alto, en la radio y televisión privadas:
Reducción de 50 por ciento de los gastos de campaña presidencial, y de 70 por ciento los de campaña de diputados y senadores, con reglas de transparencia y rendición de cuentas.
Que el financiamiento se determine en función de los porcentajes de votación de cada partido.
Reducir los tiempos de campaña presidencial de 150 a 90 días, y las precampañas a 60 días.
Reducción de los tiempos de campaña de diputados y senadores a 45 días, y las precampañas igual, 45 días.
Restricciones en los gastos de propaganda electoral en radio y televisión, con preferencia para utilizar los llamados “tiempos oficiales”.
Centralizar dichas contrataciones a través del órgano electoral responsable.
Que los partidos políticos, agrupaciones políticas y coaliciones sean sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
Además:
Posibilidad de homologar, unir lo más posible, los calendarios electorales en toda la República.
Establecer sanciones para la infracción a la norma, ya incluida en la legislación electoral, que impide a terceros la difusión en radio y televisión de mensajes publicitarios a favor o en contra de cualquier partido o candidato a puesto de elección popular.
Que sea más fácil conformar las coaliciones de partidos, con transparencia del grado de penetración de cada uno.
También:
Normas para evitar la promoción personal de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, disfrazada de propaganda institucional de obras o programas de gobiernos.
Este último punto sería ya un avance en relación a la situación actual, donde vemos que con la mayor impunidad gobernantes, legisladores, presidentes municipales, de todos los partidos, gastan en conjunto muchos miles de millones de pesos del erario público en propaganda de sus actividades, disfrazada de “comunicación social” y de difusión de la obra pública, con beneficios muy importantes para los medios de comunicación. Habría que insistir en el objetivo de prohibición absoluta, en todo tiempo no sólo en las campañas, de tal tipo de propaganda “institucional”, incluida la del Poder Judicial.
Se abandona, por suerte, y no se incluye en la reforma, pues no está el país para estos experimentos, una modificación al Artículo 81 constitucional para incluir la figura de “segunda vuelta electoral” en el caso de que ningún candidato en la elección presidencial alcanzara 51 por ciento de los votos. Quienes propugnan esta medida aducen que al pasar a una segunda vuelta los dos candidatos con mayor votación (pero menor del 51 por ciento), el ganador obtiene “mayor legitimidad”, pero es claro que sería una mayoría ficticia, con votos forzados para aquellos votantes cuyo candidato original no hubiera pasado a la segunda vuelta; eso sin contar el incremento en el abstencionismo en tales situaciones. Además, hubiera sido incongruente que ahora que por fin se hacen esfuerzos serios para reducir los gastos de las campañas electorales, se duplicaran los mismos con una segunda vuelta.
Por supuesto, los partidos no se hacen el harakiri, pues en la propuesta de reforma electoral no se menciona para nada el tema de la ciudadanización de la política, o sea la legislación necesaria para permitir candidatos independientes a las elecciones, con base en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de octubre de 2006 que restituyó a los ciudadanos el derecho fundamental establecido claramente en el artículo 35, fracción II, de la Constitución General de la República, de ser votados sin intervención de partidos para todos los cargos de elección popular, con lo cual los partidos tendrían que ser más consecuentes con sus doctrina y programas para ganarse adeptos y ser menos proclives al maniobreo de las elites partidarias.
En la “consulta ciudadana” realizada por la CENCA, para taparle el ojo al macho, pues todas las propuestas se negociaron cupularmente, este tema de las candidaturas independientes fue asimismo echado a un lado.
No entran tampoco en esta reforma electoral, aunque amenazan con meterse en el siguiente paquete de la “reforma del Estado”, las propuestas radicales de cambio de régimen de gobierno, orientadas sobre todo a debilitar al Poder Ejecutivo, como son las de instituir un sistema semipresidencial, o un “gobierno de gabinete”, con un jefe del mismo, así como la censura a secretarios de Estado por el Congreso, con la consecuente renuncia del censurado. Esperemos que no prosperen, y que en ese futuro paquete de reforma los legisladores se concentren en propuestas de fondo, tales como reducir el número de senadores y diputados, permitir su reelección, ampliar los periodos ordinarios de sesiones, racionalizar las comisiones de trabajo de las Cámaras, regular el cabildeo en el Congreso.
Porque nos centramos demasiado en las formas, como fue el caso de la absurda discusión sobre el “formato” del informe del Presidente de la República, que no es el fondo de la cuestión. El diálogo y la relación del Poder Legislativo con el Ejecutivo no se agota en la aritmética desigual de 1 contra 628, como pudiera parecer a algunos parlamentaristas despistados; esa es apenas una ceremonia, un acto simbólico; el verdadero “diálogo entre poderes” es la conducción política eficiente y productiva para el ciudadano, es el análisis conjunto de hacia dónde va la Nación, de las necesidades más apremiantes de esta colectividad llamada México, de las mejores formas de solventarlas, de la elaboración de leyes sabias conjuntamente preparadas.

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