Sucesión en la UNAM. ¿Fue la última vez?

El pasado martes, la Junta de Gobierno de la UNAM designó a José Narro Robles rector de la máxima casa de estudios, mediante un procedimiento cerrado que data de 1945 y que fue producto de una intervención presidencial.
Cuando el presidente Felipe Calderón acudió al Congreso el primero de septiembre a entregar su primer informe de gobierno, a todo mundo, partidos, gobierno, sociedad civil, le quedó clara una cosa: fue la última vez que lo hizo de esa manera.
El formato para la presentación del informe presidencial, herencia del régimen priista totalitario, entró en un proceso de desgaste paulatino y desde el año pasado ya había recibido su certificado de defunción.
No hay en este momento una sola voz que defienda el actual formato, establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que impide un diálogo entre poderes y sí en cambio facilita ya sea el culto a la personalidad o la defenestración de la figura presidencial.
En el caso de la UNAM, cada que hay un proceso de sucesión surgen voces en el sentido de que el método para la designación del rector, establecido en la Ley Orgánica de la Universidad, es antidemocrático y facilita la intromisión del gobierno o que el rector saliente nombre en los hechos a su sucesor.
Esta vez la elección de José Narro Robles se llevó a cabo sin sobresaltos, salvo el intento de incendiar la puerta de la rectoría por parte de un grupo de estudiantes el pasado jueves.
Pero nada garantiza que las elecciones subsecuentes sean también de terciopelo. Por eso no estaría mal que la comunidad universitaria, los legisladores y la sociedad en general, entraran en un proceso de reflexión sobre la conveniencia de revisar la legislación.
El actual método de elección del rector fue producto de una crisis que vivió la UNAM en 1944, cuando el Consejo Universitario había nombrado a un rector: José Aguilar Álvarez, y un “directorio” de profesores a otro: Manuel Gual Vidal.
Para solucionar el conflicto, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, mandó llamar a los dos “rectores” y les propuso la designación de una junta especial integrada por los ex rectores que había tenido la Universidad desde 1929. Esta junta nombró rector a Alfonso Caso el 14 de agosto de 1944.
En diciembre de ese año fue aprobada la nueva Ley Orgánica de la UNAM, con el rechazo de los estudiantes. El nuevo ordenamiento creó la Junta de Gobierno integrada por 15 universitarios distinguidos, que tendría la facultad exclusiva de nombrar al rector.
El Consejo Universitario perdió esa atribución y otras de relevancia que tenía y fue relegado a cumplir únicamente funciones técnicas y de organización.
La Ley Orgánica, vigente hasta la fecha, otorga en su artículo 9 el carácter de “jefe nato de la UNAM” al rector, y le confiere facultades para vetar las resoluciones del Consejo Universitario.
La intervención presidencial de 1945 que llevó a cancelar los mecanismos de participación democrática que hasta entonces tenían los profesores y estudiantes en la conducción de la UNAM terminó con la crisis de ese momento.
Han pasado 62 años de esa intervención y quizá ha llegado el momento de preguntarse si existen las condiciones para que la UNAM abra sus procedimientos a una mayor participación de la comunidad universitaria, sin desbaratarse en el intento.
Hay quienes sostienen que sería un error abrir el método de elección del rector, porque las responsabilidades que tiene quien asume este cargo son de gran relevancia para el país y los integrantes de la comunidad universitaria no necesariamente van a votar por la persona más preparada.
Argumentos similares esgrimían quienes durante años defendieron el hecho de que el gobierno organizara las elecciones, porque si se ponía la organización en manos de los ciudadanos, el país entraría en el caos.
Quizá lo más conveniente para todos sea empezar a debatir el tema sin prejuicios, sin dogmas, sin filias, sin temores infundados y sin posturas predeterminadas, con la mira de fortalecer a nuestra máxima casa de estudios.

OFF THE RECORD

**Este martes no habrá que despegar los ojos del Senado. Los integrantes de la Comisión de Energía descubrieron que durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, los diputados hicieron trampa y nulificaron en los hechos los efectos del cambio al régimen fiscal de Pemex que el Congreso había aprobado apenas en septiembre de este año.
Habrá reclamos para los diputados de todos los partidos y para la Secretaría de Hacienda, porque nuevamente dejaron a Pemex sin dinero.
**Este expediente envía sinceras felicitaciones al periodista Jorge Tenorio por su programa de radio Uniendo voces, que se transmite por el 10.20 de Univisión Radio y en el que fundamentalmente habla de la problemática de los migrantes.
¡Enhorabuena!

expedientepolitico@yahoo.com.mx