Partidos chicos, no “partidos niños”

Comentábamos hace algunas semanas, al analizar los resultados de las más recientes elecciones locales, que los partidos pequeños (o “emergentes”, como les gusta llamarse), a pesar de que no habían crecido electoralmente mayor cosa, cobraban un valor estratégico creciente, en la medida en que el mosaico político nacional aparecía cada vez más plural y diferenciado. El peso de sus pocos votos se hace relevante, en la medida en que ayudan a definir elecciones cerradas.
Esto ha permitido a varios partidos pequeños tener un poder de negociación superior a su convocatoria ciudadana, y ha contribuido a crear una actitud ambivalente de parte de los partidos grandes.
Por una parte, PAN, PRI y PRD quieren mantener la hegemonía en el sistema político nacional, y ponen barreras al crecimiento de la “chiquillada”. Por la otra, se saben crecientemente dependientes. Esta tensión se ha expresado en la discusión de las nuevas reglas del Cofipe, que ha presenciado una auténtica rebelión de los emergentes, preocupados en la posibilidad de perder su registro si no llegan al ansiado dos por ciento de la votación.
Considero que los partidos pequeños tienen razón en su lucha por una mejor distribución de los recursos públicos y de los tiempos en radio y televisión. Y que no tienen razón en su pretensión de seguir manteniendo el registro a través de la negociación cupular, y no por medio de la voluntad soberana del electorado.
En términos político-electorales, un partido alcanza la mayoría de edad cuando obtiene por sí solo, a través del voto, el refrendo de su registro. Todas las agrupaciones representadas hoy en la Cámara de Diputados lo han hecho en algún momento de su historia. Esto significa que en algún momento han tenido la suficiente implantación entre los ciudadanos como para vivir sin el subsidio de otro partido.
Lo que ha sucedido después, en cuatro de los seis partidos, es un proceso en el que se han vuelto dependientes de las alianzas, ya que —indefectiblemente— logran tener, por vía de la negociación, más representantes y mejor acceso a los recursos públicos. Basta ver, por ejemplo, el caso del PVEM, que en el 2006 logró aumentar considerablemente sus curules y escaños, a pesar de que la alianza electoral en la que participó fracasó de manera rotunda. El aliado mayor, en este caso el PRI, pagó con creces los platos rotos de su candidato presidencial.
Algo similar ha sucedido con el PT y Convergencia, compañeros de camino del sol azteca, cuya representación en el Congreso —y su respectiva tajada del pastel presupuestal— equivale al doble o al triple de su máximo histórico cuando compitieron en solitario.
Querer perpetuar esta situación reproduciría para los años futuros el esquema de “partidos satélite” que caracterizó al sistema político mexicano durante la época del “partido prácticamente único”. Sería, además, un aliciente para mantener la partidocracia, en la medida en que las decisiones de las burocracias partidistas pesan más que las de los ciudadanos electores a la hora de repartir las representaciones. Además, es un incentivo perverso para restringir la autonomía de los partidos pequeños, que muchas veces, en aras de la conveniencia “pragmática”, dejan de lado sus principios, con tal de no quedar mal con el aliado grande en turno.
En otras palabras, tal y como están las cosas, los partidos chicos no sólo venden muy caro sus escasos votos, sino que también venden —creo que muy barato— una parte sustancial de su autonomía. No parece un esquema sano para consolidar una democracia plural.
A diferencia de la opinión mayoritaria entre la población, creo que al país le hace bien tener muchos partidos registrados. Es mejor que haya muchas opciones de voto, y que haya voces plurales en los congresos. La cultura política de nuestro país se presta a esa diversidad, y nos aleja del peligro del bipartidismo… o peor, del unipartidismo (veáse, por ejemplo el buen papel que han jugado los partidos menores en la ALDF).
Pero esto no significa que debamos avalar un supuesto derecho a negociar más votos que los que realmente consiguen. Está bien que sobrevivan y que no los atosiguen, pero no que hagan negocio a nuestras espaldas.
No es un asunto de moralina, sino de eficacia política de la democracia y de hacerla verdaderamente representativa. Los votantes que sufragan por los partidos menores —y yo me he contado entre ellos en distintas ocasiones— tienen el derecho a escoger una opción diferenciada, la que los representa a ellos, y no a un adlater de un partido grande. Quienes votan por los partidos grandes, por su parte, tienen el derecho a que su voto no se traspase, por una decisión de la dirigencia, a un partido ajeno.
Si queremos dar el paso a una democracia madura, hay que asumir que los partidos políticos lo son. Que la “chiquillada” lo es sólo de tamaño (un tamaño cuyo crecimiento depende sólo de los electores). No son “partidos niños” que tienen que vivir eternamente bajo la tutela de los mayores. Sólo si les cortan el cordón umbilical, aquellos con vocación de futuro se desarrollarán saludablemente, accederán a más posiciones de poder y contribuirán al fortalecimiento de nuestra democracia.
En resumen, ni obstáculos insalvables o barreras muy altas a la entrada, ni proteccionismo de pandilla. Se requiere que la legislación facilite la supervivencia de las opciones menores, pero que no patrocine la simulación y las convierta en un engaño a los ciudadanos o en un bazar de compraventa de apoyos políticos.

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