Morales consuma autogolpe tras aprobar Constitución sin contar con oposición

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se salió finalmente con la suya en su larga batalla contra la oposición por la redacción de la nueva Carta Magna, al aprobar, artículo por artículo y por primera vez con una mayoría indígena, una nueva Constitución hecha a su medida gracias a que no avisó a tiempo a los legisladores no oficialistas.
La ausencia del principal partido de la oposición, Podemos, permitió que los diputados seguidores de Evo Morales sumaran los dos tercios de los votos necesarios para que fueran aprobados los nuevos artículos constitucionales.
A la convocatoria acudieron 164 asambleístas, mientras que los 91 restantes, de la oposición, denunciaron que no fueron informados con 24 horas de antelación, como exige la normativa, y no llegaron a tiempo, como denunció el líder opositor de derecha, Jorge Quiroga.
El golpe de mano del gobierno se completó convocando la Asamblea Constituyente en Oruro, una ciudad “fiel” a Evo, y no en la “rebelde” Sucre, que exige la capitalidad del país.
Quiroga, que fue presidente de Bolivia entre 2001 y 2002, adelantó que su partido, la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), va a acudir “a todas las instancias” necesarias para denunciar la forma en que se aprobó el texto constitucional.
Amenazas de muerte. José Antonio Aruquipa, constituyente de Podemos, aseguró que él y algunos de sus compañeros que entraron al recinto para denunciar que la sesión era “ilegal” fueron insultados, agredidos y amenazados de muerte.
El proyecto de nuevo texto constitucional tiene 411 artículos, que fueron leídos en cinco bloques temáticos y después votados a mano alzada y sin apenas debate, aunque todavía falta su ratificación en referendo.
La norma ya fue aprobada en primera instancia el pasado 24 de noviembre en un colegio militar de Sucre, sede oficial del foro, sin representantes de la oposición y en medio de disturbios que causaron tres muertos y 300 heridos.
Una sola reelección. El texto consagra y aumenta los derechos de los pueblos indígenas bolivianos —Morales pertenece a la etnia aimara— y contempla la reelección presidencial por un periodo adicional, no de forma indefinida como había propuesto el oficialismo originalmente.
Con esta reforma, el mandatario podría gobernar hasta 2018 en dos nuevos periodos de cinco años, si vence en las elecciones que se convocarán tras la entrada en vigor de la futura Carta Magna.
Durante el proceso de aprobación en detalle, el artículo referente a la definición de latifundio no logró los votos necesarios y, por el momento, será el único que se consultará a la población en un referendo anterior al del proyecto constitucional.
Artículos polémicos. Hubo problemas con dos artículos más, que fueron reconsiderados una vez finalizada la aprobación en detalle, en medio del descontento de los asambleístas de la fuerza opositora centrista Unidad Nacional (UN) y de la confusión de otros.
Uno de los artículos, el 6o, establece que Sucre es “capital oficial de Bolivia”, pero no recoge la propuesta de trasladar el gobierno y el Parlamento desde La Paz a esa ciudad.
Además, el artículo 125 señala que se considerará “traidores a la patria” a quienes promuevan acciones de desintegración territorial o de cualquier manera atenten contra la unidad del país.
A diferencia de los asambleístas de Podemos, los de UN sí participaron en la sesión celebrada en Oruro, pero se abstuvieron o votaron en contra de casi todos los artículos y denunciaron reiteradas violaciones al reglamento del foro.
La nueva Constitución refuerza la línea de nacionalizaciones de Morales e incluye regulaciones a los medios de comunicación.