El Congreso quiere gobernar

El Congreso mexicano termina el año como el patrón indiscutido del escenario político. Dominado por los líderes de los tres principales partidos y unos cuantos de sus adláteres, ha legislado sobre temas importantes para la vida nacional: La reforma fiscal, la del ISSSTE, la electoral, la judicial, pero la percepción que deja es que los dirigentes están respondiendo más a sus intereses particulares y al predominio de sus partidos y menos a las preocupaciones de la ciudadanía, entendida ésta en toda su complejidad.

Además, está la confusión generada sobre el rumbo de la democracia mexicana. Nuestro régimen de gobierno estableció la institución presidencial como forma de dar fuerza, unión y coherencia a la administración gubernamental de este país, en un equilibrio dinámico con el Legislativo y el Judicial, pero cuando el Congreso quiere gobernar, 628 individuos buscan imponer a la nación sus propias prioridades, partidarias, personales o las derivadas del iluminismo de algunos de sus asesores, mismas que, al contrastarse con las propuestas del Ejecutivo, dan por resultado una falta de sentido de dirección política, de propósito hacia objetivos nacionales, al mismo tiempo que se genera desconcierto acerca de las reivindicaciones de los varios grupos sociales, se vulneran sin preocupación libertades básicas y se hace tabla rasa de las diferencias y autonomías regionales.

El problema radica en que el Poder Legislativo busca gobernar con los instrumentos de que dispone: a golpe de leyes, tratando todo el tiempo de hacer ley tras ley, reforma tras reforma (“Todo se deforma en el nombre de la reforma”, dice Rafael Cardona), cuando lo que este país necesita es hacer más eficiente la operación de la administración, producir resultados con el sistema institucional y legislativo de que ya se dispone, aplicando a cabalidad las leyes ya en vigor en lugar de estar inventando cada vez nuevas soluciones, como lo demuestra el affaire de la renovación del IFE.

Pero, ¿qué van a hacer entonces los diputados y senadores para no estar legislando todo el tiempo disponible, para que dejen de ser el “constituyente permanente” que ahora se creen? Lo adecuado y conveniente es… que se acerquen al electorado, la más importante de sus responsabilidades, que pasen más tiempo estudiando los problemas concretos en sus circunscripciones, que evalúen de cerca los problemas que enfrenta la ciudadanía, distrito por distrito, sector por sector, actividad por actividad, para que terminen ya con las reformas y todos podamos dedicarnos a trabajar y hacer más eficiente la operación política y económica del país.

Es necesario que el Legislativo, en particular la Comisión Ejecutiva de Negociaciones y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), haga a un lado ya el propósito de lograr un cambio de régimen de gobierno, algo que no es prioridad de la sociedad mexicana en este momento, ni existe la correlación de fuerzas políticas para lograr un buen resultado. Si con un sistema presidencial el Congreso quiere gobernar, con las consecuencias que hemos visto, ¡qué nos podríamos esperar de un “gobierno de gabinete”! El partido del presidente Calderón tiene la responsabilidad de parar de una buena vez esta inútil pretensión.

Se habla también de la reforma laboral y la energética como “las reformas pendientes”, pero, ¿es en realidad una reforma lo que se necesita en esos dos sectores para responder a las necesidades de México? Me parece que difícilmente, pues el marco jurídico institucional en ambos es el adecuado y lo que se está requiriendo es, otra vez, el respeto a la ley y el castigo ejemplar de sus transgresiones, el fin de los conflictos de intereses, de los amiguismos y tráficos de influencias, de las ineficiencias en la operación, de la protección indebida del cumplimiento de obligaciones al que más tiene.

La reforma laboral tiene que tener en cuenta en primer lugar que, para bien o para mal, México no es China ni la India; nuestros trabajadores aspiran a las reivindicaciones que la tradición cultural occidental ofrece al factor trabajo y no las precarias condiciones laborales, las espartanas condiciones de vida ni el desdén por la contaminación del entorno que aquellas naciones producen, aquejadas por una sobrepoblación impresionante.

Así, el objetivo de la reforma laboral debe ser, como lo planteó el secretario del Trabajo, Javier Lozano, el 27 de noviembre pasado durante la presentación del Plan Sectorial Económico: “Una reforma laboral orientada hacia la competitividad y productividad, que al mismo tiempo preserve los derechos individuales y colectivos plasmados en el artículo 123 constitucional”, ni más ni menos.
Sí, hay que aumentar la competitividad y la productividad, pero la tercerización o outsourcing no debe ser medio para escamotear las prestaciones establecidas, en violación de las leyes laborales.

¿Los costos de las prestaciones de trabajo son muy altos u onerosos para algunas empresas? Revísense los mecanismos de afiliación al IMSS; asegúrese la transparencia y la democracia sindicales; que el trabajador porte su antigüedad de un empleo al otro; véase cómo se establece y financia una infraestructura común de salud, que abarque IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, seguros estatales. Los trabajadores en México necesitan estabilidad en sus empleos, por lo que no deben estar contratados, simuladamente, como “trabajadores de confianza”, “prestadores de servicios profesionales” o “por honorarios”, sin relación laboral reconocida.

Lo anterior requiere sólo la afinación de leyes o reglamentos existentes, no una reforma tipo “ley Abascal”.

La Comisión de Energía del Senado plantea como objetivos de la reforma en el sector, la seguridad energética; mantener la producción petrolera; evitar el colapso de las finanzas públicas; dar mayor valor agregado; generar empleo en la transformación; no exportar petróleo crudo ni importar gasolinas. Eso está muy bien, y es claro que dicha “reforma” ha de procurar en esencia un sistema de explotación eficiente y productiva del petróleo; que Pemex conserve para sí y para el desarrollo nacional la mejor parte de la renta petrolera y que asegure la eficaz transferencia de recursos de un sector a otro, sin que estos elementos tengan que ver con ninguna alteración profunda del esquema legal vigente, en particular la modificación del artículo 27 constitucional, ni con la privatización del sector. Ya la privatización y extranjerización de la banca han demostrado las falacias de sus supuestos beneficios al consumidor.

El desarrollo productivo de Pemex depende en mucho de cómo vaya funcionando la reforma fiscal y administrativa del gobierno. Si ésta hace posible que, a través de impuestos pagados, las grandes empresas aporten efectivamente mayores recursos, que se canalicen honesta y eficientemente a los sectores desfavorecidos, entonces Pemex podrá disponer para sí de las inversiones tan necesarias del capital que ahora se ve obligado a transferir al gobierno.

La pesada carga de la corrupción en la empresa paraestatal tiene que desaparecer, y eso sólo tiene que ver con la aplicación de la ley y una contraloría cabales. Es primordial que no se siga repartiendo alegremente la renta petrolera en contratos a precios infladísimos, de servicios y arrendamientos muy diversos, de “intercambios tecnológicos”; que el sindicato de Pemex sea democrático y transparente y transparentes sus relaciones con la empresa; que los trabajadores no sindicalizados que laboran en la industria, así sean subcontratados, tengan no canonjías sino las prestaciones a que tienen derecho.

Algo que prácticamente no se menciona en la “reforma energética” es todo lo mucho que México tiene que hacer en materia de utilización racional de la energía. En 1973, cuando los países industrializados se enfrentaron a la OPEP, desarrollaron un esfuerzo sin precedentes para ahorrar petróleo, para hacer eficiente su uso con el apoyo del avance tecnológico. Cuando en México se agotan las reservas por falta de exploración, y cuando crece el consumo del aparato de transporte e industrial, estamos en la misma tesitura, por lo que si nos pusiéramos una meta ambiciosa de ahorro energético, se contribuiría en mucho al esfuerzo de racionalidad y ordenación en los otros rubros de la “reforma”.


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