Transparencia internacional

ESPAÑA: A finales del mes pasado, el PSOE, partido en el poder (y en campaña) añadió a su programa electoral la propuesta de impulsar una nueva Ley de Acceso a la Información Pública con el objeto de que los poderes públicos garanticen a todos los ciudadanos el libre acceso a la información atesorada por las distintas administraciones. Resulta que en el país ibérico no hay, a la fecha, una norma unitaria que regule la materia de manera amplia aún cuando lo ordena su constitución en el numeral 105: “La Ley regulará… el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.
Según la edición 2006 de la encuesta “Libertad de Información alrededor del mundo” (que la organización Privacy International, con sede en Londres, realiza año con año desde 1990 y cuyo consejo asesor cuenta con 75 miembros de 35 países) España cuenta con tres cuerpos legales dispersos para garantizar de manera asistemática el acceso a la información. Con la nueva ley que promueve el PSOE se crearía además de una norma unitaria, una autoridad independiente elegida por el Congreso, que velaría por el cumplimiento de dicha norma.
ESTADOS UNIDOS: El último día de 2007, el Presidente Bush firmó y promulgó la ley conocida como Open Government Act (Ley del Gobierno Abierto) que es la más reciente y radical reforma en más de una década de su pionera ley de 1966 conocida como Freedom of Information Act —FOIA— (Ley de Libertad de Información).
Según los especialistas y la prensa norteamericanos, esta reforma le ha dado dientes a la ley, forzará a la burocracia a responder a las solicitudes de acceso a documentos públicos y reducirá el terrible rezago en el que la autoridad se escuda para denegar a los peticionarios su derecho al acceso. La reforma colma las lagunas legales previas y facilitará la obtención oportuna de documentos federales.
La sección 6 de la reforma es admonitoria. Establece que si las agencias no responden a los 20 días, deberán abstenerse de cobrarle al peticionario las cuotas o costos de la búsqueda y la reproducción del documento solicitado, lo que impactará directamente a sus presupuestos, que es donde más les duele a las burocracias.
Según la iniciativa, el texto legal restaura límites temporales para responder asegurando que el período de 20 días, corra a partir de la recepción de la solicitud y no cuando la autoridad empieza la búsqueda. Además, el texto abarca documentos oficiales aún cuando estén en poder de contratistas o proveedores privados y ordena establecer un sistema telefónico o por internet mediante el que el interesado pueda vigilar el estado de su solicitud.
En su análisis, los autores de la reforma señalan que la FOIA enfrenta retos inéditos. Que durante los últimos 6 años el gobierno federal ha permitido un cumplimiento laxo de la ley y una creciente obsesión por la secrecía y por debilitar el derecho a saber. Que uno de los principales problemas de la FOIA son los enormes retrasos a los que se enfrentan los solicitantes y que según una ONG especializada, existen solicitudes sin respuesta desde 1989. Que mientras el número de peticiones sigue creciendo, las agencias federales siguen sin poder o sin querer atender la demanda.
Que recientemente la oficina de rendición de cuentas gubernamental demostró que las agencias tienen 43% más de solicitudes que en 2002 y que a pesar de una orden directa de Bush, no han mejorado sus servicios y que las peticiones tienden a la no respuesta cada día con más frecuencia. Finalmente, según otra ONG del ramo, la posibilidad de recibir al menos una parte de lo solicitado cayó en 31% en 2006.
Los dos casos nos dejan lecciones importantes a los mexicanos. Mientras que el español nos refuerza la certeza y el orgullo de que tenemos norma y autoridad de vanguardia en la materia, el norteamericano nos permite avizorar derroteros en el diseño de la nueva Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFAIPG) a la que obliga la reforma constitucional de julio de 2007.
BIBLIOTECA: Desde hace tres lustros, Larry Diamond es uno de los principales investigadores de la evolución y consolidación de la democracia en el mundo. Cuenta con varias de las principales obras en la materia: “La resurgencia global de la democracia”, “Consolidando las democracias de la tercera ola” y “Analizando la calidad de la democracia”.
Hace un mes publicó su más reciente título: “El Espíritu de la Democracia. La lucha por crear sociedades libres en el mundo” y afirma que una de las principales medidas para combatir el retorno al autoritarismo es la rendición de cuentas horizontal que desglosa en 9 elementos y el primero de ellos es de orden superior actualmente: el derecho a la información. Le siguen Estado de Derecho, autoridad electoral neutral e independiente, agencias anticorrupción, ombudsman, auditoría superior, comisiones parlamentarias de investigación, sistema judicial y órganos reguladores.

sergioj@gonzalezmunoz.com