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A nombre de Fernando Martí, su familia creará la Fundación Fernando Martí para coadyuvar con otras organizaciones en la lucha contra la impunidad y apoyar propuestas inteligentes en el combate contra delitos contra el secuestro, así como comprometer al gobierno Federal y capitalino a implementar controles efectivos que se signifiquen en medidas permanentes.
“La impunidad en México nos está destrozando…en nuestro país ha habido muchos Fernandos y ha habido muchas reacciones, pero también se han olvidado. Hay que frenar la impunidad, que nuestra autoridad tenga un alto índice de aprehensión y de juzgamiento y sentencia, eso es lo que debemos hacer ”, afirmó el padre de Fernando, Alejandro Martí.
Destacó que el objetivo de dicha fundación será “recibir y apoyar propuestas inteligentes. El propósito es que con el tiempo tengamos las mejores leyes para combatir a la impunidad y los delitos cobardes como es el secuestro”, anunció.
En conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la fundación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, Alejandro Martí dijo confiar aún en las instituciones policiales en la búsqueda de justicia en delitos como el secuestro.
“Tengo confianza en que la parte buena de la policía, la procuración de justicia, los descubra y los castigue tengo la completa seguridad”, dijo en torno a los delincuentes que secuestraron y asesinaron a su hijo.
Alejandro Martí señaló que no se debe perder la confianza en las instituciones policiales, a pesar del involucramiento de ex policías o agentes de seguridad en activo, con el crimen organizado.
“Falta dignificar nuestros cuerpos policiacos, mejorarles sus condiciones de trabajo, sus sueldos y que la policía sea de carrera”, apuntó.
Por su parte, Morera exigió una reunión entre el presidente Felipe calderón Hinojosa con Marcelo Ebrard Casaubon, gobernadores, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los presidentes de las Cámaras del Congreso, en un plazo máximo de 30 días, para que escuchen a la sociedad y tomen la decisión de Estado de reducir los altos índices de secuestro.
Asimismo, propuso cinco acciones concretas encaminadas a lograr un eficaz combate al delito de secuestro:
Creación de un Observatorio Ciudadano del Secuestro; Definición de una Estrategia Nacional de Combate al Secuestro; Expedición de una Ley General Antisecuestro; construcción de un Reclusorio de Máxima Seguridad, especializado para secuestradores y reglamentación del uso de telefonía celular.
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