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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer una recomendación dirigida al procurador Eduardo Medina-Mora; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y al presidente de la Gran Comisión del Congreso de ese estado, Herminio Cuevas por el caso de Brad Will, el reportero estadunidense que murió durante la realización de sus actividades de cobertura informativa del conflicto social en 2006.
El organismo señaló que en la investigación del caso, servidores públicos tanto federales como estatales incurrieron en irregularidades, lo que derivó que el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica y al debido acceso a la justicia —por parte de los familiares de la víctima— se vieran vulnerados.
La CNDH inició una queja de oficio y la indagatoria correspondiente por los sucesos ocurridos el 27 de octubre de aquel año.
Como resultado de esas investigaciones se confirmó que el deceso del periodista fue provocado por dos impactos de arma de fuego disparados por un solo agresor, quien de frente y a una distancia entre 35 y 50 metros realizó los disparos.
La Comisión advirtió que sin afán de intervenir en la investigación pericial o jurídica de la autoridad correspondiente, se desprenden algunas observaciones sobre irregularidades en la integración del proceso.
En el caso del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca se omitió “recabar testimonios y realizar interrogatorios completos a los policías consignados”; tampoco se localizaron a testigos y a personas relacionadas con los hechos, faltó hacer una “adecuada descripción, preservación y cadena de custodia de las ropas del agraviado”.
Además, dicha instancia soslayó describir los indicios de la playera del comunicador y de la cobija en la que iba el cuerpo y también incumplió en la ubicación y localización de los vehículos involucrados o dañados durante los acontecimientos.
Por su parte, advirtió el organismo, el peritaje de la Procuraduría estatal determinó, sin fundamento, la hora del fallecimiento, incurrió en confusiones en la localización anatómica de las lesiones, realizó una necropsia incompleta y una descripción vaga de las heridas.
Asimismo, no se aplicaron adecuadamente las pruebas de balística y se concluyó erróneamente el calibre de las balas.
Todas estas anomalías, agregó, dieron como resultado conclusiones erróneas e imprecisas, toda vez que, por su parte, los peritos de la Procuraduría General de la República “realizaron dictámenes aislados, ya que no realizaron un análisis interdisciplinario que integrara todos los indicios, evidencia y elementos de prueba que coadyuvaran a probar la mecánica y dinámica de las lesiones que ocasionaron la muerte de Brad”.
Precisó también que al contar con dicha información, las autoridades de Oaxaca vulneraron el derecho a la información, ya que fueron datos imprecisos los que de inicio se dieron a conocer a la opinión pública.
Por tales razones, la recomendación pide al procurador estatal instruir al agente del MP agilicen las investigaciones y se realicen diligencias tomando en consideración los elementos aportados por Internacional Forensic Program de Physicians for Human Rights y la propia CNDH para “determinar en forma clara, objetiva, integral y colegiada la mecánica y dinámica de las lesiones” que derivaron en la muerte del agraviado.
Al gobierno de Ulises Ruiz se le solicita ordenar la investigación de responsabilidad por personal ministerial y policial que integró la averiguación previa 1247/C.R./2006 por omisiones y deficiencias.
Y al presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal le pide girar instrucciones al entonces presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente, por la “omisión en proporcionar la información solicitada por la CNDH”, concluye el comunicado. |
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