El derecho a especular

De acuerdo con información difundida, entre el domingo 2 y el lunes 3 del presente mes, se registró la jornada más sangrienta contra el crimen organizado en lo que va del año, al contabilizarse un total de 58 muertes relacionadas con la delincuencia organizada en diversos estados del país.

Lo cierto es que la mayoría de nosotros relegamos esa información a un segundo o tercer plano, debido, en primera instancia, a la expectativa que generó la elección presidencial en los Estados Unidos y, luego, a la sorpresiva y lamentable muerte de Juan Camilo Mouriño, de José Luis Santiago Vasconcelos, y de otras personas, muchas de ellas en tierra, al desplomarse el avión en el que viajaban sobre la ciudad de México. Pero lo cierto es que el gran número de ejecuciones ocurridas a casi dos años de que Calderón asumiera la Presidencia de la República (más de seis mil) obliga de nueva cuenta a cuestionar la estrategia del gobierno federal en materia de combate al crimen organizado.

Ante ello, hay que insistir en la necesidad de discutir seriamente todas esas propuestas relacionadas con la legalización de las drogas, pues es claro que la guerra contra el narco no se ganará con más armas, dinero, policías o soldados. La guerra contra el narcotráfico sólo se ganará en la medida en que se termine con el gran negocio que supone la venta ilegal de drogas, y por lo tanto hay que legalizarlas todas.

Es tiempo de revisar la actual estrategia del gobierno federal de combate al crimen organizado y de mantener presente el dato actualizado del número de ejecuciones que se han llevado a cabo en los últimos ocho años, y de hacernos seriamente la pregunta de ¿Cuántas ejecuciones hacen falta para discutir la regulación del mercado de drogas?

Pero la realidad es que hoy nuestro país vive momentos complejos y oscuros. El secretario de Gobernación falleció en un evento de origen indeterminado y la prensa nacional ha decidido callar sus supuestos y sus informaciones reservadas hasta en tanto no se emita una versión oficial.

¿Por qué han decidido autocensurarse así nuestros medios? En primer lugar, porque es más fácil la autocensura que ser la censura activa, pero en segundo término, porque la clase noticiosa nacional ha decidió plegarse a una extraña inercia, la del silencio ante la incertidumbre. Es curioso ver como los periodistas de todas las televisoras, de todos los colores, de todas las tendencias han decidido no especular y sólo decir lo que saben confirmadamente –-que es siempre poquísimo— y han renunciando al derecho que tienen todos a manifestar su opinión sobre un suceso tan importante y trágico como el que nos concierne ahora.

La pregunta de toda la sociedad mexicana es si Mouriño falleció en un accidente o en un acto deliberado contra su vida.

Esto no es menor ni intrascendente, es motivo de especulación en toda la sociedad y es legítimo que especule. Por eso es muy importante que el gobierno no pelotee y diga la verdad. No importa cuan dura, compleja o inverosímil sea, debe ser la verdad y nos tienen que convencer de ella. Si la sociedad percibe una estafa, puede generarse un colapso masivo en la confiabilidad del presidente. Cosa profundamente indeseable.

La realidad es que si bien hay que esperar los resultados de las investigaciones en su complejidad total, también es un buen momento para ver la postura audaz y sin cortapisas de un gobierno que dice la verdad, y la sostiene. Si nuestro secretario de Gobernación fue atacado, debemos saberlo para reaccionar al nivel que sea la tragedia. Si murió en un lamentable accidente, también debemos saberlo.

La verdad juega un gran papel y los medios de comunicación deben –-responsablemente— especular sobre la información y dudas que este fenómeno les consigna, y no sólo dar compartidas señales de luto y solidaridad.