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La Procuraduría General de la República ha reforzado en los últimos días la seguridad de Marisela Morales Ibáñez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), luego de que ésta ha recibido amenazas anónimas en contra de su integridad física y la de su familia.
Esto después de las acciones que ha emprendido al frente de la fiscalía, a la cual llegó el pasado 4 de agosto en sustitución de Noé Ramírez Mandujano, a quien se ha relacionado con el Cártel del Pacífico.
La versión fue confirmada a Crónica por personal de la SIEDO. Aunque se solicitó la postura oficial de la PGR sobre el asunto y la confirmación de una indagatoria iniciada por dichas amenazas, hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
Como medidas precautorias, Morales se ha aislado de su familia, a la cual ha solicitado mantenerse lejos de ella, “como si no me conocieran”, les ha dicho. Además, se ha incrementado la custodia a sus hijos, aún estudiantes.
Según los testimonios, las amenazas contra Morales Ibáñez surgieron a raíz de que se ha encargado de revisiones exhaustivas al personal sustantivo, de apoyo técnico y administrativo, así como a los sistemas de control y procedimientos de la SIEDO.
Una de las líneas de investigación indica que las intimidaciones provienen de funcionarios que integran o han integrado la Subprocuraduría.
Morales fue quien ordenó, en el interior de la PGR y en el contexto de la “Operación Limpieza”, practicar nuevos y más rigurosos exámenes de control de confianza a todo el personal de SIEDO. Conforme a los primeros resultados, ella coordinó la separación de 35 ministerios públicos y fiscales, así como de personal de apoyo.
De entonces a la fecha más agentes y fiscales han huido de la PGR.
Fue ella también quien propuso un nuevo mecanismo de control y supervisión para la operación ministerial y el trabajo de auxiliares y fiscales. |