El Programa del Sur

Mientras la atención pública se distrae con los extemporáneos fallos (¿fallidos o fallados?) de la Suprema Corte de Justicia contra Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca (un inservible refrito de las recomendaciones ya añejas de la CNDH), poca atención se ha puesto en lo alcanzado –y sobre todo lo faltante– del singular esfuerzo tripartita de los gobiernos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca llamado “Programa del Sur”.

Como se sabe, esa estrategia compartida de inversión de fondos federales (2007) entre los tres gobiernos (dos del PRD y uno del PRI) tiene por objeto revertir una realidad trágica en la zona más empobrecida del país. En esos tres estados habita un poco más del 10 por ciento de la población nacional y sus niveles de miseria están tres veces por debajo de la media nacional.  

De ellos no diría don  Mariano Azuela, son “los de abajo”. No, son “los de hasta abajo”, como hubiera escrito un viejo periodista de cuyo nombre no quiero acordarme.

El proyecto permitió revertir la tendencia en la caída de la inversión en esa zona con la creación primero de un Fondo Regional y después con el Fondo del Programa del Sur, con lo cual se lograron capitales por casi 12 mil millones de pesos, cinco mil 400 de los cuales corresponden a “Fonregión”.

Esta estrategia común divide los fondos en cuatro áreas fundamentales: agua, carreteras, educación y salud. Tratándose de pobreza no tiene caso explicar la importancia de ninguna de ellas.

Por ejemplo, en Guerrero se construyeron caminos entre Tlaxcalixtlahuaca y Pascala del Oro, Olinalá e Ixcamilpa; se construyeron los puentes Ahuacatitlán y San José Buenavista. En Chiapas se hizo el aeropuerto de Palenque, el nuevo camino entre San Juan Chamula y San Cristóbal, la universidad de mar y el hospital general de Villaflores.

En Oaxaca se reconstruyó la carretera Juchitán y Unión Hidalgo, se hicieron las universidades de Chalcatongo, del Istmo y  de la Costa, entre otras; se edificaron las cabañas turísticas en la Ruta Dominica y en general se abrieron oportunidades de empleos y de obra pública por la cual en el último trienio se destinaron a la región –dice un  documento del programa– más de 30 mil millones de pesos, sin contar los recursos estatales.

Ahora, cuando todo tiene relación con la extinción de la compañía de luz, vale la pena advertirlo: toda la inversión en este sentido de rescate de pobreza en las zonas más hundidas del país es mucho menor al subsidio de la difunta empresa.

Pero el problema viene a ser ahora de carácter político: la LX Legislatura fue comprensiva en cuanto al programa sin posibilidades de afirmar lo mismo de la actual. Los gobernadores de esos estados tampoco se van a quedar en sus puestos para afianzar los compromisos y promover su impulso, lo cual obliga a buscar con urgencia una forma de “blindar” la dicha estrategia y mantenerla alejada de las veleidades del momento.

“Resulta evidente que por la dimensión del reto, lo alcanzado hasta hoy –dicen Torreblanca, Sabines y Ruiz– solamente es el inicio del esfuerzo para sentar las bases de un cambio sostenido para el mediano y largo plazos.

“Dar permanencia en el tiempo a esta iniciativa exige de un mayor compromiso desde las áreas de la administración federal, insuficiencia en la atención a la problemática de la población indígena y en el ámbito educativo (disminuir el déficit crónico presupuestal) son dos aspectos que destacan“.

Las futuras etapas de este programa recuerdan la fórmula china: el desarrollo de las regiones especiales en la costa a pesar del dogmatismo centralista.

Así, este plan ha visto en las costas de los tres estados el ámbito ideal para detonar otros programas de desarrollo en una franja formada por 124 municipios a lo largo de mil 300 kilómetros donde habitan 11 millones de personas.

Pero para hacer realidad estos proyectos hace falta algo, lo más complejo: voluntad política.

”De manera central –dice el documento entregado la semana pasada en San Lázaro–, se debe buscar que el compromiso del Estado mexicano con el Sur permanezca en el tiempo como la única forma de asegurar una salida  a la condición de marginación mediante el desarrollo. Es necesario ‘blindar’ el programa.

“El relevo legislativo y eventualmente en áreas del Ejecutivo federal demanda un esfuerzo por transmitir a los diputados y funcionarios entrantes, la importancia de lo logrado y de su apoyo para sostener el esfuerzo, para lo cual se requiere nuevamente del impulso decidido de los titulares de los Ejecutivos estatales”.

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