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La CIDH señaló que antes de su asesinato, el comunicador había denunciado amenazas de muerte por las investigaciones que realizaba sobre corrupción y crimen organizado.
La Relatoría Especial llamó a que los responsables de este crimen sean juzgados y sancionados.
Asimismo, pidió impulsar "de manera decidida las investigaciones existentes sobre los crímenes contra los comunicadores y a que adopte, lo antes posible, medidas indispensables para proteger a la prensa".
Entre dichas medidas, destacó el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, la federalización de los delitos contra periodistas y la implementación de mecanismos permanentes de protección especializados.
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