Piden crear en la Cámara baja comisión que proteja derechos de los menores

Una procuraduría general de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; crear una comisión para proteger los derechos de los niños en la Cámara de Diputados para garantizar la asignación de recursos en este rubro; así como homologar las legislaciones locales para que las adopciones internacionales se den bajo el mismo procedimiento.

Estas son algunas de las conclusiones que en materia jurídica se alcanzaron en las mesas regionales en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, dadas a conocer ayer en el marco del XX Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En este rubro también se busca alcanzar nuevas leyes para definir qué autoridades serán las responsables de resguardar a este sector de la población, víctimas de trata, narco, tráfico de personas, corrupción, o cuando sean incorporados a la delincuencia organizada.

Como parte de la Comisión Permanente de Atención a Niños, se busca crear un área de vinculación con el Legislativo dentro del Sistema Nacional DIF, que pueda presentar y dar seguimiento a las propuestas que se enfoquen a la protección de los derechos del niño.

Si bien la realización de las mesas mereció el reconocimiento de UNICEF, en voz de  Susana Sottoli, representante de ese organismo internacional en México, durante la ceremonia de presentación celebrada en Los Pinos, ante el presidente Felipe Calderón, no se expuso ni un resumen de las mismas para los asistentes, a quienes a la salida se les entregó un folleto que las contenía.

Sottoli señaló: “Fuimos testigos de cómo estas mesas permitieron escuchar las voces de todos los actores involucrados, incluyendo los propios niños, niñas y adolescentes, y recabar sus análisis y propuestas”.

Las conclusiones de la mesa 2, denominada Armonización y fortalecimiento del marco jurídico, establece la obligación para que los comités de vigilancia derivados de la Convención sobre los Derechos del Niño tengan presupuesto, plan de trabajo, asignación de funciones, programas, rendición de cuentas y que puedan contar con asesoría técnica de expertos para la capacitación de sus miembros.

Se pretende también crear un modelo de protección a niñas y niños menores de 13 años que hayan sido víctimas o se hayan visto involucrados con la delincuencia organizada, asegurando la existencia de casas de protección y un programa de protección a testigos, especializados en su edad.