En diez años les cuento

Durante muchos años ha existido un debate sobre la existencia de las contralorías internas de los gobiernos y de las dependencias. El debate ha girado en torno de si es confiable una fiscalización realizada por un órgano dependiente del Ejecutivo, es decir si un gobierno es tan recto como para autocontrolarse, fiscalizarse y auditarse. Muchos hemos pensado que no. Que la fiscalización esencial debe provenir de otro poder, ya sea el Legislativo o el Judicial. Y que éstos deben, a su vez, ser fiscalizados por otros poderes.
Pero nunca como hoy surge una inquietante nueva discusión sobre las contralorías. Resulta que la contraloría del Gobierno del Distrito Federal ha decidido que nadie puede tener acceso a la información financiera sobre los segundos pisos, distribuidores viales y otros temas hasta dentro de diez años. Así es, leyó usted bien, diez años.
En diez años yo espero no estarme debatiendo sobre si Andrés Manuel López Obrador se robó o no el famoso 10 por ciento de sus obras, dicho sea con toda franqueza.
Pero hoy, sin lugar a dudas quiero saberlo. Quiero saber quién, con qué ganancia y con qué materiales construyó las obras por las que circulo con mis hijos. Y además quiero saber si hay algún resquicio de corrupción en sus asignaciones, distribuciones y gastos.
¿Por qué he de esperar diez años? Simplemente porque el jefe de gobierno así se lo instruyó a su contralora. Bertha Luján es una persona de todas mis consideraciones y a quien además aprecio personalmente, pero permitir esto es el final de un camino que me parece ha tomado todos los giros menos los correctos.
Esta es una aberración a la transparencia pública, una ofensa a nuestra inteligencia ciudadana y una flagrante violación a la más mínima ética y creo que es la demostración última de que las contralorías siguen sirviendo a sus empleadores y no a la sociedad. Ante este tipo de instrucción, Luján debiese renunciar y no hacerse cómplice de una de las más grandes tomadas de pelo a la capital del país.
Queremos saber, nos merecemos saber y está en todo nuestro derecho exigir a este gobierno que nos rinda cuentas de cada una de sus obras, y así como se lo exigimos al gobierno de Vicente Fox, a la fundación Vamos México, y a todo el gabinete panista, de la misma manera le decimos al gobierno de esta capital que nos debe información.
El ocultar información o dilatar su publicación a, peculiarmente, después del 2006 es tan grave como haberse robado el dinero para financiar equipos de asesoría o comités de campaña, es tan grave como comprarse una casa en una prestigiosa playa cuando se alega austeridad, o peor aún es tan grave como traicionar a la sociedad que lo elegió para ser gobernante por seis años.
Si queda algún resquicio de moral en los ya muy perturbados integrantes de la administración capitalina, y perturbados por las encuestas y no por otra cosa, debiesen de modificar la ruta o renunciar y demostrarnos que no serán partícipes de estas estafas políticas. Total diez años pasan volando, dirán algunos, sedientos de llegar a la Presidencia de la República sólo para reproducir las mismas y anquilosadas prácticas.
Dudo que mi llamado genere algún movimiento, todavía no soy más importante que 65 por ciento de popularidad, pero espero que sea la cordura y no la víscera la que rija sus movimientos. No aceptemos la política de la guerra sucia: en diez años les cuento.
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