Lecciones en América Latina:Mitos y realidades de la privatización energética

Argentina rompió con la tradición y abrió el gas natural en los noventa, Brasil se enfrentó con el monopolio de Petrobras, dando rienda suelta a la compañía para operar como empresa privada. Los dos han recibido ganancias millonarias.
En la fiebre por abrazar modelos de libre mercado durante la década de 1990, los gobiernos latinoamericanos, desde Colombia, Perú, Ecuador, y Venezuela hasta Argentina, abrieron sus sectores energéticos a la inversión extranjera.
Esto tuvo sentido en el momento porque muchas compañías estatales de petróleo, gas y energía eléctrica carecían del capital para extender sus operaciones e ir a la par con la creciente demanda.
Sin embargo, el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela quiso retomar la nacionalización de su industria energética y en México, jamás se ha cedido a abrir las puertas a la inversión privada en el caso del petróleo y la energía eléctrica.
Brasil y Argentina tuvieron problemas de inicio porque no se sabía como controlar la cantidad de participación de las compañías extranjeras en algo que tenía calidad de patrimonio nacional y existía un jaloneo entre la clase política.
Mediar, el futuro. Lo cierto es que la privatización no ha sido la causa absoluta de todos los dolores en materia de energía que sufre América Latina. Pero los monopolios petroleros estatales tampoco son la respuesta, y la mayoría de los gobiernos de la región tendrán que continuar trabajando con las empresas de energía extranjeras a las que necesitan y temen.
La historia reciente de la industria del gas natural de Bolivia es un argumento convincente para privatizar los recursos energéticos de un país. En 1996, el gobierno promulgó una ley que concedía participación del 51 por ciento en el sector del gas a corporaciones extranjeras como Royal Dutch/Shell y Repsol YPF de España, a la apertura las compañías extranjeras respondieron invirtiendo casi 500 millones de dólares por año entre 1998 y 2002.
Ese mismo ejemplo, lo siguieron Brasil, Argentina y Chile, pero hay países de esta región que aún se resisten.
La industria energética es un tema que hace surgir pasiones en América Latina, donde las reservas de gas y de petróleo forman parte del patrimonio nacional y de la tradición.
La industria funciona como una reserva de efectivo para los gobiernos de países exportadores de petróleo como Venezuela y México “cuyas enormes corporaciones de energía estatales generan aproximadamente entre el 75 y 35 por ciento de las ganancias del sector público, respectivamente y son sumamente vulnerables a las presiones políticas.
Beneficios a largo plazo. Como aprendiendo de las caídas, el gobierno de Buenos Aires ha aprendido la lección de la privatización. El gobierno del presidente Néstor Kirchner permite que siga la inversión privada, pero parece listo para volver al negocio del petróleo. A principios de mayo anunció la formación de una nueva compañía estatal llamada Energía Argentina, que tiene luz verde para participar en todas las fases de la producción de petróleo y gas, así como en la generación de electricidad.
Pero la privatización no ha logrado el resultado deseado. Por ejemplo, Argentina enfrenta una escasez de gas y el invierno en el hemisferio sur se acerca. Para mitigar el problema, el país ha reducido las exportaciones a Chile y Uruguay, amenazando a esos países con sufrir escasez también.
“Se piensa que el cambio a un modelo orientado hacia el mercado no ha producido beneficios para la población”, dice Jed Bailey, director de investigación para América Latina, de la consultoría Cambridge Energy Research Associates (CERA).
Esa percepción no es totalmente correcta, ya que el mayor problema del sector energético latinoamericano no es demasiada privatización muy poca, sino que ningún país ha encontrado el equilibrio correcto entre la inversión (o propiedad) extranjera y la supervisión estatal; una mezcla política que fomentaría la producción, mejoraría las ganancias gubernamentales, protegería a los consumidores contra los precios altos y daría a las compañías extranjeras suficientes incentivos (léase ganancias) para seguir invirtiendo en la infraestructura energética.
Entonces, la tendencia es hacia una mayor intervención estatal. El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ha detenido la privatización del sector energético de ese país.
Mientras tres cuartas partes de la distribución de electricidad en Brasil son manejadas por empresas privadas, el gobierno posee todavía el 80 por ciento de la capacidad de generación de energía. Es decir, ni el control absoluto, ni la falta de participación privada, esa es la fórmula.
Para Lula otra de las medidas ha sido dejar que su ministro de Energía tenga la última palabra sobre qué compañías pueden operar en Brasil. Los ejecutivos de energía extranjeros se sienten frustrados. “Antes, el gobierno era el legislador y regulador”, dice Mickey Peters, vicepresidente de grupo de la compañía estadunidense Duke Energy, que ha invertido 1.7 mil millones de dólares en Brasil y otros países sudamericanos. “Ahora también es competidor y proyectista en el negocio”.
(Con información de Agencias, Newsweek y la CEPAL)

Venezuela promueve una estrategia nacionalizadora
Para quienes están a favor de recuperar la soberanía energética la mejor salida es crear “Petroamérica”, un conglomerado de empresas energéticas de Sudamérica, propuesta del gobierno de Hugo Chávez y los argumentos son:
“¿Qué ocurriría si Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y sus colegas Petróleos de Venezuela (Pdvsa); Petróleos de Brasil (Petrobras); Empresa Nacional de Energía de Argentina (Enarsa) y Petróleos de Ecuador (Petroecuador) dejan de competir entre ellas, se alían y forman una sola multinacional estatal que tome las riendas de la industria energética Latinoamericana?
“Pues ese conglomerado controlaría el 11.5 por ciento de las reservas mundiales de crudo y tendría el peso suficiente como para competir e influir en un mercado mundial de la energía dominado por oligopolios.
“Sucede que esa multinacional, denominada Petróleos de América o Petroamérica, ha dejado de ser una posibilidad y pasó a la agenda oficial de al menos cuatro países. Argentina, Venezuela, Bolivia y Brasil han comprendido que es una ‘necesidad económica’ hacer fuerza conjunta que trascienda acuerdos comerciales como el Mercosur”.

México se arriesga a perder por no abrir el mercado
Cuando la privatización tocó México en 1990, Pemex permaneció firmemente en manos del gobierno aun cuando los bancos, las siderúrgicas y la compañía telefónica, propiedades del Estado, fueron privatizadas.
En México, la gigantesca empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), mantiene desde hace tiempo el monopolio de la exploración y producción de petróleo y gas. México fue el primer país en vías de desarrollo en nacionalizar su industria petrolera al expropiarla a las compañías estadunidenses y británicas en 1938. El aniversario de esa audaz decisión se celebra solemnemente cada año.
Cuando el presidente Vicente Fox intentó abrir la industria eléctrica y petroquímica a la inversión privada, el Congreso mexicano, controlado por la oposición, bloqueó las iniciativas.
Las presiones del mercado podrían forzar los cambios. El ex secretario de Energía Felipe Calderón estimó que México debe invertir 130 mil millones de dólares en su industria de petróleo y gas durante la próxima década para satisfacer la creciente demanda, y Pemex es incapaz de generar ese tipo de capital.