Presidente de Bolivia afirma que no frenará inversión la futura ley petrolera

El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, consideró hoy que el proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos, enviado por el Ejecutivo al Congreso, no es "confiscatorio" ni representa un "desincentivo" para la inversión extranjera, pese a que plantea cambios en los contratos firmados por las petroleras.

En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, el mandatario indicó que su plan de reforma petrolera responde a un giro "ideológico" del Estado boliviano, forzado por el momento histórico que atraviesa el país y por el valor como "recurso estratégico" de las reservas de gas natural, la segundas mayores de Sudamérica.

Mesa se dirigió a los periodistas para explicar los alcances del proyecto de ley remitido el lunes por la noche al Parlamento, el tercero que elabora desde que asumió el poder hace más de diez meses y el que más se aproxima a la postura mayoritaria entre los congresistas.

El presidente recordó que la iniciativa gubernamental recoge los postulados del referendo sobre el gas, celebrado en julio pasado, para dar un nuevo rumbo al sector energético, después de los conflictos sociales que le llevaron a la presidencia a fines de 2003, precisamente por un fallido negocio de exportación de gas natural a los Estados Unidos.

El proyecto de norma legal propone el incremento de la intervención del Estado como fiscalizador y negociador en el sector, a través de una futura firma que se denominará Petrobolivia, y la refundación del ente público Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como nuevo operador junto con las compañías privadas.

También sugiere un aumento hasta un 50 por ciento de los impuestos que pagan las empresas y la recuperación del control sobre los hidrocarburos "en boca de pozo", lo que derivará en la firma de nuevos contratos y en la anulación de los vigentes.

Esa postura es resultado de "una voluntad política y una lectura ideológica, que se traduce en un nuevo rol del Estado en la economía y en el mercado", añadió Mesa, para explicar luego que el concepto de propiedad "en boca de pozo" quiere decir "control de precios y de comercialización interna".

"Este elemento no creemos que se pueda entender como confiscatorio ni como un desincentivo a la inversión", opinó.

Dijo que la futura ley "coloca al Estado en una posición importante, protagónica, de nacionalización, de recuperación del concepto estratégico, pero que no le cierra las puertas a quienes ya han invertido en Bolivia y a quienes en el futuro quieran invertir" en esta nación sudamericana.

Según Mesa, el proyecto del Gobierno se compromete a que "la inversión externa tenga garantías, que represente un ingreso adecuado para los inversionistas y para Bolivia".

Admitió que la modificación de las reglas de juego puede molestar a las compañías, "que tienen su visión de las cosas, que probablemente van a hacer observaciones a nuestra propuesta", pero a los que pidió una discusión "abierta, franca y positiva".

Las firmas afectadas, las trasnacionales Repsol YPF, Petrobras, Shell y British Petroleum, entre otras, no se han pronunciado aún sobre el proyecto de ley de Mesa, que, de aprobarse, obligará a revisar los actuales negocios de exportación de gas natural a Argentina y Brasil, y que puede frenar los planes de venta del energético a Uruguay y México.