La Iglesia católica y el gobierno de Zapatero tramitan su divorcio

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, no es el único que sigue molesto con la victoria en España del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el papa Juan Pablo II también ha dado muestras de desagrado por la ofensiva de su gobierno contra la Iglesia católica, que amenaza incluso con sacar a los fieles a que se manifiesten en la calle.
Muy lejos queda ya la última visita del Santo Padre a España, en mayo de 2003, en la que, ante un fervoroso presidente José María Aznar y cientos de miles de fieles, bendijo el papel de España como guardián del cristianismo. En respuesta, el mandatario conservador se comprometió a encabezar el “lobby” de dirigentes de la Unión Europea (UE) para que en la futura Constitución Europea se destaque en su preámbulo las raíces cristianas del Viejo Continente.
Casi de manera desapercibida, un tímido Zapatero, entonces aspirante sin muchas posibilidades a presidente del gobierno, también se acercó al Papa con un regalo bajo el brazo: un cuadro de una mano que representa, dijo, “nuestra mano tendida, abierta, que invita al acercamiento”.
Pues bien, el candidato de Aznar perdió las elecciones, Zapatero ganó inesperadamente y los líderes europeos rechazaron incluir la herencia cristiana en su futura Carta Magna. Pero los peores augurios estaban por venir y la mano simbólica del presidente Zapatero se transformó en una bofetada.
Primera agresión. Nada más asumir el poder, el gobierno de Zapatero aprobó un nuevo modelo educativo que elimina la obligación de estudiar religión católica y de que ésta sea puntuable. La decisión del gobierno, alegando que España es un Estado confesional y laico, irritó al anterior Ejecutivo —muchos de los ex ministros del Partido Popular (PP) pertenecen a órdenes ultracatólicas, como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo— y a todo tipo de organizaciones de familias cristianas.
Este malestar no ha hecho sino crecer en los últimos meses con la cadena de anuncios “revolucionarios” en el cuarto país más católico de Europa, después de Irlanda, Polonia e Italia: luz verde a la investigación con células madre, ampliación de la ley del aborto, aceleración del proceso de divorcio, la eutanasia en estudio y la aprobación el año que viene del matrimonio entre homosexuales, incluyendo la posibilidad de adopción de niños, algo que sólo permite Holanda en todo el mundo.
“Sólo en golpes de Estado hay tantos cambios que afectan a la moralidad de un pueblo”, declaró el obispo de Ávila en alusión a las medidas del gobierno español.
El abierto malestar de los jerarcas católicos españoles degeneró en una contraofensiva desde los altares de todo el país, donde se han oído en los nueve meses que los socialistas llevan en el poder las mayores críticas de la Iglesia contra el Estado desde que los “curas rojos” proclamaban desde las iglesias su rechazo a la dictadura de Franco.
El obispo de Alcalá de Henares, Jesús Catalá, declaró que la homosexualidad es una “anormalidad psicológica” y vaticinó que si los gays adoptan niños “hay un 80 por ciento de posibilidades de que éstos también lo serán”.
Segunda agresión. Pero esta “revolución social” no parece, de momento, asustar a la opinión pública española a tenor de lo que dicen los sondeos. La nueva ley del divorcio, que acelera los trámites y permite la custodia compartida de los hijos es apoyada por el 72 por ciento de los encuestados.
También es mayoritario el porcentaje es de españoles que apoya que la religión no sea obligatoria ni computable en el sistema educativo. Sólo un 23 por ciento de los ciudadanos se muestran en contra de esta medida frente al 70 por ciento que la aplaude.
Por otra parte, el 61 por ciento está de acuerdo con la legalización de los matrimonios homosexuales y sólo el 30 por ciento está en contra, aunque hay mucha más división cuando se pregunta sobre la adopción de niños. El 48 por ciento cree que es una medida desacertada, mientras que el 42.5 por ciento lo cree oportuno.
En respuesta, el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, restó importancia a este apoyo mayoritario de los españoles a las medidas de Zapatero y dijo que “no tiene que ser acertado, como tampoco lo fue el apoyo de los alemanes a Hitler”.
Los obispos sí esperan, no obstante, contar con la movilización de masas de los fieles, si fuera necesario. Además de homilías en contra del gobierno, en los templos se han repartido panfletos en los que se convoca a la desobediencia moral e incluso civil, con llamados a manifestarse en las calles.
Este fin de semana se han producido ya algunas concentraciones de protesta fuera de los templos, pero la opinión pública tampoco parece apoyar esta medida. Un 62 por ciento está en desacuerdo con la contraofensiva de la Conferencia Episcopal en la calle y anuncia que no asistiría a ninguna manifestación en caso de ser convocada.
La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, entró la semana pasada en esta guerra no declarada y afirmó que “quienes se oponen a las reformas y a los avances pendientes desde hace siglos son siempre los mismos: unos señores tenebrosos que ponen pegas y pertenecen a sectores inmovilistas, como los curas y los jueces”.
El líder de la oposición Mariano Rajoy ya ha anunciado que pedirá explicaciones al presidente Zapatero por las polémicas declaraciones de la vicepresidenta, que han sido contestadas por el obispo de Calahorra, José Omella, que dijo que habría que preguntarle a la señora De la Vega quién está con los enfermos, los marginados. “Allí nunca ves a ningún político, siempre se encuentra la Iglesia, y eso no es tenebroso”, dijo el prelado.
En El Vaticano no pasa desapercibido este conflicto. El diario Avvenire tituló en portada “Subversión en España” y como subtítulo “La obsesión nihilista de Zapatero”. En su interior el artículo comenta que estas medidas del gobierno socialista está “llevando al suicidio a la sociedad española”.
Negociación. Ante el cariz que está tomando la situación, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha pasado de la estrategia inicial de confrontación abierta a buscar un encuentro con el gobierno para encauzar la crisis. El cardenal de Madrid, monseñor Rouco Varela, máxima autoridad de los obispos españoles está dispuesto a hablar personalmente con el presidente Zapatero para explicar el malestar de la Iglesia, y si puede convencerlo para que dé marcha atrás en todas sus reformas, incluida otra que podría afectar gravemente al financiamiento de la Iglesia católica, mantenida directamente por los presupuestos del Estado, como acordaron el primero gobierno de la democracia y la Santa Sede, en 1979.
El presidente Zapatero también quiere limar asperezas y ha recordado que su Ejecutivo no busca un enfrentamiento con nadie, sino que “se está limitando a cumplir su programa electoral”. Dijo por otro lado que piensa mantener el acuerdo marco con el Vaticano, por lo que no peligra el financiamiento de la Iglesia española.
Muchos cargos socialistas, y sobre todo sus socios comunistas y catalanes en el Parlamento, presionan al gobierno de Madrid para que deje de subvencionar a la Iglesia católica, pero Zapatero prefiere mantener la misma prudencia que caracterizó a su antecesor del PSOE en La Moncloa, Felipe González, quien mantuvo relaciones correctas con la jerarquía católica, quizá porque supo sacar conclusiones de cuando Stalin menospreciaba al Vaticano al que se negó a oir por no contar con batallones como él, y que, sin embargo, en pocas décadas su imperio soviético se derrumbó y la Iglesia ahí sigue.
Por tanto, el segundo gobierno socialista español parece que seguirá financiando a los obispos pero no permitirá injerencias en su política social. En los próximos meses se verá quién sale vencedor de la pugna entre dos viejos poderes, casi siempre casados y ahora en trámites de divorcio.