Recordando a Crozier: las ocurrencias del presidente Calderón

Una de las cosas que más ha distinguido a los gobiernos panistas de sus antecesores y contemporáneos es el poco, diríamos casi nulo, interés por acercarse a las instituciones universitarias y de investigación que hay en prácticamente todo el país. Desde las consabidas instituciones nacionales como la UNAM y sus múltiples institutos y facultades, El Colegio de México y el CIDE, pasando por algunas privadas cuyas sedes se ubican en la ciudad de México, hasta las muy reconocidas y serias de carácter regional como El Colegio de la Frontera Norte, el ITESM, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana y, por supuesto, el Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional, con sedes en diferentes ciudades. Ni qué decir que el IPN es una institución con amplio reconocimiento internacional.

Pues bien, a pesar de que todas estas universidades y centros de investigación cuentan con reconocidos especialistas y con publicaciones y experiencias qué compartir para la debida comprensión de los problemas nacionales y para un mejor diseño de políticas y programas públicos, la verdad es que los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional no se cuentan entre los más interesados en aprovechar todo este cúmulo de conocimientos.

Más allá de comprobar las causas de esta suerte de desdén que ocurre en el seno del panismo nacional, lo que parece generar este distanciamiento se puede resumir en dos razones, una dogmática y la otra política. En el primer caso, por experiencia propia, puedo dar fe de que una buena parte de los cuadros panistas que, hoy por hoy dominan las estructuras de gobierno y administración pública a los tres niveles (federal, estatal y municipal), comparten la creencia de que “La Academia” suele ser de izquierda y proclive a temas en los que no cabe la discusión abierta, como son el aborto, la educación religiosa y la restricción de las actividades políticas de la Iglesia católica y de los religiosos.

Por ello, resulta complejo, si no es que inaceptable, tomar las ideas de quienes creen que la práctica del aborto debería ser legal. Esto, sin importar si tienen algo que decir para mejorar las políticas educativas y las económicas, o simplemente para hacer más

responsable o eficiente la gestión pública.

La segunda razón, la de orden político, tiene que ver con la idea que campea entre los panistas de que los últimos presidentes de la era autoritaria solían ejercer sus amplios poderes, basados en las credenciales y conocimientos de tipo académico con que contaban. Eran gobernantes que sustituían o compensaban su falta de legitimidad democrática con modelos y sistemas de política pública de elevado nivel de sofisticación.

Adicionalmente, una buena parte de los miembros del gabinete y de los altos funcionarios del gobierno se jactaban de ostentar maestrías y doctorados otorgados por universidades del extranjero, y por contar, entre sus asesores y consejeros, a ilustres académicos e investigadores universitarios.

Para los panistas, toda esta idea de un gobierno de corte tecnocrático no puede ser reimplantada en las actuales administraciones democráticas, pues se correría el riesgo de “perder la sensibilidad social (sic)”. De esta ma-

nera, justifican su natural rechazo y desinterés por lo que sucede en el mundo de la investigación científica y humanística. Al hacerlo, se contradicen abiertamente y reniegan del presidente Calderón, ilustre egresado de la Universidad de Harvard, y de las ventajas y beneficios que sin duda alguna producen quienes manejan la economía y las políticas monetaria y de seguridad pública, contando con estudios de postgrado y con asesores académicos, por cierto.

Me ha parecido conveniente traer a cuenta estas ideas con el único fin de dar contexto a lo que, desde mi punto de vista, constituye ya la máxima expresión del absurdo al que ha llegado el actual gobierno. Me refiero a la declaración estrambótica del presidente Felipe Calderón de decretar, así nomás, el fin de la recesión y el inicio del crecimiento económico. Su frase me hizo recordar, como estoy seguro sucedió con muchos otros a los que les gusta perder el tiempo leyendo investigaciones y estudios académicos, al célebre sociólogo francés Michel Crozier, autor de la también célebre frase, “la sociedad no se reforma por decreto”.

El argumento de Crozier es resultado de su profundo análisis del fenómeno burocrático y sus implicaciones en las sociedades post-industriales de la segunda mitad del siglo XX. Sus ideas destacan la importancia de comprender que, en toda sociedad, los procesos de cambio no están dominados, ni regidos enteramente, por las estructuras burocráticas, ni por quienes las controlan. Más aún, estas estructuras deben adaptarse a la lógica de los ciudadanos y de los procesos de ajuste en los que participan de forma voluntaria e involuntaria. Sólo en la medida en que las instituciones comprendan las necesidades y preferencias de los colectivos humanos en los que actúan, podrán ser útiles, legítimas y trascendentes.

Pues bien, recordando a Crozier y escuchando al presidente Calderón, sólo pueden concluirse dos cosas. De una parte, que tal y como reportó de forma totalmente gráfica un semanario de circulación nacional hace unos días, el mandatario mexicano parece ya no poder seguir con la pesada carga que lleva a cuestas. Esto, más por falta de entendimiento del oficio del puesto que ocupa que por falta de energía o de convicción. En muchos sentidos, las contradicciones y cambios de postura en que ha incurrido el jefe del Ejecutivo federal en los últimos días, particularmente en torno al paquete económico 2010, muestran que la experiencia que una auténtica carrera política y administrativa ofrece no puede ser compensada o sustituida sólo con buena voluntad o decisión, como gusta decir el propio Calderón Hinojosa.

Por otra parte, al decir de la pretensión del Presidente de que, tan sólo con su mensaje de celebración sobre el supuesto fin de la recesión económica las cosas van a mejorar, el gobierno entero incurre en un exceso de ingenuidad, sino es que en uno de cinismo e indiferencia social. Aún aceptando la idea de que, en verdad, las malas noticias se han acabado; sabe acaso el gobierno cuánto tiempo ha de pasar para que quienes perdieron sus empresas y sus empleos los puedan recuperar. Quizás algunos de los más de 800 mandos gubernamentales que cobran más de un millón de pesos al año lo sabrán, pero seguramente no les importa.

Tras de lo cual, sólo queda resignarse y esperar con paciencia a que suceda lo que el propio Crozier nos podría vaticinar si estuviera aquí. Parafraseando su hallazgo intelectual, hay que decir que los malos gobiernos no se cambian por decreto, para eso están las elecciones de julio de 2012.