Acaparar o centralizar inversiones en las dos de las empresas productivas del estado, como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) ocasionará un daño al desarrollo de la industria eléctrica en México, al inhibir los capitales privados y atentará en contra de la seguridad energética que demanda el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), advirtió el presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro.

Aseveró que los empresarios están preocupados por el clima de negocios anti empresarial que emprende el gobierno federal, al limitar la participación privada en la actividad económica limita la generación de empleos y creación de empresas.

“El actual gobierno ha adicionando su iniciativa de reforma a la industria eléctrica que perturba el camino hacia la reactivación que tanto requiere nuestro país para salir de la racha de decrecimientos del Producto Interno Bruto (PIB) que se han presentado en los dos últimos años”, cuestionó.

El representante de la Canacintra recomendó al gobierno del presidente Andrés Manuel López emprender una mayor apertura a las inversiones privadas, tanto las público- privadas para que de esta forma se de seguridad energética a nuestro país, además de una mayor competencia entre empresas en equidad de condiciones.

De otra manera, agregó, “cualquier contingencia extraordinaria –llámense, apagones, siniestros ocasionados por el clima o por alguna pandemia-, no se podrían enfrentar con éxito para resolverlas en un futuro”.

La reactivación económica deseada para 2021 se ha vuelto muy lenta en México, afirmó, y a pesar de que nuestra economía se ve beneficiada por la inercia de la reactivación económica que Estados Unidos está realizando a través de sus agresivos estímulos.

Chaparro consideró urgente que el gobierno revierta su iniciativa de reforma a la industria eléctrica y de hidrocarburos, ya que este clima genera desconfianza entre los empresarios que ya invirtieron en nuestro país e inhibe a nuevos inversionistas.

Los pretendidos cambios alteran los principios de los tratados y acuerdos comerciales que México ya ha firmado con otros países como el T-MEC, vulnera el estado de derecho, abandona la seguridad jurídica de los negocios, obstruye la libre competencia, relega la innovación y el uso de nuevas tecnologías en energías renovables, reduce la competitividad del país, reprobó