Con 85 votos a favor 9 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó facultar al Congreso de la Unión expedir la Ley General Seguridad Privada para regular la actuación de las empresas que se dedican a este tipo de actividades en todo el territorio nacional donde se reconoció que existe gran anarquía en sus actividades.

Hasta el 2019, unas 600 mil personas se desempeñaban en servicios de seguridad privada; sin embargo, la cifra es incierta, ya que se estima que en el país existen 6 mil empresas que no tienen permiso, no cuidan sus procesos, y tienen un número desconocido de trabajadores que realizan su labor sin capacitación y que pueden incurrir en la comisión de un delito, advierte la minuta aprobada.

De esas 600 mil personas, la cuarta parte se encontraba en inmuebles habitacionales y las demás en instituciones públicas, privadas, bancos, aeropuertos, aduanas, empresas o traslados de valores.

Un tercio de los elementos que laboran en empresas de seguridad privada lo hacen en la informalidad, por lo que es necesario avanzar en la profesionalización, regionalización y cobertura del sector, advierte el documento.

“Esta industria ha crecido de manera acelerada en la última década, por lo que se ha vuelto evidente la necesidad de una regulación integral”, se establece

Por ello los senadores facultaron al Congreso para emitir las reglas y designar a la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.

Los legisladores deberán emitir, las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública.

También se prevé que contenga la coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, así como los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país.

El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas también deberán expedir la legislación necesaria para adecuar el marco normativo con el decreto y la ley citada, dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley general de seguridad privada.

La legislación general debe fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar dichos servicios y la Federación, las entidades federativas y los municipios, para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública.

El dictamen fue enviado a los congresos de las entidades federativas y de la Ciudad de México.