El 21 de octubre del 2020, en su conferencia matutina de Palacio Nacional, la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, expuso ante el Presidente y su audiencia acusaciones enfáticas a su ex director, Enrique Cabrero, y a la entonces coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), los dos principales señalados por crimen organizado en la denuncia presentada ante un juez federal por la Fiscalía General de la República y el Consejo.

La acusación realizada en la “mañanera” a Julia Tagüeña –investigadora de la UNAM, quien desmintió a la Álvarez-Buylla– refería que mientras se desempeñó el sexenio anterior como directora Adjunta de Conacyt se había “autoasignado” una partida presupuestal para el FCCyT del cual tomaría su coordinación. La física respondió ante la acusación y señaló que era una difamación y había toda la documentación para probarlo.

“Quedé muy sorprendida de la agresión y de los comentarios que critican al foro como un todo”, dijo en entrevista con Crónica días después del señalamiento. “Más allá de que lo personalice conmigo, la directora de Conacyt está haciendo la aseveración de que el Foro es ilegal y eso sí no es admisible, porque el Foro no es ilegal; el Foro ha hecho todo conforme a la ley…”.

Bajo esos mismos argumentos, Conacyt presentó la denuncia que buscó inculpar a Tagüeña, los mismos con los que la FGR elaboró su expediente y que presentaron ante un juez.

“Incluso el 26 de noviembre de noviembre [SIC] de 2018, mediante una sesión ordinaria de la Mesa Directiva del FCCyT, en presencia de Adriana Ramona Guerra Gómez en su calidad de Secretaria Técnica del FCCyT, Julia Tagüeña Parga al ser la única candidata, fue nombrada como Coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. por lo que tuvo a su cargo la administración de recursos que ella misma había asignado meses atrás a esa asociación civil”, señala la denuncia presentada el 24 de agosto de 2021 presentada ante el juez de distrito de El Altiplano.

No obstante, en las reglas de operación del fideicomiso (FOINS) empleado para asignar esa partida se establece que la aprobación de recursos se realizará a través de un comité técnico en el que no influyó Tagüeña. Es decir, la acusación de Conacyt y presentada por la FGR ante un juez contra Tagüeña se realizó con base en una falta a la verdad.

El artículo 248 Bis del Código Penal dice que “Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa”. La semana pasada, el Presidente se refirió al tema de la denuncia a los 31 académicos y ex funcionarios, donde no sólo dijo que ”el que nada debe nada teme”, sino que en su gobierno “no se fabricaban delitos”.

FOINS. 

Como directora Adjunta de Desarrollo Científico de Conacyt, Tagüeña Parga tenía la atribución de fungir como secretaria técnica del FOINS (Fondo Institucional de Conacyt), de acuerdo al Consejo Técnico de Aprobación (CTA). En las “Reglas de operación del FOINS” no hay ninguna atribución para que la secretaria administrativa designe el destino de sus recursos, como se puede leer en el documento en su inciso “4.4.  Facultades del Secretario Administrativo”.

La denuncia ante un juez señala también que “la asignación de recursos que fue ejecutada por Julia Tagüeña al suscribir los convenios de asignación de recursos (…) no dio el seguimiento técnico ni financiero al supuesto proyecto”.

No obstante, la vigilancia y la fiscalización de los recursos estuvo a cargo de la nueva administración del Conacyt, incluso fue la dependencia federal que emitió la carta de conclusión técnico financiera, firmada por la doctora Carmen de la Peza, ex directora Adjunta, y que fue favorable al FCCyT.

¿Y EL DESACATO?El cheque y la trampa

Por otra parte, se encuentra pendiente el proceso penal de Conacyt por el desacato a un juez federal, el cual se encuentra sin avance desde la revisión del amparo que interpuso el FCCyT en 2019, el cual mientras se resolvía –y que concluyó con un sobreseimiento– ordenó a Conacyt otorgar los recursos solicitados y establecidos por la ley.

Conacyt emitió un cheque a nombre de ls secretaria técnica del Foro, quien se habría metido en un problema de haberlo cobrado, por lo que lo regresó al juez, quien ordenó nuevamente a Conacyt emitiera otro a nombre del FCCyT. Conacyt se negó y entró en desacato, delito que se persigue por oficio.