Aunado a la crisis que enfrentan los estados en materia de seguridad, está la fallida impartición de justicia, y un ejemplo es la corrupción, parcialidad, tráfico de influencias y nepotismo que impera en el poder judicial de Nuevo León, denunciaron organizaciones civiles, entre ellas Redes Quinto Poder local.

Las ONG señalaron que en distintas ocasiones este Poder ha obstaculizado el desarrollo de juicios en materia penal, procesal, laboral, administrativa y tributaria.

Ante ello, demandaron orden en el Poder Judicial de Nuevo León, para que sea autónomo, imparcial, sin influencia ni sesgo partidista, y se pronunciaron porque haya una mayor apertura en el proceso de selección del Fiscal General de Justicia, magistrados y jueces.

Consideraron que la elección del Fiscal General de Justicia resultó errada y favoreció a Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quién fallo en la misión que le encomendó el Congreso local, y denunciaron que, como magistrado, fue acusado en 2010 de tráfico de influencias, fraude genérico, así como delitos en contra de la administración de justicia.

De acuerdo con los denunciantes, Guerrero Gutiérrez, fue exonerado en su momento en total opacidad, por el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJNL), Jorge Luis Mancillas Ramírez, quien negó tener conocimiento de las acusaciones en contra el magistrado, y se rehusó a investigarlo.

Asimismo, invitaron a reflexionar sobre la estrecha relación que han mantenido ambos magistrados, con beneficios mutuos, como el que les permitió entre 2001 y 2015, turnarse la presidencia del TSJNL; Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez en los periodos 2001-2003, 2007-2009 y 2013-2015, mientras que Jorge Luis Mancillas Ramírez, en el lapso 2005-2007 y 2009-2011.

Según los inconformes, esa misma maniobra la pretendieron hacer en 2015, sin mediar al entonces gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón, como una medida para proteger al exgobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por realizar triangulaciones de fondos públicos que ascienden a tres mil 500 millones de pesos.

En cuanto al tráfico de influencias en que incurren Mancillas Ramírez y Guerrero Gutiérrez, se encuentra su cercanía con el despacho Santos Elizondo, particularmente con el abogado Luis González Parás, hermano del exgobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, quien ha sido favorecido en múltiples ocasiones, con fallos a su favor.