Opinión

COVID-19 y Seguridad Nacional

COVID-19 y Seguridad Nacional

COVID-19 y Seguridad Nacional

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

Para continuar, es conveniente realizar una breve reseña del concepto de seguridad nacional. Tiene su origen en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Nace como un concepto para construir una doctrina político-militar hegemónica en el mundo durante la Guerra Fría. Después de la Guerra de Vietnam entró en estado latente y resurgió con fuerza, en los años ochenta del siglo pasado; bajo la supuesta amenaza de los movimientos insurgentes y revolucionarios de Centroamérica al predominio estadunidense en el continente.

El concepto tiene un origen con visión militar para el predominio de una potencia. La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría transformaron no sólo la correlación de fuerzas geopolítica, sino también aspectos doctrinales. El concepto de seguridad nacional fue reconstruido y se tomaron en cuenta dos aspectos novedosos y trascendentes: 1) se le dio una calidad dinámica: no podía existir una sola concepción de seguridad nacional, dependía de la situación de cada país y de su relación con el entorno geopolítico y; 2) no podía ser solo una visión militar, tenía que considerar otros aspectos económicos, políticos y sociales, que representaran un riesgo a las naciones.

En 1985, con la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad y la creación de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, aparece en el panorama gubernamental la conceptualización de la seguridad nacional. El tema se incluyó por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) fue creado en 1989, pero fue hasta el gobierno de Felipe Calderón que se contó con un Programa de Seguridad Nacional (2008-2012), sustentado en la Ley de Seguridad Nacional (DOF 31/I/2005).

La Ley de 2005 tiene una conceptualización añeja sobre el concepto de Seguridad Nacional con un peso predominante de la visión militar, pero su artículo tercero contiene dos fracciones que abren el abanico conceptual a una postura más moderna. Ya que, contemplan como elementos de la Seguridad Nacional: “El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno” y “La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes”.

A pesar de las limitaciones conceptuales de la ley y en los programas sexenales de Seguridad Nacional se ha buscado ampliar la visión. En el del sexenio anterior se incluyó un enfoque multidimensional, “… en la medida en que presta atención integral a las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas que impactan directamente sobre el desarrollo del Estado mexicano y la calidad de vida de su población, estableciendo un vínculo entre la seguridad, la defensa y el desarrollo en tres vertientes: humana, político - militar y económico-ambiental.” Además, incluye a las pandemias como un riesgo a la Seguridad Nacional, tomando en consideración la experiencia de la epidemia de influenza H1N1, en 2009.

He realizado este breve recorrido de la fragilidad conceptual de la Seguridad Nacional en la ley y los programas gubernamentales, para ubicarla en la coyuntura actual e intentar aproximarnos analíticamente a las delicadas implicaciones que tiene la pandemia de COVID-19 como un riesgo. En el pasado no muy lejano existían programas de Seguridad Nacional con deficiencias conceptuales, operativas y eficacia limitada, pero existían.

El Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y los programas especiales, como el de Seguridad Nacional, son la carta de navegación en la conducción del país. La planeación en la administración, en su sentido más amplio, del Estado es indispensable. La improvisación lleva inevitablemente al desperdicio de recursos y a perjudicar a la población. Una de las atribuciones que la ley le otorga al Cisen, hoy entendemos que es competencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI): “Preparar estudios de carácter político, económico, social y demás que se relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para alertar sobre los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional…” Lo anterior permite desarrollar la Inteligencia Estratégica, que esencialmente consiste en prever los riesgos, de cualquier naturaleza, a la seguridad nacional y definir las acciones para neutralizarlos.

Esta atribución es sumamente relevante porque permite al Estado ser proactivo y no reactivo ante los riesgos a la seguridad nacional y permite elaborar una Agenda de Riesgos. Respecto a las responsabilidades, son muy claras constitucionalmente le corresponde al Presidente de la República: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva…” (art. 89).

El Consejo de Seguridad Nacional tiene una función exclusivamente consultiva, pero es muy relevante para que, desde una perspectiva interdisciplinaria, aporte los elementos para que la Presidencia de la República tome las decisiones conducentes.

Es de lamentar que en el panorama presente exista abandono de la elaboración de políticas públicas sobre la Seguridad Nacional. Existen una serie de vacíos legales, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear la Secretaria de Seguridad Pública, desaparece el Cisen y creó en sustitución el CNI. Además, este centro quedó adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. Una deficiencia grave es que no se ha armonizado la normatividad sobre seguridad nacional, falta reformar la ley respectiva y el Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en materia de Seguridad Nacional. Es indispensable incluir en la Constitución una definición de la Seguridad Nacional, para de ahí diseñar todo el andamiaje legal necesario.

Tampoco hay información si el Consejo Nacional de Seguridad se ha reunido para conocer el contenido del Programa para la Seguridad Nacional o para analizar los escenarios de riesgo desencadenados por la pandemia y las acciones de respuesta de todas las instancias gubernamentales federales y de otros niveles de gobierno, considerando los ámbitos de competencia respectivos.

La pandemia es un grave riesgo para la Seguridad Nacional. Las repercusiones en la economía son graves. En materia de salud se enfrentan retos enormes: todavía hay carencia de elementos de protección para el personal médico; la salud, física y mental, de la población se verá afectada; ¿se han dimensionado las consecuencias de un rebrote de la pandemia en el otoño?, ¿la investigación científica qué rumbo debe de tomar para enfrentar este tipo de calamidades?, etc.

Por otro lado, están las múltiples repercusiones políticas: de posponer las elecciones locales de este año y el impacto en las del año próximo; del conflicto con los gobernadores; de perder la mayoría en la Cámara de Diputados y en los congresos locales; del impacto en la vida social; del incremento del desempleo, la pobreza y el hambre; del incremento de la delincuencia común y organizada; de posibles brotes de violencia social causada por la desesperación, etc.

Indudablemente, se han realizado acciones positivas en los ámbitos de la salud, la educación y, ahora se intenta, en la reactivación económica en medio de disensos y evasión de responsabilidades gubernamentales. Simultáneamente, es evidente que son acciones reactivas y en diversos casos improvisadas. No se vislumbra sean producto de la Inteligencia Estratégica desarrollada en las instancias del Estado responsables de la Seguridad Nacional.

Es preocupante la ausencia de esa Inteligencia Estratégica para detectar las consecuencias económicas, sociales y políticas de la pandemia y encontrar soluciones. Estamos al filo de la navaja. A pesar de las deficiencias normativas pueden planearse acciones para salvaguardar la seguridad nacional, que necesariamente implica el bienestar de su población. Hoy urge abrir los ojos para enfrentar los retos, mañana será tarde.

Profesor UAM-I,
Twitter: @jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com