Las consecuencias del asalto al Capitolio, el 6 de enero pasado, empiezan a cobrar su dimensión real. Después del impacto político, y del arresto de más de 135 personas en las últimas dos semanas y media, ahora se empieza a comprender el abasto de la carga judicial que supondrá la persecución de los delincuentes que atacaron el Congreso de Estados Unidos.

En total, las autoridades estiman que alrededor de 800 personas participaron en el asalto, lo que podría suponer una carga demasiado severa para los tribunales capitalinos.

Por ello, según publicó este sábado The Washington Post, citando fuentes internas, el departamento de Justicia de la nueva administración de Joe Biden, y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), debaten la posibilidad de no imputar a una parte de los asaltantes.

Para comprender el alcance del problema, los tribunales de Washington procesaron 430 casos en 2019, y este 2020, debido a la pandemia, menos de 300, apunta el diario. Con estas cifras en la mano, tomaría al menos dos años enjuiciar a todos los asaltantes trumpistas.

Por ello, y aunque el debate, según el diario, es intenso y no hay una decisión final tomada, las agencias estarían considerando que no vale la pena imputar a personas que no tuvieran un comportamiento violento concreto.

De ninguna manera permitirán que se libren de rendir cuentas quieres puedan demostrar que tuvieron actitudes violentas, pero aquellos que simplemente entraron siguiendo la masa y se limitaron a caminar arriba y abajo sin hacer nada, podrían salvarse de la Justicia.

JUICIOS DIFÍCILES DE GANAR

Una de las razones, apuntó un oficial que pidió el anonimato, es la dificultad de demostrar algunos de los cargos. La defensa de gente que solo estuviera imputada por “entrada ilegal” al Capitolio, podría argumentar que la persona solo entró sin que nadie se lo impidiera, paseó, y salió sin que nadie lo impidiera. Esto, apunta la fuente, serían casos difíciles de ganar para el gobierno.

PREOCUPACIÓN POR LA IMAGEN

Sin embargo, tanto el departamento de Justicia como el FBI son conscientes de que este es un momento especialmente delicado como para dejar libres a presuntos golpistas. Lo es, principalmente, porque la labor de las agencias de inteligencia está cuestionada después de que se hiciera evidente que no se planificó adecuadamente el operativo para frenar a los manifestantes del 6 de enero.

Además, el departamento de Justicia ha prometido trabajar “sin descanso” para identificar y detener a quienes entraron ilegalmente al Capitolio, por lo que tomar una decisión así ahora resultaría contradictorio.

Especialmente considerando la dimensión que está tomando en el país el peligro que supone para la democracia el crecimiento de extremismos como el supremacismo blanco, al que Biden ha prometido combatir sin titubear.

ALTERNATIVAS

De todos modos, los fiscales, apunta el Washington Post, podrían optar por procesos alternativos. Por ejemplo, considerando que muchos de los ya detenidos, o identificados, no tienen antecedentes penales, podrían llegar a un acuerdo con ellos en el que el gobierno se compromete a abandonar los cargos si no cometen ningún delito en un determinado número de tiempo.