Las elecciones representan el terreno más propicio para combatir al autoritarismo. López Obrador ganó en 2018 con la promesa de impulsar una transformación radical en la forma de intervención política del Estado para solucionar los graves problemas de México. Ahora, transcurrido un tercio de su mandato, observamos que todo fue simple demagogia. Con 114 mil muertos por una pandemia pésimamente manejada, una creciente precarización social, desempleo y crisis económica, un aumento de inseguridad, homicidios y violaciones a los derechos humanos, así como frecuentes desatinos tanto en el manejo de los desastres naturales como de los complejos asuntos diplomáticos, aumenta el reclamo de la población para que las próximas elecciones se conviertan en una evaluación del desempeño presidencial y de un gobierno incapaz de articular estrategias y políticas públicas eficientes. Por ello, las elecciones del 2021 cobran especial relevancia para el futuro de nuestra democracia.

La disputa por la representación se conducirá a través de los partidos opositores y las coaliciones electorales para enfrentar el asfixiante monopolio político que padecemos. La confrontación electoral buscará restituir a esa representación su significado original de acción responsable en interés de quien no puede actuar personalmente, abandonando su característica de sometimiento al Ejecutivo. La oposición democrática tiene el desafío de reconstruir su carácter de asociacionismo permanente de los ciudadanos quienes, con base en programas y afiliación voluntaria, decidirán competir electoralmente para ocupar los puestos decisivos del Estado. Esto con el objetivo de aplicar desde allí sus propuestas de solución a los problemas nacionales. Por ello, es un grave error que el partido “Movimiento Ciudadano” no participe en los acuerdos de coalición opositora actualmente en curso. En los hechos este partido buscará dividir el voto opositor para favorecer al gobierno.

Las coaliciones electorales opositoras deberán asumirse como defensoras de la democracia constitucional. Es decir, de aquel sistema que garantiza la tutela de los derechos civiles y políticos que resultan esenciales para su propia existencia. La democracia constitucional representa un sistema institucional que establece límites a la discrecionalidad de quienes ejercen el encargo de gobernar y, además, asegura oportunidades estables y regulares para cambiar a los gobernantes. Representa los mecanismos que permiten a la población participar doblemente en el juego político: de un lado, influenciando las decisiones relevantes y del otro, llegado el momento, pudiendo sustituir pacíficamente a quien las toma. A los fines de la democracia constitucional concurren, asimismo, una inviolable separación de poderes y la necesaria independencia del sistema judicial.

La mayor parte de los ciudadanos en los sistemas políticos contemporáneos cumplen en esencia solamente un acto de participación política, representado por la emisión de su sufragio. Por ello votar masivamente representa una dimensión ciudadana, sobre todo cuando persisten problemas que desde la perspectiva de los gobernados afectan la calidad de nuestro orden democrático. Entre estos destacan: la resistencia a dejar la intermediación política solamente en manos de los partidos clientelares, la desconfianza permanente respecto al grupo gobernante que desdeña los límites del poder, la subordinación de los órganos constitucionales cuya legitimidad no deriva del voto de los ciudadanos, así como el rechazo al pluralismo político y a los puntos de vista críticos.

Votar y participar intensamente representa el único camino del que disponen los ciudadanos para defender a su sistema democrático, sobre todo de quienes, habiendo llegado al poder a través de métodos libres, transparentes y pluralistas, cotidianamente lo usan para socavar los cimientos de la misma democracia.

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