Lo podrán adornar como quieran, podrá Ricardo Monreal bloquear una investigación en el Senado y comportarse como franelero del estacionamiento del Palacio Nacional, pero la verdad es muy simple: el instituto de este gobierno y de este presidente, construido ex profeso para darle curso a su cantilena anticorrupción, es una cueva de “Alí Baba y las 40 Transformaciones”, en la cual nunca intervinieron los neoliberales, ni los conservadores, ni los enemigos.

Se trata de una institución creada por ellos, es un producto “autóctono”; una planta sembrada y cultivada por ellos mismos.

Pero si les salió corruptito, mugrosito y chuequito el engendro, no le podrán echar la culpa de lo ocurrido y denunciado hasta la renuncia del responsable de su buen funcionamiento, ni a los ex presidentes sujetos a consulta (furris) para ver si conservan la cabeza pegada al cuello, ni a los conservadores de este siglo o los anteriores. Todo es responsabilidad actual, enteramente suya.

Como suyo fue el conflicto de intereses dentro de la coordinación del Gabinete denunciada por Carlos Urzúa y cuyos obstáculos administrativos para el funcionamiento del Seguro Social y las políticas de salud abandonadas por un falso sentido del ahorro. Propias de la IV-T son las caprichosas decisiones en la Secretaría de Salud, acaparada por un secretario ausente y un subsecretario lenguaraz.

Como originales de esta administración han sido los atropellos migratorios suficientes para el retiro del ex director del INM y tantos otros casos de defección de los desencantados, quienes prefieren irse a cargar con los malos resultados y peores procederes.

En todo esto no han tenido responsabilidad los ”emisarios del pasado” y sus podridas herencias cuyo residuo es muy fácil denunciar en la oratoria y muy difícil –por lo visto—terminar u olvidar en la práctica.

No somos iguales, dice el nuevo credo. No, pero cómo se esfuerzan en parecerlo.

Por esa razón el Señor Presidente debería --en lugar de fustigar a Jaime Cárdenas por supuestas fatigas y desidia para limpiar la mugre acumulada en tan poco tiempo dentro de tan reciente y bienhechor instituto-- poner orden inmediato y castigar con la ley a quienes han empañado una de sus obras significativas.

Si no lo hace –no solo por cumplir la ley, sino por imagen propia -- les permitirá a sus críticos sembrar la idea ya murmurada: el instituto Ali Baba, es la “caja chica” del Palacio Nacional.

Y si no lo es, lo parece. Eso se deduce de la furia contra Jaime.

Pero si éstas cosas le han caído a la presidencia como lluvia en lo mojado, esto debe haberle hecho poca gracia. No es algo definitivo (falta el pleno), pero se abre de nuevo otro espacio para la observación crítica y la suspicacia por venir. Escuchemos la voz de la Suprema Corte de Justicia en torno de la “consulta” para linchar a los ex presidentes.

“…no está justificado por qué a unas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras que al resto de las personas no se les da ese mismo tratamiento.

“…el objeto de LA CONSULTA POPULAR SOLICITADA ES INCONSTITUCIONAL DESDE SU ORIGEN pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta… “

Muchos han dicho, la consulta es tan falsa como un billete de tres pesos, pero el Señor Presidente la ha utilizado como distractor.

Eso es difícil de probar. Solamente él sabe si actúa con seriedad o está jugando a la democracia participativa. Uno quisiera creer en su buena fe; pero la Corte, en un extenso documento elaborado por el Ministro Ponente, Luis María Aguilar Morales, pone los puntos sobre las íes y manda al basurero a la Madre de Todas las Consultas.

“…en vista de la inconstitucionalidad decretada, no es legalmente posible emitir pronunciamiento alguno con relación a la calificación de la trascendencia de la consulta ni en torno a la legalidad y contenido de la pregunta propuesta, pues, como ya se ha concluido, el objeto o materia de esta consulta no es válido constitucionalmente, de manera que la pregunta no tiene un sustento legal, y su estudio en sí misma resulta improcedente…”

Por lo tanto, resuelve:

“…Es inconstitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere".

¡Que oso del señor Scherer!