Opinión


El proceso electoral más complicado de la historia

El proceso electoral más complicado de la historia | La Crónica de Hoy

El proceso electoral 2020-2021 es el proceso electoral más grande de la historia de México. Si bien no están en juego ni la Presidencia ni los escaños del Senado, sí se disputarán las 500 posiciones de la Cámara de Diputados y habrá elección de posiciones locales en las 32 entidades de la República, de las cuales destaca, por supuesto, las 15 gubernaturas que se renovarán. 
Este proceso enfrenta un enorme reto debido a la permanencia de la pandemia de COVID-19, que de hecho vive una agudización desde diciembre del año pasado. Esta situación coloca al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) frente a un reto gigantesco, pues deben garantizar la realización de las elecciones y todas sus tareas preparatorias (actualización del padrón, ubicación de las casillas, capacitación de los ciudadanos que se desempeñarán como funcionarios electorales, entre otras). 
Pero la pandemia también obligará a los partidos políticos a desarrollar sus campañas en medio de grandes restricciones, debido a que el retraso del programa de vacunación hace verdaderamente imposible que una proporción importante de mexicanos ya esté vacunada entre abril y mayo, cuando se desarrollen las campañas, lo que hará imposible la realización de actos masivos. 
Además, la jornada electoral del domingo seis de junio también será particularmente complicada para la ciudadanía, a menos que para entonces la pandemia haya disminuido notablemente. Al respecto es útil retomar la experiencia de la reciente elección en Estados Unidos y las intensas movilizaciones que la siguieron, que seguramente provocaron el ascenso de los contagios que ha vivido ese país en diciembre y enero. 
El gran reto para el INE y los OPLEs es cómo garantizar el máximo de seguridad para la ciudadanía a lo largo de las etapas que vienen. Los próximos meses serán los de mayor riesgo para los capacitadores y supervisores electorales, así como para los ciudadanos sorteados a quienes se debe notificar y capacitar. En las ciudades se podrá hacer uso intensivo de la comunicación por computadora y telefonía celular, aunque en las zonas pobres será más difícil y se deberá recurrir prioritariamente al contacto personal tradicional. En las zonas rurales el reto es mayor porque ahí la presencia de computadoras personales y teléfonos celulares es menor o nula. 
Y la jornada electoral del seis de junio implicará un gran esfuerzo de movilización de cientos de miles de funcionarios de casilla y representantes de partidos para instalar las casillas. Seguramente las experiencias de las elecciones de Coahuila e Hidalgo del año pasado dejaron enseñanzas importantes. El gran reto es garantizar el ambiente más seguro para que la ciudadanía ejerza su voto.
Pero además de estas tareas organizativas enormes, para este proceso electoral también se enfrenta el gran reto de garantizar las condiciones de equidad en la competencia electoral, aspecto en el que ya se había avanzado bastante en el pasado reciente, pero que ha entrado en una zona de riesgo debido al intenso activismo declarativo del presidente López Obrador, tanto en sus conferencias mañaneras como en sus giras. 
Aunque el Presidente asegura que él solamente informa en sus mensajes y declaraciones, lo cierto es que frecuentemente descalifica a la oposición (“los adversarios” y “conservadores”) y a los medios críticos (“prensa fifí”, “pasquines”), insistiendo que lo que está en juego en este proceso electoral es la permanencia de su proceso de transformación y que la oposición solamente busca regresar a la corrupción y los privilegios del pasado. Más de una ocasión ha planteado que “se está con el proceso de transformación o en contra”, “o se es liberal o conservador”. 
Por supuesto que el presidente es un ciudadano con derecho a militar en el partido que lo llevó a la presidencia y que tiene todo el derecho de apoyarlo y hacer declaraciones a su favor. En otros países con sistema presidencial de gobierno, el presidente incluso participa en la campaña del candidato de su partido o incluso ahí donde existe la reelección el propio presidente en funciones es candidato a reelegirse y hace campaña, pero se mantiene el espacio del presidente en funciones a salvo de las controversias partidarias. El gran problema en nuestro país en este momento es que el presidente hace abiertamente posicionamientos partidarios contra la oposición en los espacios y con el presupuesto que tiene gracias a su cargo de presidente de la república, en las mañaneras y las giras presidenciales, organizadas y difundidas con los recursos del estado mexicano, lo que evidentemente amplifica su efecto. No sería lo mismo si hiciera esos planteamientos en los espacios y con los recursos de su partido, cosa a lo que tiene perfectamente derecho como ciudadano. 
No creo que se deba aplicar una mordaza al presidente. Hay que recordar cómo el presidente Obama participaba en los eventos de campaña de la candidata de su partido, Hillary Rodham Clinton, pero no utilizaba sus conferencias de prensa para atacar al candidato opositor. Quien rompió la regla democrática fue el presidente Trump, que hizo campaña para reelegirse, a lo que tenía derecho, pero rompió la tradición democrática de no hacer campaña desde la Casa Blanca y usó sus conferencias de prensa como presidente para hacer posicionamientos como candidato. 
Ante una resolución de la Comisión de quejas y denuncias del INE que solicitaba al presidente López Obrador no pronunciarse sobre temas electorales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el 9 de enero al Consejo General del INE pronunciarse sobre esa “tutela inhibitoria”. El 16 de enero dicha instancia de la autoridad electoral administrativa aprobó un Acuerdo que establece los parámetros mínimos a que se deben sujetar “las y los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a todas las personas servidoras públicas de cualquier nivel u orden de gobierno”, a fin de resguardar la equidad de la contienda en los procesos electorales de este año. Su contenido será materia de una futura colaboración.
 

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