En todas las democracias el poder proviene originalmente del pueblo. Ese poder es depositado en manos de los representantes populares, pero los defensores de la democracia se preocuparon por evitar que dicho poder se concentrara en una persona.

El pensador francés Montesquieu fue quien concibió la idea de organizar al gobierno democrático en tres poderes separados: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Con esta división se quería impedir la concentración de poder que detentaban los monarcas.

También para evitar esa concentración de poder el estadunidense James Madison formuló la idea de que todo gobierno democrático debe tener pesos y contrapesos. “Si el poder de un departamento del gobierno –dice Madison-- es ejercido por la misma persona que detenta el poder de otro departamento, se viola la regla constitucional”.

En México, durante 60 años, no tuvimos democracia sino autoritarismo. Los principios de Montesquieu y de Madison fueron violados flagrantemente por presidentes de la república que actuaban como monarcas con poderes meta-constitucionales que les permitían controlar a los otros dos poderes.

La lucha por la democracia en México, no sólo se orientó a la creación de un sistema electoral imparcial, sino también buscó quitar al Ejecutivo parte de los poderes que acumulaba. Esa lucha produjo la aparición de instituciones autónomas con tareas específicas que antes estuvieron en manos del Ejecutivo.

Ese proceso explica la concesión de la autonomía al Banco de México, al Instituto Nacional Electoral (INE), al Instituto Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información (INAI), al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

Cada uno de estos organismos se encarga de supervisar, vigilar, monitorear, evaluar, algún aspecto específico de la acción del Poder Ejecutivo. Su existencia tiene, por tanto, un valor crucial para la democracia. Pero el presidente de la república no los ve con buenos ojos. Ya eliminó al INEE y ahora pretende desaparecer al INAI cuya tarea es, precisamente, informar sobre el desempeño del gobierno.

En realidad, no estamos muy lejos de Estados Unidos. Aquí también la democracia corre peligro por la obsesión del Ejecutivo actual de concentrar poder en su persona. Sabemos de su influencia sobre la Suprema Corte de Justicia (poder judicial) y del control que tiene sobre el poder legislativo. Pero quiere ir todavía más allá.

En sus decisiones, lamentablemente, el Ejecutivo omite las críticas. El presidente no escucha. Tampoco se detiene ante las normas legales como ocurrió con la decisión de dar a las fuerzas armadas funciones de protección civil. Estas desmesuras en la concentración de poder pretenden justificarse con el argumento de que el presidente ganó en 2018 con abrumadora mayoría y que cuenta con gran apoyo en las encuestas. Cabe preguntarse esto: ¿Se justifica ética y políticamente que un presidente electo por vía democrática actúe en contra de los principios mismos de la democracia?