El presidente López Obrador se esmeró en consentir a Alberto Fernández, presidente de Argentina, durante su reciente visita al país.

Lo llevó a las mañaneras, de gira, le entregaron las llaves de la CDMX, lo recibió a todo lujo el Senado y Fernández, peronista de nuevo cuño, regresó muy complacido a su país a presumir lo bien que lo trataron en México.

La 4T le acaba de enviar una petición que Fernández no podrá negar: extraditar a nuestro país al empresario Carlos Ahumada, orquestador de los llamados video escándalos, que pusieron a López Obrador en el paredón de la opinión pública.

Pero del 2004 para acá la vida ha dado muchas vueltas. Ahora López Obrador despacha en Palacio Nacional, y el dueto Bejarano-Padierna está encaramado en los cuernos de la luna.

La pareja de Ahumada, Rosario Robles, ya está en la cárcel Santa Martha Acatitla y la 4T quiere que Ahumada le haga compañía. Así se cumplirá el adagio de que la venganza es un plato que se come frío.

Se concretó fichaje

La versión que circula al extremo sur de la península de Baja California es que Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos, pedirá hoy licencia al cargo y el lunes 8 rendirá protesta como candidata del PVEM a la gubernatura.

La cuestión es que Armida ganó la alcaldía como abanderada de Morena, pero sus pleitos políticos, y también personales, con la dirigencia estatal de ese partido llegaron a un punto de rompimiento.

El Partido Verde se puso listo, le habló al oído a la alcaldesa despechada y está a punto de hacerla candidata. Nadie repara que a nivel nacional el Verde y Morena intentan consolidar una alianza que no termina de cuajar.

Armida va con todo contra Morena porque tiene una larga lista de agravios que saldar.

En bancarrota

En Nayarit no hay dinero para organizar el proceso electoral.

Así como lo oye, el Instituto Electoral del estado está moviendo cielo, mar y tierra para obtener recursos que le permitan poner en marcha un proceso que incluye, por cierto, la renovación de la gubernatura.

El Congreso local autorizó el año pasado el presupuesto, pero los recursos se entregan a cuenta gotas. De 110 millones de pesos sólo les han liberado 19 millones, por lo que los consejeros pegaron el grito en el cielo.

El instituto electoral no le puede pagar a sus proveedores, no puede adquirir material electoral y no hay en la ley un apartado que diga que las elecciones se pueden cancelar por falta de dinero para realizarlas.

Es una situación de extrema gravedad sin antecedentes en el país. El gobernador Antonio Echeverría se limita a decir: estoy en bancarrota, no hay dinero y háganle como quieran.

¿Cualquier ciudadano?

Estuvo mal que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana le brindara un trato preferencial al supuesto mafioso rumano Florian Tudor.

Pero fue peor justificar que se le trató como a cualquier ciudadano, que es inexacto por partida doble, ya que no cualquier persona tiene una entrevista con la titular de la Secretaría de Seguridad y además que se sepa Tudor es ciudadano rumano, ¿o ya se nacionalizó?

Eso de apapachar a presuntos delincuentes en la mira de la Fiscalía es un riesgo enorme y además innecesario.

La secretaria Rodríguez se escuda diciendo que se concretó a cumplir una indicación de su jefe. No podría haberle propuesta otras opciones, como que los abogados del rumano siguieran, ahora sí como cualquier ciudadano, las diligencias en la ventanilla respectiva.