La Fiscalía de Colombia pidió este viernes cerrar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, al considerar que las conductas del mandatario derechista por las que se le imputa "no tienen la característica de delito".

La decisión la tomó el fiscal Gabriel Jaimes Durán, designado el año pasado para llevar el caso de Uribe, y quien además fue senador del partido Centro Democrático, el del actual presidente Iván Duque, delfín político y aliado de Uribe.

La fiscalía aseguró que “otras (conductas de Uribe) que sí lo son (delito) no se le pueden atribuir como autor o partícipe", agregó la Fiscalía en el comunicado que mandó para pedir al juez que cierre el caso.

Jaimes añade que es su potestad "solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar".

En el caso por supuesto soborno a testigos y fraude procesal, Uribe, al ser senador del Centro Democrático, tenía fuero y por lo tanto era investigado por la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó su detención domiciliaria en la cual estuvo 67 días.

Sin embargo, el expresidente renunció a su cargo en agosto de 2020 argumentando violaciones y falta de garantías procesales en la Corte Suprema, con lo que perdió su fuero de congresista.

La oposición lo acusó de intentar escapar del caso, puesto que, tras su renuncia al cargo y al fuero, el caso pasó a manos de la fiscalía, controlada por afines al gobierno y, por tanto, al uribismo.

DENUNCIA A LA FISCALÍA

El senador Iván Cepeda, quien presentó la denuncia original contra Uribe como víctima, reaccionó a la decisión de Jaimes criticando que la petición de cerrar el caso se venía venir y que “es un atropello grosero contra la justicia y contra un proceso en el cual hay un inmenso acervo probatorio”.

Por ello, Cepeda anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que es el que "tiene la última palabra" sobre el caso. Y no solo eso, sino que también demandará al fiscal Jaimes por presunta prevaricación (la actuación de mala fe por parte de la justicia) “por acción y omisión” en la causa.

El caso inició en 2012 con Uribe demandando a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, pero el caso dio un giro de 180 grados cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema, no solo archivó la denuncia del expresidente sino que decidió abrir una investigación a Uribe por esos mismos delitos.

Con información de EFE.