La prisa por operar Sembrando Vida en diversas regiones del país y por exhibir resultados provocó deficiencias en el empadronamiento del programa y en la selección de beneficiarios, algunos de los cuales incumplen requisitos marcados en las reglas de operación.

De acuerdo con testimonios de campesinos, así como de técnicos sociales y productivos —quienes acompañan a los sembradores en el proceso—, el punto de quiebre se dio cuando coordinadores del programa a nivel nacional y estatal ordenaron eliminar el cuestionario socioeconómico, indispensable para identificar el perfil de los sujetos de derecho y el historial de manejo de sus tierras.

Así, y sin generalizar, quedaron inscritos personas ajenas al trabajo de campo; en el mejor de los casos: maestros, comerciantes, microempresarios y otros profesionistas; en el peor: caciques, terratenientes, ganaderos y hasta potentados con nexos sospechosos…

“En la zona territorial sabemos que está metida gente de muy altos vuelos, que no tiene un rancho ni dos, sino varios, de mucho dinero. Por eso hay constantes reclamos a facilitadores sobre por qué fueron olvidados ancianos de 70 u 80 años que estaban dispuestos a seguir trabajando sus parcelas, o familias que realmente necesitaban el apoyo, mientras metieron a otros con una posición económica muy favorable”, comentó a este diario Alberto García, quien fue técnico en el estado de Tabasco.

“Pasó lo mismo de sexenios anteriores: hasta narquillos andan metidos en las listas”, denunció don Jerónimo Vázquez, agricultor de la región de Acayucan, Veracruz.

Desde la emisión de los primeros lineamientos del programa, en enero de 2019 y modificados en julio de ese mismo año, se marcó como población objetivo “sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar rural y que son propietarios de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal”.

Un técnico, se especificó, sería el encargado de aplicarles un formato de validación para calcular sus “ingresos mensuales y definir si se encuentran o no por debajo de la línea de bienestar rural definida por el CONEVAL”.

Se contempló la participación de personas sin tierras, pero sólo mediante los llamados contratos de aparcería en los cuales el propietario les permitiera la explotación agrícola.

En la publicación de las reglas operativas para el ejercicio fiscal 2020 el texto se cambió a “habitantes de municipios catalogados como de medio a muy alto grado de rezago social”, y se implementó una tabla de preferencias con criterios como número de dependientes económicos, edad y origen étnico. En territorios fuera de esa clasificación, los sembradores debían encontrarse “por debajo de la línea de pobreza rural por ingresos”.

Ahí se incluyó el cuestionario de información socioeconómica, en el cual se contemplaron preguntas como número de personas en el hogar del candidato a recibir el apoyo, cantidad de cuartos, cobertura de servicios básicos (luz eléctrica, agua potable, drenaje, baño, gas, transporte, telefonía, internet, educación, opciones médicas, etc.), material de construcción de la vivienda y uso de aparatos electrodomésticos.

También tópicos relacionados con empleo, como acceso al trabajo formal y remunerado, tipo de ocupación, ingresos, dependientes económicos, experiencia migratoria, recepción de remesas e incorporación a programas de gobierno, así como nivel de gastos, consumos y pagos (una de las preguntas base era el porcentaje del ingreso anual en el hogar proveniente de la actividad agropecuaria).

“El cuestionario era vital para definir quién era merecedor del apoyo y cumplía con las condiciones agrarias, pero los tiempos no les dieron y terminaron por quitarlo. A la postre ha sido uno de los errores más costosos, porque le puso piedras al programa: entró gente ajena o que no tenía necesidad. Ha sido el acto de corrupción más grande de Sembrando Vida”, señaló Luisa Martínez, quien realiza labores de acompañamiento en Centros de Aprendizaje Campesino -como se llama a grupos de 25- en el estado de Puebla.

—¿Implicaba mucho tiempo el estudio socioeconómico? -se le preguntó.

—La responsabilidad de aplicarlo era de los técnicos: cada uno debía hacer mil. Era un proceso largo: primero llenar un preregistro con datos personales y luego validarlos en Renapo, lo que tardaba hasta 2 o 3 semanas; después venía la visita domiciliaria para verificar si la persona era o no candidata, además del reconocimiento de la parcela: medirla, determinar su posicionamiento geoespacial y delimitar el polígono. Era un caos, y simplemente se borró. Las indicaciones cambiaban constantemente, siempre ha habido mucha improvisación.

Tlaxcala fue otra de las entidades donde este filtro se anuló, con el argumento de la urgencia operativa.

“El cuestionario servía además para conocer la situación de los terrenos: se coló gente que sólo buscaba el dinero, sin relación con el trabajo de campo. Unos inscribían sus hectáreas, pero jamás las habían trabajado y empezó a darse la subcontratación: ´gano mi apoyo y otros que las trabajen y les cobro renta´. Otros se desentendieron, porque tenían trabajo o actividades que les redituaban más. ¿Para qué sembrar si gano muy bien en la SEP o si soy dueño de albercas o restaurantes?”, cuenta Fernanda, técnica en territorio tlaxcalteca.

La pandemia, dice, también afectó: “A finales de marzo (2020) nos mandaron a descansar por la enfermedad, después nos llamaron para repartir tarjetas a los adultos mayores y se vino el tiempo encima. Como las autoridades centrales comenzaron a exigir resultados, los coordinadores dijeron: ´ya olviden las preguntas, vámonos así´, y se filtraron algunos que no debían. Ahora, ¿cómo los sacamos?”.

En Veracruz, la historia se repitió, en especial en las zonas de Tantoyuca y Acayucan.

“No hubo estudios socioeconómicos a detalle, todo se cuadró, se puso a modo porque cada técnico debía registrar mil sembradores por ruta”, relató Manuel, integrante de un Centro de Aprendizaje Campesino.

“En algunos centros hay gente que dice: yo para qué me mato trabajando, para qué cumplo, le doy al técnico una feriecita, con eso se queda contento y me pasa. Conozco varios casos así: los inscritos no trabajan porque no se dedican a eso, y se ha provocado un gran malestar entre quienes sí machetean en las parcelas”.

Según Manuel, el 90 por ciento de los beneficiarios sí se dedican a la agricultura o tienen terrenos idóneos para la agroforestería, pero el 10 por ciento restante incumple los preceptos sociales y económicos plasmados en las reglas de operación.

“Algunos nos dicen: ¿ustedes por qué se afanan tanto? Con 200 pesos se arregla eso”.

—En administraciones pasadas se enlistaba a caciques, terratenientes y hasta sujetos fichados por la justicia…

—Ahora pasa algo similar. Hay unos ranchos pegados a Ozuluama, Tampico el Alto, Naranjos, que son grandes, ganaderos. Se le está dando recursos a quienes tienen 400, 500 hectáreas, cientos de cabezas de ganado. No son pequeños productores, no buscan rescatar la tierra, y se pierde la brújula del programa.

-------------------------

LOS DATOSSembradores con tarjeta bancaria: 400 milMonto mensual de sus depósitos: 795 millones de pesosSembradores sin tarjeta: 18 milMonto mensual de su pago directo: 84 millones de pesosEntidades donde opera el programa: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.