Una escena conocida: Decenas de mujeres, muchas, acompañadas por sus hijas e hijos, apostadas ante una verja, llorando, esperando noticias sobre sus seres queridos. Esposos, hijos, hermanos… encarcelados o quizás muertos a un puñado de metros de distancia. Los sollozos, entrecortados solo por la respiración alterada debido a la ansiedad creada por las noticias de un nuevo motín. Este martes 23 de febrero esta escena se reprodujo en tres cárceles ecuatorianas. Tan solo dos días después, sucedió en Haití.

En Ecuador, las peores escenas ocurrieron en la cárcel del Turi, cerca de la ciudad de Cuenca (los otros dos motines sucedieron en penales de Guayaquil y Quito). Las escenas de brutalidad terminaron en videos que corrieron por las redes sociales, y la televisión Ecuavisa aseguró que al menos veinte de los reos murieron decapitados. El detonante de los motines, que ocurrieron de manera simultánea y dejaron un saldo de 79 muertos, fue una disputa entre bandas criminales rivales por el control de los penales tras el asesinato en diciembre de José Luis Zambrano, supuesto líder de la temida organización "Los choneros", justo después de que lo pusieran en libertad.

Mientras el balance de muertos aun aumentaba –primero 50, luego 62 y finalmente los 79 mencionados—, llegaron el jueves las noticias sobre una fuga de presos del penal de Croix-des-Bouquets, a 10 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Todavía no está del todo claro cómo se pudo desatar la situación, pero la Oficina de Protección al Ciudadano afirmó el jueves que "decenas de presos tuvieron tiempo de franquear los muros de la prisión", en lo que definió como “una evasión espectacular".

El último balance, publicado el viernes, cifró en 25 los fallecidos, entre los que se encuentran seis reos, el director de la cárcel y varios ciudadanos que caminaban por la zona y aparentemente tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino de los presos. Al menos 69 de los fugitivos fueron arrestados, y al menos otros 200 continúan prófugos.

La lista de motines en las cárceles latinoamericanas en las últimas décadas es interminable, y afecta a decenas de países (incluyendo a México, donde en 2017 murieron 44 presos en dos motines, en Cadereyta y Acapulco). Sin embargo, es imprudente hablar de motines en la región y no recordar la masacre de Carandiru, en Brasil. Ocurrió en 1992, cuando la policía militar reprimió una sublevación de presos y asesinó a 111 de ellos, en la que se considera la mayor violación a los derechos humanos en la historia carcelaria de Brasil. Además, gravó en la memoria de la gente las imágenes de un grotesco río de sangre que corría por un corredor ante la mirada de los presos, que sacaban las manos de sus celdas.

RECETA PARA UNA TRAGEDIA SIN FIN

Ahora bien, aunque desde luego ha habido motines en muchos lugares del mundo, la razón de la cantidad de motines que encontramos en América Latina hay que buscarla en las principales problemáticas sociales que aquejan históricamente a la región: Violencia y corrupción.

La corrupción que pudre las estructuras de Estado latinoamericanas, desde la dirección de las secretarias de Seguridad hasta los carceleros que abren cada mañana las puertas de las celdas, deja fluir las armas, drogas y actividades delictivas en las cárceles, lo que las convierte en polvorines. Además, la falta de inversión en el sistema carcelario de los países allana el camino para otro factor que exacerba la problemática: El hacinamiento.

En Brasil, donde las reyertas en las cárceles son constantes, la población reclusa era de unas 230 mil personas en el año 2000, y para 2016 ya ascendía a 650 mil, según la organización Prison Studies, mientras que la inversión apenas aumentó un 20 por ciento en esos años. Otro país con una situación parecida es El Salvador, según explicó Gustavo Fondevila, profesor e investigador del Centro mexicano de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al portal Nueva Sociedad. En 2016, la población carcelaria en el país llegó al 348.2 por ciento de la capacidad de los penales. Esto significa que, si, por ejemplo, en una celda típicamente caben dos personas, habría entre 6 y 7.

Esta situación deriva en graves problemas de acceso al agua potable, la comida, la limpieza, la atención sanitaria e incluso al acceso a libros o periódicos, agregaba Fondevila, experto en el sistema carcelario de América Latina. Y esta falta de condiciones de vida dignas propicia la violencia: el investigador describía que una encuesta reveló que el 10.5 por ciento de presos entrevistados en Argentina dijo haber presenciado violaciones. Tampoco ayuda el hecho de que en muchas cárceles se concentren grandes grupos de miembros de diferentes bandas organizadas, puesto que facilita la división del presidio en facciones y dispara las tensiones.

COVID-19

La llegada de la pandemia fue especialmente dura para los reos de América Latina. En marzo de 2020, un motín en un penal de Bogotá, Colombia, dejó 23 muertos y 91 heridos, y las versiones barajaron como causas un intento de fuga y el miedo de los presos al coronavirus. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó el 5 de mayo del año pasado que su “profunda preocupación” por las condiciones de las cárceles en la región y “la rápida propagación de COVID-19”.

Sin embargo, la atención de los gobiernos, especialmente de los latinoamericanos, hacia la población reclusa por la pandemia ha sido mínima. Por ejemplo, Brasil cambió la cárcel por régimen de arresto domiciliario para unos 30 mil presos… de los más de 700 mil que había ya el año pasado, según una estimación oficial en mayo del año pasado. Y ahora, la problemática se reproduce, claro, con las mínimas vacunaciones que se han hecho hasta el momento en las cárceles. Y es que más allá de los factores que facilitan la violencia en las cárceles de la región, la falta de sensibilización social ante la problemática y la ausencia total de interés político por resolver esta crisis no hace pensar que las noticias sobre motines sanguinarios en América Latina vayan a dejar de llegar en años venideros.